Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1766
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i2.2304
¿Transición o hibridación? Análisis del modelo híbrido de
microfinanzas y la vigencia de su filosofía original en alta
informalidad
Transition or Hybridization? Analysis of the Hybrid Microfinance Model and the Persistence of
Its Original Philosophy under High Informality
José Gonzalo Puente Ibarnegaray
gonzalo.puenteibarnegaray@postgrado.univalle.edu
https://orcid.org/0009-0000-7155-3137
Investigador Independiente
Cali-Colombia
Artículo recibido: 10 mayo 2026- Aceptado para publicación:16 junio 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
Este artículo analiza la evolución de las microfinanzas hacia un modelo híbrido que combina
misión social y prácticas comerciales, evaluando si constituye una transición hacia lógicas
bancarias tradicionales o una hibridación que preserva su filosofía original en alta informalidad.
Con foco en Unidades Económicas Familiares de la base de la pirámide, se exploran dinámicas
de ingresos inestables, baja formalización y la relevancia del capital social. A partir de evidencia
cualitativa en Bolivia, se examinan prácticas de precio, riesgo, productos y gobernanza,
proponiendo equilibrar innovación y misión para fortalecer inclusión financiera responsable.
Palabras clave: microfinanzas, informalidad, modelo híbrido, capital social, inclusión
financiera
ABSTRACT
This article analyzes the evolution of microfinance toward a hybrid model that combines social
mission and commercial practices, assessing whether it represents a transition toward traditional
banking logics or a hybridization that preserves its original philosophy in contexts of high
informality. Focusing on Family Economic Units at the base of the pyramid, it explores income
volatility, low formalization, and the relevance of social capital. Based on qualitative evidence
from Bolivia, it examines pricing, risk, product design, and governance practices, proposing a
renewed balance between innovation and mission to strengthen responsible financial inclusion.
Keywords: microfinance, informality, hybrid model, social capital, financial inclusion
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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1767
INTRODUCCIÓN
Las microfinanzas surgieron en realidad en los años 70 como microcréditos otorgados por
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y/o Fundaciones sin fines de lucro, en respuesta a
la exclusión financiera provocada por la ausencia de la banca comercial tradicional y del propio
Estado, enfocadas originalmente a las Unidades Económicas Familiares (UEF) con actividad
productiva, de la base de la pirámide poblacional, que son los hogares en situación de
vulnerabilidad que combinan consumo y producción, también identificada esta actividad como
microempresa o microemprendimiento, que abarca incluso una parte importante de la pequeña
empresa (Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007).
Estas UEF operan en alta informalidad, y están caracterizadas por tener ingresos volátiles,
escasa o ninguna documentación formal y fuerte dependencia de redes sociales, entendidas estas
como relaciones comunitarias y familiares de confianza, que sustituyen mecanismos formales de
garantía y permiten reducir asimetrías de información (Armendáriz & Morduch, 2010).
En este contexto, el fundamento filosófico de las microfinanzas adquiere pleno sentido en
ámbitos donde predomina la economía informal, caracterizada por empleos inestables, escasa
protección social y limitaciones en el acceso a información. La magnitud de la informalidad
laboral en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido objeto de seguimiento constante por parte
de organismos internacionales, dada su impacto en la vulnerabilidad económica y en la demanda
de servicios financieros alternativos (OIT/ILOSTAT, 2023; World Bank, 2021).
Las estimaciones históricas y recientes, reportadas por entidades como la CEPAL, la OIT
y el Banco Mundial, muestran que la informalidad laboral global representa un porcentaje
significativo del empleo total en América Latina (AL), con variaciones según país y periodo.
(OIT/ILOSTAT, Panorama Laboral 2023; Statista, 2025), tal como se refleja en la siguiente
tabla.
Tabla 1
Informalidad por países en AL, año 2024
País Nivel estimado de
informalidad (%)
Bolivia 80% - 82%
Guatemala 75% - 80%
Perú 70% - 75%
Honduras 70% - 75%
Nicaragua 70% - 75%
El Salvador 65% - 70%
Paraguay 65% - 70%
Ecuador 60% - 65%
Colombia 55% - 60%
Brasil 40% - 45%
Argentina 35% - 40%
Panamá 35% - 40%
Costa Rica 30% - 35%
Uruguay 25% - 30%
Chile 25% - 30%
Fuente: Cepal, OIT, Banco Mundial
INTRODUCCIÓN
Las microfinanzas surgieron en realidad en los años 70 como microcréditos otorgados por
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y/o Fundaciones sin fines de lucro, en respuesta a
la exclusión financiera provocada por la ausencia de la banca comercial tradicional y del propio
Estado, enfocadas originalmente a las Unidades Económicas Familiares (UEF) con actividad
productiva, de la base de la pirámide poblacional, que son los hogares en situación de
vulnerabilidad que combinan consumo y producción, también identificada esta actividad como
microempresa o microemprendimiento, que abarca incluso una parte importante de la pequeña
empresa (Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007).
Estas UEF operan en alta informalidad, y están caracterizadas por tener ingresos volátiles,
escasa o ninguna documentación formal y fuerte dependencia de redes sociales, entendidas estas
como relaciones comunitarias y familiares de confianza, que sustituyen mecanismos formales de
garantía y permiten reducir asimetrías de información (Armendáriz & Morduch, 2010).
En este contexto, el fundamento filosófico de las microfinanzas adquiere pleno sentido en
ámbitos donde predomina la economía informal, caracterizada por empleos inestables, escasa
protección social y limitaciones en el acceso a información. La magnitud de la informalidad
laboral en América Latina y el Caribe (ALC) ha sido objeto de seguimiento constante por parte
de organismos internacionales, dada su impacto en la vulnerabilidad económica y en la demanda
de servicios financieros alternativos (OIT/ILOSTAT, 2023; World Bank, 2021).
Las estimaciones históricas y recientes, reportadas por entidades como la CEPAL, la OIT
y el Banco Mundial, muestran que la informalidad laboral global representa un porcentaje
significativo del empleo total en América Latina (AL), con variaciones según país y periodo.
(OIT/ILOSTAT, Panorama Laboral 2023; Statista, 2025), tal como se refleja en la siguiente
tabla.
Tabla 1
Informalidad por países en AL, año 2024
País Nivel estimado de
informalidad (%)
Bolivia 80% - 82%
Guatemala 75% - 80%
Perú 70% - 75%
Honduras 70% - 75%
Nicaragua 70% - 75%
El Salvador 65% - 70%
Paraguay 65% - 70%
Ecuador 60% - 65%
Colombia 55% - 60%
Brasil 40% - 45%
Argentina 35% - 40%
Panamá 35% - 40%
Costa Rica 30% - 35%
Uruguay 25% - 30%
Chile 25% - 30%
Fuente: Cepal, OIT, Banco Mundial
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1768
Ahora ben, las cifras de informalidad laboral general reportadas por los organismos
internacionales mencionados, OIT, CEPAL y Banco Mundial, no surgen de registros
administrativos ni de observación directa del total de las actividades económicas, sino de procesos
de estimación estadística armonizada, construidos a partir de encuestas de hogares y marcos
conceptuales comparables entre países. Este proceso consiste en un conjunto de procedimientos
que ajustan, clasifican y estandarizan datos nacionales para hacerlos comparables entre países y
a lo largo del tiempo; de ahí que estas cifras no siempre coincidan con las cifras oficiales de cada
país, porque están precisamente “armonizadas” (OIT/ILOSTAT, 2024)
En consecuencia, al observarse la persistencia de niveles elevados, es que se entiende con
mayor razón aún la necesidad de diseñar modelos financieros que se adapten a contextos de alta
informalidad laboral. De ahí es que se consolidaran metodologías de proximidad (interacción
directa con clientes en su entorno, visitas y conocimiento del negocio) y el aprovechamiento del
capital social (vínculos relacionales que sostienen disciplina y repago). Con el tiempo, la
búsqueda de sostenibilidad y escalabilidad impulsó la adopción de prácticas de banca comercial,
precios por costos completos, “scoring” estandarizado, centralización operativa, originando un
modelo híbrido que combina misión social y disciplina financiera (Morduch, 2000; Roodman,
2012).
Paralelamente, la agenda de protección al cliente se integró a la gestión del desempeño
social mediante estándares internacionales como los Universal Standards for Social and
Environmental Performance Management y el Client Protection Pathway de CERISE+SPTF, que
concretan principios de transparencia, precios responsables, prevención del sobreendeudamiento,
seguridad de datos y mecanismos de quejas (CERISE+SPTF, 2022; CERISE+SPTF, 2024; CFI,
2020).
