Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1699
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i2.2296
Contratación pública sostenible en el caso ecuatoriano:
tensiones institucionales, brechas de implementación y crítica
político-económica
Sustainable public procurement in the Ecuadorian case: institutional tensions,
implementation gaps, and political-economic critique
David Israel Guadalupe Lachi
di.guadalupe.2023@gmail.com
https://orcid.org/0009-0006-5551-3104
Universidad Bolivariana del Ecuador
Durán-Ecuador
Pedro Javier Viteri Rodríguez
periviteri@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-6162-8008
Universidad Bolivariana del Ecuador
Durán-Ecuador
Glen Freddy Robayo Cabrera
gfrobayoc@ube.edu.ec
https://orcid.org/0009-0006-9195-7423
Universidad Bolivariana del Ecuador
Durán-Ecuador
Joel Alejandro Rosado Anastacio
jarosadoa@ube.edu.ec
https://orcid.org/0000-0003-3717-0006
Universidad Bolivariana del Ecuador
Durán-Ecuador
Artículo recibido: 10 mayo 2026- Aceptado para publicación:16 junio 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La contratación pública sostenible (CPS) se ha consolidado como política en Ecuador bajo la
Agenda 2030 y el mandato de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
(LOSNCP). Aunque la Estrategia Nacional de Compras Públicas Sostenibles (ENCPS) de 2022
sitúa al país como uno de los primeros en adoptar un enfoque de triple impacto en la región (RICG,
2022), persisten brechas operativas significativas. Este artículo analiza el marco normativo
articulando tradiciones de gobernanza e implementación con una crítica político-económica.
Mediante un enfoque cualitativo y una revisión sistemática de 42 documentos normativos y
académicos —siguiendo criterios de selección tipo PRISMA—, se propone y valida
empíricamente la Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI). Los resultados
muestran importantes avances normativos frente a brechas persistentes en los Gobiernos
Autónomos Descentralizados (GADs), principalmente en dimensiones de capacidad técnica y
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1700
oferta local. La discusión contrasta este modelo con experiencias regionales, evidenciando
tensiones estructurales entre las lógicas de mercado y el horizonte constitucional del Buen Vivir.
Palabras clave: contratación pública sostenible, LOSNCP, SERCOP, ODS 12.7, Ecuador
ABSTRACT
Sustainable Public Procurement (SPP) has become a core policy in Ecuador under the 2030
Agenda and the mandate of the Organic Law of the National Public Procurement System
(LOSNCP). Although the 2022 National Sustainable Public Procurement Strategy (ENCPS)
positions the country as a regional pioneer in adopting a triple-bottom-line approach (RICG,
2022), significant operational gaps remain. This article analyzes the regulatory framework by
articulating governance and implementation traditions with a political-economic critique.
Through a qualitative approach and a systematic review of 42 regulatory and academic
documents—following PRISMA-type selection criteria—the Three-Dimensional Typology of
Institutional Gaps (TTBI) is proposed and empirically validated. The results reveal substantial
regulatory progress contrasted with persistent gaps within Decentralized Autonomous
Governments (GADs), primarily regarding technical capacity and local supply. The discussion
compares this model with regional experiences, highlighting structural tensions between market-
driven logics and the constitutional horizon of Buen Vivir (Good Living).
Keywords: sustainable public procurement, LOSNCP, SERCOP, SDG 12.7, Ecuador
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
oferta local. La discusión contrasta este modelo con experiencias regionales, evidenciando
tensiones estructurales entre las lógicas de mercado y el horizonte constitucional del Buen Vivir.
Palabras clave: contratación pública sostenible, LOSNCP, SERCOP, ODS 12.7, Ecuador
ABSTRACT
Sustainable Public Procurement (SPP) has become a core policy in Ecuador under the 2030
Agenda and the mandate of the Organic Law of the National Public Procurement System
(LOSNCP). Although the 2022 National Sustainable Public Procurement Strategy (ENCPS)
positions the country as a regional pioneer in adopting a triple-bottom-line approach (RICG,
2022), significant operational gaps remain. This article analyzes the regulatory framework by
articulating governance and implementation traditions with a political-economic critique.