Del mismo modo, en la actualidad, se requieren métricas enfocadas en resultados al cliente,
esto es, indicadores que reflejen cambios reales en bienestar, resiliencia y protección, más allá del
mero acceso o uso de productos (Demirgüç-Kunt et al., 2022; CFI, 2022). Aunque dichas métricas
combinan elementos cuantitativos y cualitativos, el artículo se encuadra en un enfoque cualitativo,
orientado a evaluar la coherencia del modelo híbrido con la filosofía original en entornos de alta
informalidad (World Bank, 2021).
En este marco, Bolivia, con niveles de informalidad laboral superiores al 80%, es uno de
los referentes más importantes de las microfinanzas a nivel mundial, y en América Latina y el
Caribe en particular; como destaca Elisabeth Rhyne (2021), citando a Claudio González-Vega,
no podría escribirse la historia de las microfinanzas sin resaltar el caso boliviano, dadas sus
innovaciones pioneras, su temprana formalización institucional y su impacto en la expansión
global del sector, por lo que es de gran valor su elección como ámbito para la evidencia cualitativa
que complemente este análisis conceptual.
Ahora ben, las cifras de informalidad laboral general reportadas por los organismos
internacionales mencionados, OIT, CEPAL y Banco Mundial, no surgen de registros
administrativos ni de observación directa del total de las actividades económicas, sino de procesos
de estimación estadística armonizada, construidos a partir de encuestas de hogares y marcos
conceptuales comparables entre países. Este proceso consiste en un conjunto de procedimientos
que ajustan, clasifican y estandarizan datos nacionales para hacerlos comparables entre países y
a lo largo del tiempo; de ahí que estas cifras no siempre coincidan con las cifras oficiales de cada
país, porque están precisamente “armonizadas” (OIT/ILOSTAT, 2024)
En consecuencia, al observarse la persistencia de niveles elevados, es que se entiende con
mayor razón aún la necesidad de diseñar modelos financieros que se adapten a contextos de alta
informalidad laboral. De ahí es que se consolidaran metodologías de proximidad (interacción
directa con clientes en su entorno, visitas y conocimiento del negocio) y el aprovechamiento del
capital social (vínculos relacionales que sostienen disciplina y repago). Con el tiempo, la
búsqueda de sostenibilidad y escalabilidad impulsó la adopción de prácticas de banca comercial,
precios por costos completos, “scoring” estandarizado, centralización operativa, originando un
modelo híbrido que combina misión social y disciplina financiera (Morduch, 2000; Roodman,
2012).
Paralelamente, la agenda de protección al cliente se integró a la gestión del desempeño
social mediante estándares internacionales como los Universal Standards for Social and
Environmental Performance Management y el Client Protection Pathway de CERISE+SPTF, que
concretan principios de transparencia, precios responsables, prevención del sobreendeudamiento,
seguridad de datos y mecanismos de quejas (CERISE+SPTF, 2022; CERISE+SPTF, 2024; CFI,
2020).
Del mismo modo, en la actualidad, se requieren métricas enfocadas en resultados al cliente,
esto es, indicadores que reflejen cambios reales en bienestar, resiliencia y protección, más allá del
mero acceso o uso de productos (Demirgüç-Kunt et al., 2022; CFI, 2022). Aunque dichas métricas
combinan elementos cuantitativos y cualitativos, el artículo se encuadra en un enfoque cualitativo,
orientado a evaluar la coherencia del modelo híbrido con la filosofía original en entornos de alta
informalidad (World Bank, 2021).
En este marco, Bolivia, con niveles de informalidad laboral superiores al 80%, es uno de
los referentes más importantes de las microfinanzas a nivel mundial, y en América Latina y el
Caribe en particular; como destaca Elisabeth Rhyne (2021), citando a Claudio González-Vega,
no podría escribirse la historia de las microfinanzas sin resaltar el caso boliviano, dadas sus
innovaciones pioneras, su temprana formalización institucional y su impacto en la expansión
global del sector, por lo que es de gran valor su elección como ámbito para la evidencia cualitativa
que complemente este análisis conceptual.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1769
En este sentido, se sistematizaron procesos crediticios en seis instituciones agrupadas en
tres y dos tipologías, según se aproximen más o menos a la temática de las microfinanzas: bancos
comerciales que adoptaron microfinanzas como producto, bancos especializados en
microfinanzas desde su origen y entidades microfinancieras de origen. Esta evidencia permite
contrastar la coherencia del modelo híbrido con la filosofía original en alta informalidad, sin
identificar entidades específicas.
Por consiguiente y tal como se mencionó, el artículo se enmarca en un enfoque cualitativo
orientado a evaluar dicha coherencia, integrando revisión crítica de literatura, fundacional y
reciente, y estándares contemporáneos de protección al cliente y desempeño social, como los
Universal Standards for Social and Environmental Performance Management y la guía de crédito
digital responsable (CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025).
Por lo tanto, la pregunta central es si el modelo híbrido vigente mantiene la filosofía original
o si se observa una transición hacia lógicas de banca comercial con riesgo de alejamiento de la
misión (Morduch, 2000; Roodman, 2012).
Marco teórico
Filosofía original: Unidad Económica Familiar (UEF), proximidad y capital social
La filosofía original se enfoca en la atención a las UEF con actividad productiva,
articulando metodologías de proximidad, visitas, conocimiento del negocio, interacción en el
territorio y el uso de capital social, entendido como confianza y reciprocidad que sostienen
disciplina y repago, con énfasis en empoderamiento y apoyo en la reducción de la pobreza
(Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007).
En este sentido, en entornos de alta informalidad, estas prácticas se apoyan en redes
sociales, como relaciones comunitarias y familiares de confianza, que sustituyen garantías
formales y facilitan la inclusión (Armendáriz & Morduch, 2010).
Sostenibilidad, escalabilidad y “trade-offs” (compensaciones).
La evidencia demuestra la existencia de costos elevados en préstamos pequeños,
característica inherente a los micro y pequeños créditos, así como impactos promedio modestos,
pero altamente significativos para las UEF. En muchos casos persisten todavía los subsidios en el
modelo de negocio, lo que exige eficiencia operativa y precios responsables, lo que implica un
equilibrio entre viabilidad financiera y protección al cliente, además de una segmentación
adecuada para sostener el alcance hacia las UEF vulnerables sin perder la misión (Cull, Demirgüç-
Kunt, & Morduch, 2018).
Ahora bien, si la autoridad financiera optara por imponer topes a las tasas de interés en
microfinanzas en particular, se puede anticipar que habrá un “trade-off” entre protección al cliente
y la sostenibilidad y escalabilidad del servicio, al vulnerar el principio de “precio responsable”,
que implica precios asequibles para el cliente y sostenibles para la institución, desvirtuándose la
relación entre el precio y el costo/riesgo de atender a cada segmento que exige la provisión de
En este sentido, se sistematizaron procesos crediticios en seis instituciones agrupadas en
tres y dos tipologías, según se aproximen más o menos a la temática de las microfinanzas: bancos
comerciales que adoptaron microfinanzas como producto, bancos especializados en
microfinanzas desde su origen y entidades microfinancieras de origen. Esta evidencia permite
contrastar la coherencia del modelo híbrido con la filosofía original en alta informalidad, sin
identificar entidades específicas.
Por consiguiente y tal como se mencionó, el artículo se enmarca en un enfoque cualitativo
orientado a evaluar dicha coherencia, integrando revisión crítica de literatura, fundacional y
reciente, y estándares contemporáneos de protección al cliente y desempeño social, como los
Universal Standards for Social and Environmental Performance Management y la guía de crédito
digital responsable (CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025).
Por lo tanto, la pregunta central es si el modelo híbrido vigente mantiene la filosofía original
o si se observa una transición hacia lógicas de banca comercial con riesgo de alejamiento de la
misión (Morduch, 2000; Roodman, 2012).
Marco teórico
Filosofía original: Unidad Económica Familiar (UEF), proximidad y capital social
La filosofía original se enfoca en la atención a las UEF con actividad productiva,
articulando metodologías de proximidad, visitas, conocimiento del negocio, interacción en el
territorio y el uso de capital social, entendido como confianza y reciprocidad que sostienen
disciplina y repago, con énfasis en empoderamiento y apoyo en la reducción de la pobreza
(Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007).
En este sentido, en entornos de alta informalidad, estas prácticas se apoyan en redes
sociales, como relaciones comunitarias y familiares de confianza, que sustituyen garantías
formales y facilitan la inclusión (Armendáriz & Morduch, 2010).
Sostenibilidad, escalabilidad y “trade-offs” (compensaciones).
La evidencia demuestra la existencia de costos elevados en préstamos pequeños,
característica inherente a los micro y pequeños créditos, así como impactos promedio modestos,
pero altamente significativos para las UEF. En muchos casos persisten todavía los subsidios en el
modelo de negocio, lo que exige eficiencia operativa y precios responsables, lo que implica un
equilibrio entre viabilidad financiera y protección al cliente, además de una segmentación
adecuada para sostener el alcance hacia las UEF vulnerables sin perder la misión (Cull, Demirgüç-
Kunt, & Morduch, 2018).
Ahora bien, si la autoridad financiera optara por imponer topes a las tasas de interés en
microfinanzas en particular, se puede anticipar que habrá un “trade-off” entre protección al cliente
y la sostenibilidad y escalabilidad del servicio, al vulnerar el principio de “precio responsable”,
que implica precios asequibles para el cliente y sostenibles para la institución, desvirtuándose la
relación entre el precio y el costo/riesgo de atender a cada segmento que exige la provisión de
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1770
préstamos pequeños y costosos de servir (Smart Campaign, 2010/2011; Rosenberg, R., Gaul, S.,
Ford, W., & Tomilova, O., 2013).
En ese contexto, es razonable que las entidades reorienten su cartera hacia nichos de menor
costo unitario y riesgo relativo, que significan segmentos por encima de la base de la pirámide,
con el consiguiente riesgo de desvío de la misión y de no atención al sector informal
(Caballero-Montes, 2023; Armendáriz, B., & Szafarz, A., 2011).
Por tanto, la discusión no es “tasa alta vs. tasa baja” en abstracto, sino la alineación
ética-económica del precio, que cubra los costos con transparencia y proteja a la vez al cliente,
permitiendo la penetración en segmentos costosos y, por tanto, logrando efectivamente la
inclusión financiera (CGAP, 2002; Rosenberg et al., 2013). Además, en ausencia de subsidios
explícitos, garantías parciales o fondeos concesionales que compensen el mayor costo/ riesgo de
atender poblaciones vulnerables, un tope uniforme tiende a reducir cobertura y erosionar la
profundidad del impacto (Gofe, V., Hammersley, J., & Rustom, E., 2021; Caballero-Montes,
2023).
En consecuencia, cualquier intervención sobre precios debe evaluarse en un diseño integral
que preserve el precio responsable, complemente con instrumentos de mitigación de riesgo (p. ej.,
garantías parciales de crédito) y proteja la misión social sin comprometer la viabilidad y
escalabilidad de las instituciones (Smart Campaign, 2010/2011; Gofe et al., 2021)
De esta manera, estos hallazgos alimentan el debate sobre la pérdida de enfoque en la
misión social, que ocurre cuando las instituciones priorizan la rentabilidad y la expansión por
encima de los objetivos de inclusión que dieron origen a las microfinanzas. Morduch (2000)
advierte que la búsqueda de sostenibilidad puede desplazar la atención de los hogares más
vulnerables hacia segmentos más rentables, mientras que Roodman (2012) subraya que este
riesgo exige repensar procesos y productos para equilibrar eficiencia financiera con inclusión
genuina.
Con el tiempo, la búsqueda de sostenibilidad y escalabilidad impulsó la adopción de
prácticas de banca comercial, precios por costos completos, scoring estandarizado y
centralización operativa, originando un modelo híbrido que combina misión social y disciplina
financiera (Morduch, 2000; Cull, Demirgüç-Kunt, & Morduch, 2018). Este proceso plantea
riesgos de alejamiento de la misión, especialmente cuando la formalización documental y las
garantías hipotecarias desplazan la atención hacia segmentos más rentables, alejando el foco de
las UEF vulnerables (Roodman, 2012).
La innovación, por tanto, no debe limitarse a herramientas comerciales, sino orientarse a
preservar la filosofía original mediante metodologías adaptadas y mecanismos de protección al
cliente.
préstamos pequeños y costosos de servir (Smart Campaign, 2010/2011; Rosenberg, R., Gaul, S.,
Ford, W., & Tomilova, O., 2013).
En ese contexto, es razonable que las entidades reorienten su cartera hacia nichos de menor
costo unitario y riesgo relativo, que significan segmentos por encima de la base de la pirámide,
con el consiguiente riesgo de desvío de la misión y de no atención al sector informal
(Caballero-Montes, 2023; Armendáriz, B., & Szafarz, A., 2011).
Por tanto, la discusión no es “tasa alta vs. tasa baja” en abstracto, sino la alineación
ética-económica del precio, que cubra los costos con transparencia y proteja a la vez al cliente,
permitiendo la penetración en segmentos costosos y, por tanto, logrando efectivamente la
inclusión financiera (CGAP, 2002; Rosenberg et al., 2013). Además, en ausencia de subsidios
explícitos, garantías parciales o fondeos concesionales que compensen el mayor costo/ riesgo de
atender poblaciones vulnerables, un tope uniforme tiende a reducir cobertura y erosionar la
profundidad del impacto (Gofe, V., Hammersley, J., & Rustom, E., 2021; Caballero-Montes,
2023).
En consecuencia, cualquier intervención sobre precios debe evaluarse en un diseño integral
que preserve el precio responsable, complemente con instrumentos de mitigación de riesgo (p. ej.,
garantías parciales de crédito) y proteja la misión social sin comprometer la viabilidad y
escalabilidad de las instituciones (Smart Campaign, 2010/2011; Gofe et al., 2021)
De esta manera, estos hallazgos alimentan el debate sobre la pérdida de enfoque en la
misión social, que ocurre cuando las instituciones priorizan la rentabilidad y la expansión por
encima de los objetivos de inclusión que dieron origen a las microfinanzas. Morduch (2000)
advierte que la búsqueda de sostenibilidad puede desplazar la atención de los hogares más
vulnerables hacia segmentos más rentables, mientras que Roodman (2012) subraya que este
riesgo exige repensar procesos y productos para equilibrar eficiencia financiera con inclusión
genuina.
Con el tiempo, la búsqueda de sostenibilidad y escalabilidad impulsó la adopción de
prácticas de banca comercial, precios por costos completos, scoring estandarizado y
centralización operativa, originando un modelo híbrido que combina misión social y disciplina
financiera (Morduch, 2000; Cull, Demirgüç-Kunt, & Morduch, 2018). Este proceso plantea
riesgos de alejamiento de la misión, especialmente cuando la formalización documental y las
garantías hipotecarias desplazan la atención hacia segmentos más rentables, alejando el foco de
las UEF vulnerables (Roodman, 2012).
La innovación, por tanto, no debe limitarse a herramientas comerciales, sino orientarse a
preservar la filosofía original mediante metodologías adaptadas y mecanismos de protección al
cliente.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1771
Estándares contemporáneos de desempeño social y protección
Tras el cierre de Smart Campaign en 2020, los estándares de protección quedaron
integrados en los Universal Standards for Social and Environmental Performance Management
y en la ruta Client Protection Pathway, que incluyen prácticas sobre diseño apropiado, prevención
y mitigación del sobreendeudamiento, precios responsables, trato digno, protección de datos y
mecanismos de quejas (CERISE+SPTF, 2022; CFI, 2020).
En efecto, Smart Campaign fue una iniciativa global lanzada en 2009 por el Center for
Financial Inclusion (CFI), con el objetivo de garantizar que los servicios de microfinanzas se
ofrecieran de forma segura y responsable a los más vulnerables. Validó estas prácticas en más de
135 instituciones, beneficiando a más de 62 millones de personas. En julio de 2020 transfirió sus
herramientas, estándares y recursos a CERISE+SPTF, a dos organizaciones globales líderes en
desempeño social y ambiental, y a otras organizaciones como MFR y M CRIL, que continuarían
con su implementación (Center for Financial Inclusion, 2020).
El Manual de Estándares (2022) define prácticas sobre diseño apropiado, prevención del
sobreendeudamiento, precios responsables, trato digno, protección de datos y mecanismos de
quejas (CERISE+SPTF, 2022). De forma complementaria, el debate sectorial propone avanzar
desde la prevención hacia la mitigación efectiva del sobreendeudamiento (Rozas, 2024).
Así mismo, la digitalización del crédito plantea nuevos desafíos, como sesgos de exclusión
y riesgos de sobreendeudamiento, lo que exige aplicar principios de crédito digital responsable
(CGAP, 2025). Finalmente, la literatura reciente enfatiza la necesidad de métricas centradas en
resultados del cliente, bienestar, resiliencia y protección, más allá del acceso o uso de productos,
aspecto que constituye una línea pendiente para futuras investigaciones (Demirgüç-Kunt et al.,
2022; CERISE+SPTF, 2022).
Alta informalidad, UEF y capacidad de pago
En entornos de alta informalidad, la capacidad de pago debe realizarse a nivel de la UEF,
es decir, tanto de la actividad productiva que gestiona, microempresa de transformación o de
servicios, como de los gastos recurrentes de la familia, reconociendo así pluriactividad, volatilidad
de ingresos y baja trazabilidad. Esta mirada exige flexibilidad en el diseño de los productos a
ofertar y una gestión de riesgos orientada a resiliencia financiera. (World Bank, 2021).