Through a qualitative approach and a systematic review of 42 regulatory and academic
documents—following PRISMA-type selection criteria—the Three-Dimensional Typology of
Institutional Gaps (TTBI) is proposed and empirically validated. The results reveal substantial
regulatory progress contrasted with persistent gaps within Decentralized Autonomous
Governments (GADs), primarily regarding technical capacity and local supply. The discussion
compares this model with regional experiences, highlighting structural tensions between market-
driven logics and the constitutional horizon of Buen Vivir (Good Living).
Keywords: sustainable public procurement, LOSNCP, SERCOP, SDG 12.7, Ecuador
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1701
INTRODUCCIÓN
La contratación pública sostenible (CPS) representa una fracción significativa del PIB
estatal capaz de estimular mercados ambiental y socialmente responsables (Mazzucato, 2013). En
Ecuador, la Constitución de 2008 sentó un precedente al exigir criterios de eficiencia y
responsabilidad socioambiental. En 2022, el Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP) expidió la Estrategia Nacional de Compras Públicas Sostenibles (ENCPS),
convirtiendo a Ecuador en el cuarto país sudamericano —tras Colombia, Chile y Perú— en
formalizar una política integral de este tipo (Red Interamericana de Compras Gubernamentales
[RICG], 2022). Pese a este avance formal, la limitada capacidad técnica y la falta de oferta
certificada dificultan la transición práctica. Este artículo sistematiza la trayectoria de la CPS
ecuatoriana y propone la Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI) para
comprender sus condiciones de implementación.
Identificación del problema
La integración de criterios de sostenibilidad en la contratación, especialmente a nivel
subnacional, es asimétrica. Esta distancia responde a tensiones del propio dispositivo: la CPS
ecuatoriana opera como una capa añadida sobre un sistema de control de gasto, evidenciando una
"estratificación" institucional (Mahoney & Thelen, 2010) donde convergen el Buen Vivir y el
valor por dinero sin integrarse plenamente. ¿Cuál es el estado de la CPS en Ecuador y qué
tensiones limitan su implementación efectiva? Se asume que esta brecha responde a la
convergencia interdependiente de un déficit de oferta, insuficiencia técnica en los GADs y falta
de sistemas de información.
El contexto regional ofrece elementos relevantes para situar la trayectoria ecuatoriana,
sin pretensión de comparación sistemática. Los tres precursores latinoamericanos —Costa Rica,
Uruguay y Paraguay— han desarrollado, en distintos grados y bajo configuraciones
institucionales propias, instrumentos como catálogos electrónicos con criterios ambientales,
programas de capacitación de funcionarios y sellos para proveedores sostenibles. La literatura
sobre la experiencia regional sugiere que la efectividad de las políticas de CPS depende de la
coherencia entre el nivel normativo, el operativo y el de incentivos: sin demanda real de las
entidades contratantes y sin oferta organizada de proveedores sostenibles, las declaraciones de
política quedan en el plano retórico (OCDE, 2023). Un análisis comparado sistemático con
variables controladas y fuentes primarias por país excede el alcance documental de este trabajo y
constituye una agenda investigativa pendiente.
En noviembre de 2024, el SERCOP organizó talleres con expertos de la OCDE y la GIZ
orientados a fortalecer la implementación de la ENCPS e incorporar un enfoque de género en las
políticas de adquisición pública (SERCOP, 2024b). La incorporación del enfoque de género
INTRODUCCIÓN
La contratación pública sostenible (CPS) representa una fracción significativa del PIB
estatal capaz de estimular mercados ambiental y socialmente responsables (Mazzucato, 2013). En
Ecuador, la Constitución de 2008 sentó un precedente al exigir criterios de eficiencia y
responsabilidad socioambiental. En 2022, el Servicio Nacional de Contratación Pública
(SERCOP) expidió la Estrategia Nacional de Compras Públicas Sostenibles (ENCPS),
convirtiendo a Ecuador en el cuarto país sudamericano —tras Colombia, Chile y Perú— en
formalizar una política integral de este tipo (Red Interamericana de Compras Gubernamentales
[RICG], 2022). Pese a este avance formal, la limitada capacidad técnica y la falta de oferta
certificada dificultan la transición práctica. Este artículo sistematiza la trayectoria de la CPS
ecuatoriana y propone la Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI) para
comprender sus condiciones de implementación.