Por ejemplo, una UEF que combina una microempresa de servicios con actividades
secundarias, como venta de alimentos y trabajo eventual, va a generar ingresos diarios variables
y no documentados, a la vez que incurre diariamente en gastos familiares recurrentes. Al estimar
su capacidad de pago, el análisis debe integrar todos los flujos del hogar y no solo los de la
actividad principal, lo que tendría que dar lugar a un excedente disponible que permite determinar
una cuota sostenible y proteger la resiliencia financiera del hogar (World Bank, 2013; 2021).
En el Apéndice 1, se encuentra un ejemplo referido en el Manual del Banco Mundial que
describe mejor la comprensión que debe tenerse de la medición de la capacidad de pago de las
Estándares contemporáneos de desempeño social y protección
Tras el cierre de Smart Campaign en 2020, los estándares de protección quedaron
integrados en los Universal Standards for Social and Environmental Performance Management
y en la ruta Client Protection Pathway, que incluyen prácticas sobre diseño apropiado, prevención
y mitigación del sobreendeudamiento, precios responsables, trato digno, protección de datos y
mecanismos de quejas (CERISE+SPTF, 2022; CFI, 2020).
En efecto, Smart Campaign fue una iniciativa global lanzada en 2009 por el Center for
Financial Inclusion (CFI), con el objetivo de garantizar que los servicios de microfinanzas se
ofrecieran de forma segura y responsable a los más vulnerables. Validó estas prácticas en más de
135 instituciones, beneficiando a más de 62 millones de personas. En julio de 2020 transfirió sus
herramientas, estándares y recursos a CERISE+SPTF, a dos organizaciones globales líderes en
desempeño social y ambiental, y a otras organizaciones como MFR y M CRIL, que continuarían
con su implementación (Center for Financial Inclusion, 2020).
El Manual de Estándares (2022) define prácticas sobre diseño apropiado, prevención del
sobreendeudamiento, precios responsables, trato digno, protección de datos y mecanismos de
quejas (CERISE+SPTF, 2022). De forma complementaria, el debate sectorial propone avanzar
desde la prevención hacia la mitigación efectiva del sobreendeudamiento (Rozas, 2024).
Así mismo, la digitalización del crédito plantea nuevos desafíos, como sesgos de exclusión
y riesgos de sobreendeudamiento, lo que exige aplicar principios de crédito digital responsable
(CGAP, 2025). Finalmente, la literatura reciente enfatiza la necesidad de métricas centradas en
resultados del cliente, bienestar, resiliencia y protección, más allá del acceso o uso de productos,
aspecto que constituye una línea pendiente para futuras investigaciones (Demirgüç-Kunt et al.,
2022; CERISE+SPTF, 2022).
Alta informalidad, UEF y capacidad de pago
En entornos de alta informalidad, la capacidad de pago debe realizarse a nivel de la UEF,
es decir, tanto de la actividad productiva que gestiona, microempresa de transformación o de
servicios, como de los gastos recurrentes de la familia, reconociendo así pluriactividad, volatilidad
de ingresos y baja trazabilidad. Esta mirada exige flexibilidad en el diseño de los productos a
ofertar y una gestión de riesgos orientada a resiliencia financiera. (World Bank, 2021).
Por ejemplo, una UEF que combina una microempresa de servicios con actividades
secundarias, como venta de alimentos y trabajo eventual, va a generar ingresos diarios variables
y no documentados, a la vez que incurre diariamente en gastos familiares recurrentes. Al estimar
su capacidad de pago, el análisis debe integrar todos los flujos del hogar y no solo los de la
actividad principal, lo que tendría que dar lugar a un excedente disponible que permite determinar
una cuota sostenible y proteger la resiliencia financiera del hogar (World Bank, 2013; 2021).
En el Apéndice 1, se encuentra un ejemplo referido en el Manual del Banco Mundial que
describe mejor la comprensión que debe tenerse de la medición de la capacidad de pago de las
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1772
UEF con actividad productiva tomado como base los patrones observados en la región de América
Latina.
Ahora bien, sin restar importancia a los temas abordados en este inciso, es necesario
destacar la relevancia del sobreendeudamiento, dado que ha sido mencionado en varias
oportunidades y seguirá siéndolo hacia delante en el artículo. Este fenómeno constituye un gran
riesgo en la actividad microfinanciera, porque compromete la capacidad de pago de las UEF,
reduciendo drásticamente sus ingresos disponibles y generando un empobrecimiento mayor o una
vulnerabilidad superior a la que tenían previamente.
En consecuencia, el deterioro afecta su bienestar y resiliencia financiera, con consecuencias
que trascienden el ámbito económico: se profundiza la exclusión social, se debilitan las redes de
apoyo y se incrementa la inseguridad en los hogares pobres. Aunque el sobreendeudamiento
también impacta la sostenibilidad institucional y el sistema financiero en general, el daño más
grave recae sobre las personas y comunidades vulnerables, que carecen de mecanismos de
protección comparables a los de las entidades. Por ello, la prevención y mitigación del
sobreendeudamiento son esenciales para salvaguardar la misión social de las microfinanzas y
evitar que la inclusión financiera se convierta en un factor de mayor fragilidad (CERISE+SPTF,
2022; Rozas, 2024).
Los datos del Global Findex 2021 (encuesta y base de datos sobre inclusión financiera del
Banco Mundial), evidencian avances significativos en el acceso a servicios financieros y en el
uso de pagos digitales, pero también brechas de uso y resiliencia financiera, lo que plantea la
necesidad de contar con métricas centradas en resultados del cliente, aspecto este última sobre el
que hace énfasis la literatura reciente, para evaluar el impacto real de las microfinanzas.
En este sentido, debe quedar claro que este artículo no desarrolla ni aplica dichas métricas.
Su alcance es conceptual y cualitativo, orientado a analizar la coherencia del modelo híbrido con
la filosofía original en contextos de alta informalidad. La mención de estas métricas busca
subrayar su relevancia como tendencia sectorial y como desafío pendiente para futuras
investigaciones (CERISE+SPTF, 2022; Demirgüç-Kunt et al., 2022; CGAP, 2025)
METODOLOGÍA
El artículo adopta un enfoque esencialmente cualitativo orientado al análisis conceptual del
modelo híbrido de microfinanzas y su coherencia con la filosofía original en contextos de alta
informalidad, caracterizados por unidades económicas familiares (UEF) con ingresos volátiles,
baja trazabilidad y fuerte dependencia de redes sociales (Armendáriz & Morduch, 2010; World
Bank, 2021). Para ello se combina una revisión crítica de literatura que abarca el periodo 1999–
2025, integrando obras fundacionales y evidencia reciente sobre desempeño social, protección al
cliente y digitalización del crédito (Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007; CERISE+SPTF, 2022;
UEF con actividad productiva tomado como base los patrones observados en la región de América
Latina.
Ahora bien, sin restar importancia a los temas abordados en este inciso, es necesario
destacar la relevancia del sobreendeudamiento, dado que ha sido mencionado en varias
oportunidades y seguirá siéndolo hacia delante en el artículo. Este fenómeno constituye un gran
riesgo en la actividad microfinanciera, porque compromete la capacidad de pago de las UEF,
reduciendo drásticamente sus ingresos disponibles y generando un empobrecimiento mayor o una
vulnerabilidad superior a la que tenían previamente.
En consecuencia, el deterioro afecta su bienestar y resiliencia financiera, con consecuencias
que trascienden el ámbito económico: se profundiza la exclusión social, se debilitan las redes de
apoyo y se incrementa la inseguridad en los hogares pobres. Aunque el sobreendeudamiento
también impacta la sostenibilidad institucional y el sistema financiero en general, el daño más
grave recae sobre las personas y comunidades vulnerables, que carecen de mecanismos de
protección comparables a los de las entidades. Por ello, la prevención y mitigación del
sobreendeudamiento son esenciales para salvaguardar la misión social de las microfinanzas y
evitar que la inclusión financiera se convierta en un factor de mayor fragilidad (CERISE+SPTF,
2022; Rozas, 2024).
Los datos del Global Findex 2021 (encuesta y base de datos sobre inclusión financiera del
Banco Mundial), evidencian avances significativos en el acceso a servicios financieros y en el
uso de pagos digitales, pero también brechas de uso y resiliencia financiera, lo que plantea la
necesidad de contar con métricas centradas en resultados del cliente, aspecto este última sobre el
que hace énfasis la literatura reciente, para evaluar el impacto real de las microfinanzas.
En este sentido, debe quedar claro que este artículo no desarrolla ni aplica dichas métricas.