Identificación del problema
La integración de criterios de sostenibilidad en la contratación, especialmente a nivel
subnacional, es asimétrica. Esta distancia responde a tensiones del propio dispositivo: la CPS
ecuatoriana opera como una capa añadida sobre un sistema de control de gasto, evidenciando una
"estratificación" institucional (Mahoney & Thelen, 2010) donde convergen el Buen Vivir y el
valor por dinero sin integrarse plenamente. ¿Cuál es el estado de la CPS en Ecuador y qué
tensiones limitan su implementación efectiva? Se asume que esta brecha responde a la
convergencia interdependiente de un déficit de oferta, insuficiencia técnica en los GADs y falta
de sistemas de información.
El contexto regional ofrece elementos relevantes para situar la trayectoria ecuatoriana,
sin pretensión de comparación sistemática. Los tres precursores latinoamericanos —Costa Rica,
Uruguay y Paraguay— han desarrollado, en distintos grados y bajo configuraciones
institucionales propias, instrumentos como catálogos electrónicos con criterios ambientales,
programas de capacitación de funcionarios y sellos para proveedores sostenibles. La literatura
sobre la experiencia regional sugiere que la efectividad de las políticas de CPS depende de la
coherencia entre el nivel normativo, el operativo y el de incentivos: sin demanda real de las
entidades contratantes y sin oferta organizada de proveedores sostenibles, las declaraciones de
política quedan en el plano retórico (OCDE, 2023). Un análisis comparado sistemático con
variables controladas y fuentes primarias por país excede el alcance documental de este trabajo y
constituye una agenda investigativa pendiente.
En noviembre de 2024, el SERCOP organizó talleres con expertos de la OCDE y la GIZ
orientados a fortalecer la implementación de la ENCPS e incorporar un enfoque de género en las
políticas de adquisición pública (SERCOP, 2024b). La incorporación del enfoque de género
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1702
amplía la dimensión social de la sostenibilidad y acerca el caso ecuatoriano a las discusiones
internacionales más recientes sobre interseccionalidad en la política pública.
Gobernanza multinivel e institucionalismo
La trayectoria de la CPS requiere leerse desde el institucionalismo histórico y sociológico.
Las reglas formales necesitan configuraciones organizativas reales; de lo contrario, generan un
"isomorfismo ceremonial" donde los Estados adoptan políticas internacionales solo para ganar
legitimidad (Meyer & Rowan, 1977). A nivel subnacional, la literatura de gobernanza multinivel
(Hooghe & Marks, 2003) advierte que transferir obligaciones complejas a entidades sin capacidad
técnica reproduce la desigualdad territorial. Una CPS efectiva requiere "autonomía enraizada"
(Evans, 1995): burocracias técnicamente sólidas conectadas con redes productivas locales.
Implementación y crítica político-económica
Según la matriz de Matland (1995), la CPS ecuatoriana encaja en la "implementación
experimental": objetivos claros pero medios operativos ambiguos, otorgando alta
discrecionalidad a los funcionarios operativos. Desde una crítica de economía política, en
regímenes neoextractivistas, estas métricas pueden legitimar un "capitalismo verde" (Gudynas,
2011) si el Estado no actúa como un configurador de mercados que priorice activamente a la
economía popular y solidaria (EPS).
METODOLOGÍA
El diseño metodológico combinó un enfoque cualitativo con una revisión documental
sistemática adaptada de los lineamientos PRISMA (Page et al., 2021).
Criterios de selección y muestra
Se definió un periodo de búsqueda entre 2008 (promulgación de la Constitución) y 2024.
Los criterios de inclusión fueron: 1) normativas nacionales vigentes sobre compras públicas; 2)
manuales e informes técnicos oficiales del SERCOP; 3) artículos académicos revisados por pares
sobre CPS en América Latina y Ecuador. Se excluyeron borradores de ley, artículos de opinión y
normativas derogadas.
El corpus final consistió en 42 documentos (12 normativas/resoluciones, 8 reportes
institucionales y 22 artículos académicos). El análisis aplicó codificación axial integrando las
dimensiones teóricas del neo-institucionalismo (North, 1990) para estructurar la TTBI.
RESULTADOS
Avances normativos: estratificación y conversión
La trayectoria de la CPS en Ecuador refleja un "cambio institucional gradual" (Mahoney
& Thelen, 2010). Se pasó de una fase declarativa (2008-2021) a la expedición de la ENCPS en
2022 (estratificación) y a la exigencia de criterios metodológicos obligatorios de "Cumple/No
cumple" en la normativa secundaria de 2023 (conversión operativa).
amplía la dimensión social de la sostenibilidad y acerca el caso ecuatoriano a las discusiones
internacionales más recientes sobre interseccionalidad en la política pública.
Gobernanza multinivel e institucionalismo
La trayectoria de la CPS requiere leerse desde el institucionalismo histórico y sociológico.
Las reglas formales necesitan configuraciones organizativas reales; de lo contrario, generan un
"isomorfismo ceremonial" donde los Estados adoptan políticas internacionales solo para ganar
legitimidad (Meyer & Rowan, 1977). A nivel subnacional, la literatura de gobernanza multinivel
(Hooghe & Marks, 2003) advierte que transferir obligaciones complejas a entidades sin capacidad
técnica reproduce la desigualdad territorial. Una CPS efectiva requiere "autonomía enraizada"
(Evans, 1995): burocracias técnicamente sólidas conectadas con redes productivas locales.
Implementación y crítica político-económica
Según la matriz de Matland (1995), la CPS ecuatoriana encaja en la "implementación
experimental": objetivos claros pero medios operativos ambiguos, otorgando alta
discrecionalidad a los funcionarios operativos. Desde una crítica de economía política, en
regímenes neoextractivistas, estas métricas pueden legitimar un "capitalismo verde" (Gudynas,
2011) si el Estado no actúa como un configurador de mercados que priorice activamente a la
economía popular y solidaria (EPS).
METODOLOGÍA
El diseño metodológico combinó un enfoque cualitativo con una revisión documental
sistemática adaptada de los lineamientos PRISMA (Page et al., 2021).
Criterios de selección y muestra
Se definió un periodo de búsqueda entre 2008 (promulgación de la Constitución) y 2024.
Los criterios de inclusión fueron: 1) normativas nacionales vigentes sobre compras públicas; 2)
manuales e informes técnicos oficiales del SERCOP; 3) artículos académicos revisados por pares
sobre CPS en América Latina y Ecuador. Se excluyeron borradores de ley, artículos de opinión y
normativas derogadas.
El corpus final consistió en 42 documentos (12 normativas/resoluciones, 8 reportes
institucionales y 22 artículos académicos). El análisis aplicó codificación axial integrando las
dimensiones teóricas del neo-institucionalismo (North, 1990) para estructurar la TTBI.
RESULTADOS
Avances normativos: estratificación y conversión
La trayectoria de la CPS en Ecuador refleja un "cambio institucional gradual" (Mahoney
& Thelen, 2010). Se pasó de una fase declarativa (2008-2021) a la expedición de la ENCPS en
2022 (estratificación) y a la exigencia de criterios metodológicos obligatorios de "Cumple/No
cumple" en la normativa secundaria de 2023 (conversión operativa).
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1703
Propuesta de la Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI)
A partir del análisis documental, emergen tres barreras estructurales interdependientes
para la ejecución de la norma (Tabla 1).
Tabla 1.
Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI)
Dimensión Anclaje teórico Indicadores cualitativos identificados en el
corpus
Brecha de
oferta
Estado emprendedor
(Mazzucato, 2013)
Escasez de MIPyMES con sellos ecológicos
formales; concentración urbana de la oferta
"verde".
Brecha de
capacidad
Capacidad estatal
(Evans, 1995)
Ausencia de pliegos estandarizados; rotación
de personal de compras; asimetría técnica
subnacional.
Brecha de
información
Aprendizaje
organizacional (Matland,
1995)
Ausencia de metadatos ambientales en el
portal transaccional (SOCE); falta de
monitoreo ex-post.
DISCUSIÓN
Validación empírica de la TTBI en el contexto ecuatoriano
A diferencia de los enfoques estrictamente normativos, la aplicabilidad de la TTBI se valida al
observar la realidad territorial de Ecuador.