Su alcance es conceptual y cualitativo, orientado a analizar la coherencia del modelo híbrido con
la filosofía original en contextos de alta informalidad. La mención de estas métricas busca
subrayar su relevancia como tendencia sectorial y como desafío pendiente para futuras
investigaciones (CERISE+SPTF, 2022; Demirgüç-Kunt et al., 2022; CGAP, 2025)
METODOLOGÍA
El artículo adopta un enfoque esencialmente cualitativo orientado al análisis conceptual del
modelo híbrido de microfinanzas y su coherencia con la filosofía original en contextos de alta
informalidad, caracterizados por unidades económicas familiares (UEF) con ingresos volátiles,
baja trazabilidad y fuerte dependencia de redes sociales (Armendáriz & Morduch, 2010; World
Bank, 2021). Para ello se combina una revisión crítica de literatura que abarca el periodo 1999–
2025, integrando obras fundacionales y evidencia reciente sobre desempeño social, protección al
cliente y digitalización del crédito (Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007; CERISE+SPTF, 2022;
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1773
CGAP, 2025), con evidencia cualitativa levantada en Bolivia, país referente mundial en general
y de ALC en particular en microfinanzas.
En este sentido, se procedió con esta evidencia, para complementar el análisis teórico y
documental de manera objetiva, la que consistió en aplicar una estrategia cualitativa estructurada
basada en entrevistas semiestructuradas dirigidas a funcionarios clave del área crediticia de
algunas entidades financieras del país, pero con actividad en microfinanzas, ya sea como producto
ofertado, porque su origen fue en microfinanzas o por que mantiene la actividad original. El
objetivo de este componente metodológico fue caracterizar las prácticas operativas y los criterios
aplicados en la gestión del microcrédito en la actualidad, entendiendo las diferencias según el tipo
de institución y la evolución histórica de cada modelo.
Para ello, se desplegaron en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, sede central de la
Universidad y ciudad en la que operan absolutamente todas las entidades financieras que tiene el
país, dos equipos de estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Financiera de la
Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) S.A., cada uno con 4 a 5 estudiantes.
La muestra estuvo compuesta por seis entidades financieras que se mantendrán en el
anonimato a solicitud de ellas mismas, dado que, por la intensa competencia que existe en el país
prefieren no ser puestas en evidencia de manera formal, estas fueron clasificadas en tres grupos
de acuerdo con su origen y modelo operativo, estando, por un lado, los bancos comerciales
tradicionales, que incorporaron el microcrédito entre sus líneas de negocio.
Por otro, los bancos que originalmente fueron instituciones de microfinanzas puras, pero
posteriormente se transformaron en entidades de intermediación financiera de mayor escala y,
finalmente, las entidades de microfinanzas que conservan la filosofía original del microcrédito,
operando con metodologías clásicas de atención a población vulnerable, urbana y rural, con
créditos grupal, mancomunado e individual progresivo.
En cada una de las seis entidades se entrevistó a un funcionario de alto nivel del área de
crédito por ser quienes tienen muy clara la definición de los productos y poseen conocimiento
directo y aplicación rigurosa en la práctica del proceso crediticio referido a promoción, solicitud,
evaluación, aprobación, sistematización, desembolso, seguimiento y cobranza.
Las entrevistas fueron personales con una duración promedio de 45 a 60 minutos, y
siguieron una guía común de preguntas estructurada en tres ejes: primero, portafolio de productos
de microcrédito ofrecidos por la entidad (tipología, montos, plazos, garantías, costos, nichos de
mercado, segundo, descripción detallada del proceso crediticio contemplando prospección,
evaluación, verificación, análisis de capacidad de pago, aprobación, desembolso y seguimiento y,
tercero, criterios institucionales de inclusión financiera, como adaptación del producto a
segmentos vulnerables, metodologías vigentes (grupal, mancomunado, individual escalonado),
uso de garantías no convencionales y políticas de riesgo.
CGAP, 2025), con evidencia cualitativa levantada en Bolivia, país referente mundial en general
y de ALC en particular en microfinanzas.
En este sentido, se procedió con esta evidencia, para complementar el análisis teórico y
documental de manera objetiva, la que consistió en aplicar una estrategia cualitativa estructurada
basada en entrevistas semiestructuradas dirigidas a funcionarios clave del área crediticia de
algunas entidades financieras del país, pero con actividad en microfinanzas, ya sea como producto
ofertado, porque su origen fue en microfinanzas o por que mantiene la actividad original. El
objetivo de este componente metodológico fue caracterizar las prácticas operativas y los criterios
aplicados en la gestión del microcrédito en la actualidad, entendiendo las diferencias según el tipo
de institución y la evolución histórica de cada modelo.
Para ello, se desplegaron en la ciudad de Cochabamba – Bolivia, sede central de la
Universidad y ciudad en la que operan absolutamente todas las entidades financieras que tiene el
país, dos equipos de estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Financiera de la
Universidad Privada del Valle (UNIVALLE) S.A., cada uno con 4 a 5 estudiantes.
La muestra estuvo compuesta por seis entidades financieras que se mantendrán en el
anonimato a solicitud de ellas mismas, dado que, por la intensa competencia que existe en el país
prefieren no ser puestas en evidencia de manera formal, estas fueron clasificadas en tres grupos
de acuerdo con su origen y modelo operativo, estando, por un lado, los bancos comerciales
tradicionales, que incorporaron el microcrédito entre sus líneas de negocio.
Por otro, los bancos que originalmente fueron instituciones de microfinanzas puras, pero
posteriormente se transformaron en entidades de intermediación financiera de mayor escala y,
finalmente, las entidades de microfinanzas que conservan la filosofía original del microcrédito,
operando con metodologías clásicas de atención a población vulnerable, urbana y rural, con
créditos grupal, mancomunado e individual progresivo.
En cada una de las seis entidades se entrevistó a un funcionario de alto nivel del área de
crédito por ser quienes tienen muy clara la definición de los productos y poseen conocimiento
directo y aplicación rigurosa en la práctica del proceso crediticio referido a promoción, solicitud,
evaluación, aprobación, sistematización, desembolso, seguimiento y cobranza.
Las entrevistas fueron personales con una duración promedio de 45 a 60 minutos, y
siguieron una guía común de preguntas estructurada en tres ejes: primero, portafolio de productos
de microcrédito ofrecidos por la entidad (tipología, montos, plazos, garantías, costos, nichos de
mercado, segundo, descripción detallada del proceso crediticio contemplando prospección,
evaluación, verificación, análisis de capacidad de pago, aprobación, desembolso y seguimiento y,
tercero, criterios institucionales de inclusión financiera, como adaptación del producto a
segmentos vulnerables, metodologías vigentes (grupal, mancomunado, individual escalonado),
uso de garantías no convencionales y políticas de riesgo.
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1774
Posteriormente, laa información obtenida se sistematizó mediante análisis cualitativo
temático, utilizando una matriz de doble entrada, en la primera columna las etapas del proceso y
en la primera fila, las entidades y los tipos de productos que se otorgan, permitiendo identificar
patrones comunes y diferencias relevantes entre los tres tipos de entidades, así como contrastar la
práctica operativa real con los marcos teóricos y regulatorios vistos en el artículo. La
interpretación de la observación obtenida se ve en más detalle en el Apéndice 2.
De esta manera, la pregunta central que orienta el estudio es si el modelo híbrido vigente
mantiene la filosofía original de las microfinanzas, basada en proximidad, capital social y atención
a la UEF, o si se observa una transición hacia lógicas de banca comercial con riesgo de alejamiento
de la misión (Morduch, 2000; Roodman, 2012).
Para lograr una formulación general, y de manera gradual de la respuesta, se construyó un
marco analítico que articula cuatro ejes operativos: precio, riesgo, diseño de productos y
gobernanza. Estos ejes se contrastan con prácticas tradicionales y con estándares contemporáneos
de desempeño social y protección, como los Universal Standards for Social and Environmental
Performance Management y la guía de crédito digital responsable (CERISE+SPTF, 2022; CGAP,
2025).
En consecuencia, el procedimiento permitió observar el comportamiento de variables como
proximidad, capital social, formalidad documental, flexibilidad operativa, digitalización y
mecanismos de protección al cliente, y su triangulación con la literatura y los estándares
mencionados.
El análisis se orienta a la coherencia conceptual y no incluye datos primarios ni bases
individuales publicables; se privilegia la interpretación cualitativa y la construcción de
explicaciones razonables y coherentes con la evidencia disponible, sin pretender demostrar
relaciones de causa – efecto estrictamente, con inferencias causales. Se adoptaron criterios éticos
de protección de identidad institucional y se reconoce que de manera premeditada para esta
primera investigación sobre el tema no se tomaron en cuenta los precios, por ser una variable cuya
determinación responde a características muy propias de cada país y de lo que se trata es de dar
una connotación universal al artículo, al igual que con las métricas de resultados del cliente
(bienestar, resiliencia), pero sí resaltando que hubo una delimitación geográfica a Bolivia por las
razones expuestas.
Las recomendaciones derivadas de la investigación se alinean con los principios de
protección al cliente y desempeño social, incluyendo transparencia, prevención y mitigación del
sobreendeudamiento, flexibilidad de planes de pago y digitalización responsable
(CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025). Véase Apéndice 2.
Finalmente, se sugieren líneas futuras de investigación con diseño mixto que combinen
paneles de cartera y encuestas a clientes, pruebas A/B sobre alertas tempranas y flexibilidad
Posteriormente, laa información obtenida se sistematizó mediante análisis cualitativo
temático, utilizando una matriz de doble entrada, en la primera columna las etapas del proceso y
en la primera fila, las entidades y los tipos de productos que se otorgan, permitiendo identificar
patrones comunes y diferencias relevantes entre los tres tipos de entidades, así como contrastar la
práctica operativa real con los marcos teóricos y regulatorios vistos en el artículo. La
interpretación de la observación obtenida se ve en más detalle en el Apéndice 2.
De esta manera, la pregunta central que orienta el estudio es si el modelo híbrido vigente
mantiene la filosofía original de las microfinanzas, basada en proximidad, capital social y atención
a la UEF, o si se observa una transición hacia lógicas de banca comercial con riesgo de alejamiento
de la misión (Morduch, 2000; Roodman, 2012).
Para lograr una formulación general, y de manera gradual de la respuesta, se construyó un
marco analítico que articula cuatro ejes operativos: precio, riesgo, diseño de productos y
gobernanza. Estos ejes se contrastan con prácticas tradicionales y con estándares contemporáneos
de desempeño social y protección, como los Universal Standards for Social and Environmental
Performance Management y la guía de crédito digital responsable (CERISE+SPTF, 2022; CGAP,
2025).
En consecuencia, el procedimiento permitió observar el comportamiento de variables como
proximidad, capital social, formalidad documental, flexibilidad operativa, digitalización y
mecanismos de protección al cliente, y su triangulación con la literatura y los estándares
mencionados.
El análisis se orienta a la coherencia conceptual y no incluye datos primarios ni bases
individuales publicables; se privilegia la interpretación cualitativa y la construcción de
explicaciones razonables y coherentes con la evidencia disponible, sin pretender demostrar
relaciones de causa – efecto estrictamente, con inferencias causales. Se adoptaron criterios éticos
de protección de identidad institucional y se reconoce que de manera premeditada para esta
primera investigación sobre el tema no se tomaron en cuenta los precios, por ser una variable cuya
determinación responde a características muy propias de cada país y de lo que se trata es de dar
una connotación universal al artículo, al igual que con las métricas de resultados del cliente
(bienestar, resiliencia), pero sí resaltando que hubo una delimitación geográfica a Bolivia por las
razones expuestas.
Las recomendaciones derivadas de la investigación se alinean con los principios de
protección al cliente y desempeño social, incluyendo transparencia, prevención y mitigación del
sobreendeudamiento, flexibilidad de planes de pago y digitalización responsable
(CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025). Véase Apéndice 2.
Finalmente, se sugieren líneas futuras de investigación con diseño mixto que combinen
paneles de cartera y encuestas a clientes, pruebas A/B sobre alertas tempranas y flexibilidad
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1775
operativa, y la incorporación de métricas centradas en resultados del cliente (Demirgüç-Kunt et
al., 2022).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los hallazgos cualitativos en Bolivia confirman la existencia de un gradiente de hibridación
en microfinanzas, que va desde instituciones que preservan la filosofía original, proximidad
territorial, capital social y evaluación a nivel de la UEF, hasta otras que incorporan prácticas de
banca comercial con mayores requisitos documentales, garantías hipotecarias y plazos extensos.
Esta heterogeneidad es consistente con la literatura que describe el tránsito histórico de la
sostenibilidad por costos completos, sin ningún tipo de subvención, ni bajo el criterio de asistencia
técnica ya, y la estandarización operativa, con el riesgo correlativo de desvío de la misión cuando
la búsqueda de eficiencia desplaza el foco de los hogares más vulnerables con actividad
productiva, sea de transformación o de prestación de servicios, a nivel micro y a veces pequeñas
empresas, hacia nichos más rentables (Morduch, 2000; Roodman, 2012).
Al mismo tiempo, al llevarse a cabo estas actividades en los entornos de alta informalidad,
con ingresos volátiles, baja trazabilidad y fuerte dependencia de redes de confianza, hacen que la
filosofía original siga siendo no solo pertinente, sino operativamente más eficaz para promover la
inclusión, fortalecer la disciplina de pago y generar impacto en las UEF (Ledgerwood, 1999;
Armendáriz & Morduch, 2010; World Bank, 2021).
Así, el análisis transversal por etapas del proceso crediticio muestra que la proximidad es
más intensa en modelos comunales y solidarios, donde se observan reuniones frecuentes,
capacitación y responsabilidad mancomunada/solidaria, que actúan como mecanismos de
reducción de asimetrías y presión social del repago, lo que es parte inherente a su diseño, ya que
estas metodologías, se realizan “in situ”, en el lugar donde se encuentra la UEF (Ledgerwood,
1999; Yunus, 2007).
En cuanto a los productos individuales con origen microfinanciero (micro y en algunos
casos incluso, pequeños créditos), se mantiene mayormente la evaluación a nivel de las UEF,
mientras que, en esquemas adoptados por la banca comercial, se incrementa la formalidad
documental (la credencia tributaria y flujos de caja), mitigando riesgo mediante colaterales y
comités, pero potencialmente elevando barreras de acceso para las UEF con trazabilidad limitada
(Armendáriz & Morduch, 2010; Morduch, 2000).
En el caso agropecuario específicamente, se constata una buena práctica, ya que hay un
calce entre los planes de pago y el seguimiento por ciclo productivo, lo que aumenta la
probabilidad de repago y resiliencia ante shocks estacionales y climáticos (World Bank, 2021;
CERISE+SPTF, 2022).
Desde el eje precio, aunque la evidencia de campo no aporta tasas ni comisiones, la
presencia de garantías reales y plazos largos sugiere una determinación de precios acordes al
operativa, y la incorporación de métricas centradas en resultados del cliente (Demirgüç-Kunt et
al., 2022).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los hallazgos cualitativos en Bolivia confirman la existencia de un gradiente de hibridación
en microfinanzas, que va desde instituciones que preservan la filosofía original, proximidad
territorial, capital social y evaluación a nivel de la UEF, hasta otras que incorporan prácticas de
banca comercial con mayores requisitos documentales, garantías hipotecarias y plazos extensos.
Esta heterogeneidad es consistente con la literatura que describe el tránsito histórico de la
sostenibilidad por costos completos, sin ningún tipo de subvención, ni bajo el criterio de asistencia
técnica ya, y la estandarización operativa, con el riesgo correlativo de desvío de la misión cuando
la búsqueda de eficiencia desplaza el foco de los hogares más vulnerables con actividad
productiva, sea de transformación o de prestación de servicios, a nivel micro y a veces pequeñas
empresas, hacia nichos más rentables (Morduch, 2000; Roodman, 2012).
Al mismo tiempo, al llevarse a cabo estas actividades en los entornos de alta informalidad,
con ingresos volátiles, baja trazabilidad y fuerte dependencia de redes de confianza, hacen que la
filosofía original siga siendo no solo pertinente, sino operativamente más eficaz para promover la
inclusión, fortalecer la disciplina de pago y generar impacto en las UEF (Ledgerwood, 1999;
Armendáriz & Morduch, 2010; World Bank, 2021).
Así, el análisis transversal por etapas del proceso crediticio muestra que la proximidad es
más intensa en modelos comunales y solidarios, donde se observan reuniones frecuentes,
capacitación y responsabilidad mancomunada/solidaria, que actúan como mecanismos de
reducción de asimetrías y presión social del repago, lo que es parte inherente a su diseño, ya que
estas metodologías, se realizan “in situ”, en el lugar donde se encuentra la UEF (Ledgerwood,
1999; Yunus, 2007).
En cuanto a los productos individuales con origen microfinanciero (micro y en algunos
casos incluso, pequeños créditos), se mantiene mayormente la evaluación a nivel de las UEF,
mientras que, en esquemas adoptados por la banca comercial, se incrementa la formalidad
documental (la credencia tributaria y flujos de caja), mitigando riesgo mediante colaterales y
comités, pero potencialmente elevando barreras de acceso para las UEF con trazabilidad limitada
(Armendáriz & Morduch, 2010; Morduch, 2000).