• Respecto a la brecha de capacidad, existe una polarización evidente: mientras el
Municipio de Quito (GAD Tipo A) cuenta con una Secretaría de Ambiente y técnicos
capaces de estructurar pliegos con criterios de eficiencia energética, un GAD parroquial
rural (GAD Tipo C) suele operar con un único funcionario multitarea sin formación en
ciclo de vida del producto (Burbano, 2022). Exigir la misma rigurosidad a ambos genera
subejecución presupuestaria o cumplimiento puramente simbólico.
• En la brecha de oferta, los registros del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica (MAATE, 2023) revelan que la certificación "Punto Verde" se concentra
abrumadoramente en la gran industria manufacturera de las principales urbes. Esto
excluye de facto a los actores de la EPS rural que, aunque poseen prácticas
agroecológicas, no pueden costear certificaciones formales (North, 1990).
• La brecha de información se evidencia en las limitaciones del portal oficial transaccional
(SOCE), el cual, a diferencia de los portales de datos abiertos de la OCDE, aún no permite
desagregar el gasto público canalizado específicamente hacia adquisiciones sostenibles
comprobadas, imposibilitando un ciclo de mejora continua.
Propuesta de la Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI)
A partir del análisis documental, emergen tres barreras estructurales interdependientes
para la ejecución de la norma (Tabla 1).
Tabla 1.
Tipología Tridimensional de Brechas Institucionales (TTBI)
Dimensión Anclaje teórico Indicadores cualitativos identificados en el
corpus
Brecha de
oferta
Estado emprendedor
(Mazzucato, 2013)
Escasez de MIPyMES con sellos ecológicos
formales; concentración urbana de la oferta
"verde".
Brecha de
capacidad
Capacidad estatal
(Evans, 1995)
Ausencia de pliegos estandarizados; rotación
de personal de compras; asimetría técnica
subnacional.
Brecha de
información
Aprendizaje
organizacional (Matland,
1995)
Ausencia de metadatos ambientales en el
portal transaccional (SOCE); falta de
monitoreo ex-post.
DISCUSIÓN
Validación empírica de la TTBI en el contexto ecuatoriano
A diferencia de los enfoques estrictamente normativos, la aplicabilidad de la TTBI se valida al
observar la realidad territorial de Ecuador.
• Respecto a la brecha de capacidad, existe una polarización evidente: mientras el
Municipio de Quito (GAD Tipo A) cuenta con una Secretaría de Ambiente y técnicos
capaces de estructurar pliegos con criterios de eficiencia energética, un GAD parroquial
rural (GAD Tipo C) suele operar con un único funcionario multitarea sin formación en
ciclo de vida del producto (Burbano, 2022). Exigir la misma rigurosidad a ambos genera
subejecución presupuestaria o cumplimiento puramente simbólico.
• En la brecha de oferta, los registros del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición
Ecológica (MAATE, 2023) revelan que la certificación "Punto Verde" se concentra
abrumadoramente en la gran industria manufacturera de las principales urbes. Esto
excluye de facto a los actores de la EPS rural que, aunque poseen prácticas
agroecológicas, no pueden costear certificaciones formales (North, 1990).
• La brecha de información se evidencia en las limitaciones del portal oficial transaccional
(SOCE), el cual, a diferencia de los portales de datos abiertos de la OCDE, aún no permite
desagregar el gasto público canalizado específicamente hacia adquisiciones sostenibles
comprobadas, imposibilitando un ciclo de mejora continua.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1704
Perspectiva comparada y tensiones estructurales
Al dialogar con la literatura regional, el modelo ecuatoriano presenta rezagos operativos
frente a sus pares. Por ejemplo, la agencia ChileCompra logró sortear la discrecionalidad de los
funcionarios de primera línea implementando Acuerdos Marco y catálogos electrónicos donde los
productos ya cuentan con un sello verde pre-validado por el Estado (Gómez, 2020). En Ecuador,
la carga de la prueba recae sobre el funcionario individual mediante el análisis "Cumple/No
cumple", elevando el riesgo de errores u omisiones por falta de expertise técnico.