En el caso agropecuario específicamente, se constata una buena práctica, ya que hay un
calce entre los planes de pago y el seguimiento por ciclo productivo, lo que aumenta la
probabilidad de repago y resiliencia ante shocks estacionales y climáticos (World Bank, 2021;
CERISE+SPTF, 2022).
Desde el eje precio, aunque la evidencia de campo no aporta tasas ni comisiones, la
presencia de garantías reales y plazos largos sugiere una determinación de precios acordes al
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1776
riesgo (“pricing por riesgo”) en instituciones más comerciales, frente a las de micro y pequeños
montos de préstamo y disciplina social en modelos comunales/solidarios. Esta diversidad plantea
la necesidad de reforzar la transparencia de precios y la evaluación de asequibilidad en relación
con los flujos a nivel de las UEF, de acuerdo con los Universal Standards for Social and
Environmental Performance Management (CERISE+SPTF, 2022) y con la discusión sobre
subsidios persistentes en el modelo de negocio microfinanciero (Cull, Demirgüç-Kunt, &
Morduch, 2018).
Por el lado del riesgo, se observa una estructura diferenciada: cohesión social y
responsabilidad compartida en modelos grupales; evaluación personalizada de flujo y visitas
regulares en bancos especializados; y, garantías y comités en adopciones comerciales. La
evidencia agropecuaria, con planes de pago alineados a los ciclos de cosecha/cría, es coherente
con recomendaciones para contextos de informalidad y volatilidad (World Bank, 2021).
En este contexto, la literatura sugiere complementar la prevención con mitigación efectiva
del sobreendeudamiento, mediante alertas tempranas, reprogramaciones responsables cuando sea
necesario y apoyo para búsqueda de soluciones, no de penalizaciones por el nicho poblacional
que trata (CERISE+SPTF, 2022; Rozas, 2024).
Respecto a productos, los modelos comunales y solidarios preservan la disciplina y
educación financiera, con transiciones controladas hacia el crédito individual para clientas con
historial, lo que reduce el riesgo de selección adversa y fortalece la trayectoria crediticia
(Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007).
En adopciones comerciales, la oferta que prioriza comercio/servicios y PYME, junto a
mayores exigencias documentales, puede ser funcional para la escalabilidad y la gestión de riesgo,
pero debe evitar la exclusión de las UEF en alta informalidad mediante productos flexibles
(períodos de gracia, calces estacionales) y evaluación integrada del hogar-negocio, o sea las UEF
con actividad productiva (Armendáriz & Morduch, 2010; CERISE+SPTF, 2022).
En cuanto a la gobernanza, coexisten reglas grupales y aprobación colectiva (que sostienen
la responsabilidad social del repago) con comités formales y registros en “sistema núcleo
bancario” (core banking). Esta dualidad es la esencia del modelo híbrido. La digitalización,
registro, monitoreo, notificaciones, mejora eficiencia y cobertura, pero introduce riesgos nuevos:
exclusión por requisitos digitales, perfiles automatizados con posibles sesgos, y desafíos de
privacidad y consentimiento (CGAP, 2025; CERISE+SPTF, 2022).
Por ello, los principios de crédito digital responsable deben incorporarse explícitamente:
transparencia algorítmica, uso responsable de datos, canales de quejas accesibles y monitoreo de
impactos en clientes vulnerables (CGAP, 2025; CFI, 2020).
Un punto transversal de la discusión es la necesidad de medir resultados del cliente,
bienestar, resiliencia, protección, más allá de acceso y uso. La convergencia entre la evidencia
cualitativa y la literatura sugiere que los modelos con mayor proximidad y capital social tienden
riesgo (“pricing por riesgo”) en instituciones más comerciales, frente a las de micro y pequeños
montos de préstamo y disciplina social en modelos comunales/solidarios. Esta diversidad plantea
la necesidad de reforzar la transparencia de precios y la evaluación de asequibilidad en relación
con los flujos a nivel de las UEF, de acuerdo con los Universal Standards for Social and
Environmental Performance Management (CERISE+SPTF, 2022) y con la discusión sobre
subsidios persistentes en el modelo de negocio microfinanciero (Cull, Demirgüç-Kunt, &
Morduch, 2018).
Por el lado del riesgo, se observa una estructura diferenciada: cohesión social y
responsabilidad compartida en modelos grupales; evaluación personalizada de flujo y visitas
regulares en bancos especializados; y, garantías y comités en adopciones comerciales. La
evidencia agropecuaria, con planes de pago alineados a los ciclos de cosecha/cría, es coherente
con recomendaciones para contextos de informalidad y volatilidad (World Bank, 2021).
En este contexto, la literatura sugiere complementar la prevención con mitigación efectiva
del sobreendeudamiento, mediante alertas tempranas, reprogramaciones responsables cuando sea
necesario y apoyo para búsqueda de soluciones, no de penalizaciones por el nicho poblacional
que trata (CERISE+SPTF, 2022; Rozas, 2024).
Respecto a productos, los modelos comunales y solidarios preservan la disciplina y
educación financiera, con transiciones controladas hacia el crédito individual para clientas con
historial, lo que reduce el riesgo de selección adversa y fortalece la trayectoria crediticia
(Ledgerwood, 1999; Yunus, 2007).
En adopciones comerciales, la oferta que prioriza comercio/servicios y PYME, junto a
mayores exigencias documentales, puede ser funcional para la escalabilidad y la gestión de riesgo,
pero debe evitar la exclusión de las UEF en alta informalidad mediante productos flexibles
(períodos de gracia, calces estacionales) y evaluación integrada del hogar-negocio, o sea las UEF
con actividad productiva (Armendáriz & Morduch, 2010; CERISE+SPTF, 2022).
En cuanto a la gobernanza, coexisten reglas grupales y aprobación colectiva (que sostienen
la responsabilidad social del repago) con comités formales y registros en “sistema núcleo
bancario” (core banking). Esta dualidad es la esencia del modelo híbrido. La digitalización,
registro, monitoreo, notificaciones, mejora eficiencia y cobertura, pero introduce riesgos nuevos:
exclusión por requisitos digitales, perfiles automatizados con posibles sesgos, y desafíos de
privacidad y consentimiento (CGAP, 2025; CERISE+SPTF, 2022).
Por ello, los principios de crédito digital responsable deben incorporarse explícitamente:
transparencia algorítmica, uso responsable de datos, canales de quejas accesibles y monitoreo de
impactos en clientes vulnerables (CGAP, 2025; CFI, 2020).
Un punto transversal de la discusión es la necesidad de medir resultados del cliente,
bienestar, resiliencia, protección, más allá de acceso y uso. La convergencia entre la evidencia
cualitativa y la literatura sugiere que los modelos con mayor proximidad y capital social tienden
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1777
a proteger mejor a las UEF en la informalidad, pero esto debe verificarse con métricas alineadas
a estándares internacionales (Demirgüç-Kunt et al., 2022; CERISE+SPTF, 2022). Si bien hay
ausencia de datos de precios e indicadores de resultados en la evidencia de campo, la consistencia
conceptual observada permite formular hipótesis operativas para futuros estudios.
Con base en lo anterior, se plantea entender la hibridación como un continuo: en un
extremo, instituciones microfinancieras de origen mantienen la filosofía original con arreglos
grupales y evaluación de las UEF; en el medio, bancos especializados combinan proximidad y
gestión bancaria con estándares de protección; en el otro extremo, adopciones comerciales de
microfinanzas priorizan formalidad y escalabilidad, con riesgos de deriva de misión si no se
integran mecanismos robustos de inclusión y protección (Morduch, 2000; Roodman, 2012;
CERISE+SPTF, 2022).
Este continuo no implica ni una transición lineal ni una evaluación gradual de un extremo
al otro, es una coexistencia simultánea de diferentes grados de hibridación en el sector, por esta
razón es que permite derivar una matriz de coherencia: precio, riesgo, productos, gobernanza por
etapas, que sirva como herramienta de gestión para realinear prácticas hacia las UEF en alta
informalidad, la que se muestra en la Tabla 2:
Tabla 2
Matriz de coherencia
Etapas del
ciclo
Precio
(transparencia,
asequibilidad)
Riesgo (evaluación
UEF, mitigación)
Productos
(flexibilidad,
adaptación)
Gobernanza
(alineación
misión,
protección)
Promoción Información clara
sobre costos
Identificación de
vulnerabilidad
Oferta adaptada a
informalidad
Comunicación de
estándares de
protección
Solicitud Sin costos ocultos Recolección de datos
UEF
Documentación
flexible
Procedimientos
simples y
accesibles
Evaluación Precios
responsables
Evaluación integral
hogar-negocio
Ajuste a ciclos
productivos
Comité con
criterios sociales
Aprobación Validación de
asequibilidad
Mitigación del
sobreendeudamiento
Inclusión de
períodos de gracia
Transparencia en
decisiones
Desembolso Sin cargos
adicionales
Calce con cronograma
productivo
Desembolso
oportuno
Contratos claros y
comprensibles
Seguimiento Control de costos
adicionales Alertas tempranas Ajustes ante shocks
Supervisión social
y canales de
quejas
Cobranza Evitar prácticas
abusivas
Reestructuración
responsable
Refinanciamiento
adaptado
Protección frente a
coerción
Fuente: elaboración propia
La matriz se construyó deductivamente a partir del marco teórico, considerando el principio
de precio responsable, la sostenibilidad y escalabilidad, inclusión con calidad, y riesgo de desvío
a proteger mejor a las UEF en la informalidad, pero esto debe verificarse con métricas alineadas
a estándares internacionales (Demirgüç-Kunt et al., 2022; CERISE+SPTF, 2022). Si bien hay
ausencia de datos de precios e indicadores de resultados en la evidencia de campo, la consistencia
conceptual observada permite formular hipótesis operativas para futuros estudios.