Esta dinámica devela una tensión de economía política (Gudynas, 2011): el marco
jurídico apunta al Sumak Kawsay, pero la instrumentación se apoya en mecanismos neoclásicos
de optimización ("valor por dinero") sin herramientas de fomento asimétrico que protejan a las
MIPyMES locales frente a importadores de tecnologías verdes extranjeras.
CONCLUSIONES
La investigación demuestra que, si bien Ecuador ha logrado un posicionamiento
normativo destacado en la región con la ENCPS, su materialización está supeditada a tres
fracturas estructurales sistematizadas en la TTBI: oferta, capacidad e información. La evidencia
sugiere que sin la estandarización de catálogos electrónicos (como en la experiencia chilena),
líneas de crédito para la certificación de la EPS y programas de capacitación diferenciados para
GADs pequeños, el mandato constitucional corre el riesgo de derivar en isomorfismo ceremonial.
Las futuras líneas de investigación deberán transitar del análisis documental hacia la econometría
de microdatos del SERCOP para medir con exactitud la prima de precio y la tasa de adjudicación
real de los pliegos sostenibles en el país.
Perspectiva comparada y tensiones estructurales
Al dialogar con la literatura regional, el modelo ecuatoriano presenta rezagos operativos
frente a sus pares. Por ejemplo, la agencia ChileCompra logró sortear la discrecionalidad de los
funcionarios de primera línea implementando Acuerdos Marco y catálogos electrónicos donde los
productos ya cuentan con un sello verde pre-validado por el Estado (Gómez, 2020). En Ecuador,
la carga de la prueba recae sobre el funcionario individual mediante el análisis "Cumple/No
cumple", elevando el riesgo de errores u omisiones por falta de expertise técnico.
Esta dinámica devela una tensión de economía política (Gudynas, 2011): el marco
jurídico apunta al Sumak Kawsay, pero la instrumentación se apoya en mecanismos neoclásicos
de optimización ("valor por dinero") sin herramientas de fomento asimétrico que protejan a las
MIPyMES locales frente a importadores de tecnologías verdes extranjeras.
CONCLUSIONES
La investigación demuestra que, si bien Ecuador ha logrado un posicionamiento
normativo destacado en la región con la ENCPS, su materialización está supeditada a tres
fracturas estructurales sistematizadas en la TTBI: oferta, capacidad e información. La evidencia
sugiere que sin la estandarización de catálogos electrónicos (como en la experiencia chilena),
líneas de crédito para la certificación de la EPS y programas de capacitación diferenciados para
GADs pequeños, el mandato constitucional corre el riesgo de derivar en isomorfismo ceremonial.
Las futuras líneas de investigación deberán transitar del análisis documental hacia la econometría
de microdatos del SERCOP para medir con exactitud la prima de precio y la tasa de adjudicación
real de los pliegos sostenibles en el país.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1705
REFERENCIAS
Burbano, L. (2022). Capacidades institucionales de los GADs en el Ecuador. FLACSO Sede
Ecuador.
Evans, P. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton
University Press.
Gómez, R. (2020). La modernización de las compras públicas en América Latina: El caso
ChileCompra. Revista de Gestión Pública, 9(2).
Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo. América Latina en
Movimiento, 462, 1-20.
Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level
governance. American Political Science Review, 97(2), 233-243.
Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). Explaining institutional change: Ambiguity, agency, and
power. Cambridge University Press.
Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict
model. Journal of Public Administration Research and Theory, 5(2), 145-174.
Mazzucato, M. (2013). The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths.
Anthem Press.
Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth
and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. (2023). Registro Nacional de
Certificaciones Ambientales Punto Verde.
North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge
University Press.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2023). Estrategias de
contratación pública para un crecimiento sostenible en América Latina.
Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting
systematic reviews. BMJ, 372, n71.
Red Interamericana de Compras Gubernamentales. (2022). Estado de la contratación pública
sostenible en América Latina y el Caribe. Organización de los Estados Americanos.
Servicio Nacional de Contratación Pública. (2022). Estrategia Nacional de Compras Públicas
Sostenibles (Resolución RE-SERCOP-2022-0129).
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ENCPS y enfoque de género.
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Movimiento, 462, 1-20.
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power. Cambridge University Press.
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Sostenibles (Resolución RE-SERCOP-2022-0129).
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ENCPS y enfoque de género.