Con base en lo anterior, se plantea entender la hibridación como un continuo: en un
extremo, instituciones microfinancieras de origen mantienen la filosofía original con arreglos
grupales y evaluación de las UEF; en el medio, bancos especializados combinan proximidad y
gestión bancaria con estándares de protección; en el otro extremo, adopciones comerciales de
microfinanzas priorizan formalidad y escalabilidad, con riesgos de deriva de misión si no se
integran mecanismos robustos de inclusión y protección (Morduch, 2000; Roodman, 2012;
CERISE+SPTF, 2022).
Este continuo no implica ni una transición lineal ni una evaluación gradual de un extremo
al otro, es una coexistencia simultánea de diferentes grados de hibridación en el sector, por esta
razón es que permite derivar una matriz de coherencia: precio, riesgo, productos, gobernanza por
etapas, que sirva como herramienta de gestión para realinear prácticas hacia las UEF en alta
informalidad, la que se muestra en la Tabla 2:
Tabla 2
Matriz de coherencia
Etapas del
ciclo
Precio
(transparencia,
asequibilidad)
Riesgo (evaluación
UEF, mitigación)
Productos
(flexibilidad,
adaptación)
Gobernanza
(alineación
misión,
protección)
Promoción Información clara
sobre costos
Identificación de
vulnerabilidad
Oferta adaptada a
informalidad
Comunicación de
estándares de
protección
Solicitud Sin costos ocultos Recolección de datos
UEF
Documentación
flexible
Procedimientos
simples y
accesibles
Evaluación Precios
responsables
Evaluación integral
hogar-negocio
Ajuste a ciclos
productivos
Comité con
criterios sociales
Aprobación Validación de
asequibilidad
Mitigación del
sobreendeudamiento
Inclusión de
períodos de gracia
Transparencia en
decisiones
Desembolso Sin cargos
adicionales
Calce con cronograma
productivo
Desembolso
oportuno
Contratos claros y
comprensibles
Seguimiento Control de costos
adicionales Alertas tempranas Ajustes ante shocks
Supervisión social
y canales de
quejas
Cobranza Evitar prácticas
abusivas
Reestructuración
responsable
Refinanciamiento
adaptado
Protección frente a
coerción
Fuente: elaboración propia
La matriz se construyó deductivamente a partir del marco teórico, considerando el principio
de precio responsable, la sostenibilidad y escalabilidad, inclusión con calidad, y riesgo de desvío
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1778
de la misión, definiendo los ejes de análisis y los criterios de coherencia esperados para cada tipo
de entidad y producto. Sobre esa estructura, se llenaron las celdas con evidencia empírica
proveniente de las entrevistas, como hallazgos en proceso crediticio, segmentación, fijación de
precios, garantías y seguimiento, lo que permitió contrastar prácticas observadas con los
estándares teóricos y apreciar el nivel de coherencia de forma comparativa. En síntesis, la matriz
nace del marco teórico y se valida con los datos, facilitando visualizar afinidades y brechas entre
lo normativo y lo operativo.
Para hacerla más completa esta matriz, lo ideal sería abrir una columna identificada como
“Resultados para el cliente”, ya que Global Findex no sólo refleja “acceso” sino también “uso”,
y ante todo resultados asociados a la resiliencia financiera, que contando con resultados esperados
sobre los cambios observables en el comportamiento financiero del cliente y la propia resiliencia
(“outcomes”) atribuibles al uso de servicios, permitiría contar con efectos observables en el
bienestar financiero de los clientes pero dadas las limitaciones en la recolección de información,
se la llevó a cabo de manera muy focalizada al cumplimiento o no de la Filosofía de las
microfinanzas y la consiguiente hibridación, no se recolectó la información que permitiría inferir
esos “outcomes”, sugiriéndose dar paso a una siguiente etapa, como parte de un “plan de
ampliación” que se contemple (adicione) en la misma Tabla.
Las recomendaciones para fondeadores (financiadores) y reguladores es que deberían
considerar medidas que aseguren la inclusión sin afectar la necesaria sostenibilidad, tales como:
institucionalizar la evaluación a nivel de las UEF (negocio y hogar más pluriactividad, considerar
la estacionalidad en productos agropecuarios, asegurar la adopción de estándares de protección al
cliente, establecer lineamientos para el crédito digital responsable, transparencia de precios y
canales de quejas efectivos, diseñar productos flexibles (períodos de gracia, microseguros y
reprogramaciones cuando fuese necesarios) e incorporar métricas de resultados del cliente en la
gobernanza e impacto a la UEF (CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025; Demirgüç-Kunt et al.,
2022).
En consecuencia, estas medidas son coherentes dentro del contexto de la informalidad
persistente, y deberían ser condiciones necesarias para que la hibridación no derive en exclusión
(World Bank, 2021; OIT/ILOSTAT, 2023).
Es evidente que la evaluación a nivel de Unidad Económica Familiar (UEF) con actividad
productiva (microempresa) no solo mejora la precisión del análisis de la capacidad de pago, sino
que además permite una lectura más completa de la vulnerabilidad financiera y de los flujos
económicos del hogar emprendedor.
Es por eso por lo que se la tomará como ejemplo para sustentar mejor las recomendaciones
a los actores del ecosistema, para que los incentivos y los lineamientos normativas promuevan
metodologías de análisis enfocadas en el ese hogar emprendedor, lo que puede apoyarse en el
“Estándar 2B” de los Universal Standards for social and Environmental Performance
de la misión, definiendo los ejes de análisis y los criterios de coherencia esperados para cada tipo
de entidad y producto. Sobre esa estructura, se llenaron las celdas con evidencia empírica
proveniente de las entrevistas, como hallazgos en proceso crediticio, segmentación, fijación de
precios, garantías y seguimiento, lo que permitió contrastar prácticas observadas con los
estándares teóricos y apreciar el nivel de coherencia de forma comparativa. En síntesis, la matriz
nace del marco teórico y se valida con los datos, facilitando visualizar afinidades y brechas entre
lo normativo y lo operativo.
Para hacerla más completa esta matriz, lo ideal sería abrir una columna identificada como
“Resultados para el cliente”, ya que Global Findex no sólo refleja “acceso” sino también “uso”,
y ante todo resultados asociados a la resiliencia financiera, que contando con resultados esperados
sobre los cambios observables en el comportamiento financiero del cliente y la propia resiliencia
(“outcomes”) atribuibles al uso de servicios, permitiría contar con efectos observables en el
bienestar financiero de los clientes pero dadas las limitaciones en la recolección de información,
se la llevó a cabo de manera muy focalizada al cumplimiento o no de la Filosofía de las
microfinanzas y la consiguiente hibridación, no se recolectó la información que permitiría inferir
esos “outcomes”, sugiriéndose dar paso a una siguiente etapa, como parte de un “plan de
ampliación” que se contemple (adicione) en la misma Tabla.
Las recomendaciones para fondeadores (financiadores) y reguladores es que deberían
considerar medidas que aseguren la inclusión sin afectar la necesaria sostenibilidad, tales como:
institucionalizar la evaluación a nivel de las UEF (negocio y hogar más pluriactividad, considerar
la estacionalidad en productos agropecuarios, asegurar la adopción de estándares de protección al
cliente, establecer lineamientos para el crédito digital responsable, transparencia de precios y
canales de quejas efectivos, diseñar productos flexibles (períodos de gracia, microseguros y
reprogramaciones cuando fuese necesarios) e incorporar métricas de resultados del cliente en la
gobernanza e impacto a la UEF (CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025; Demirgüç-Kunt et al.,
2022).
En consecuencia, estas medidas son coherentes dentro del contexto de la informalidad
persistente, y deberían ser condiciones necesarias para que la hibridación no derive en exclusión
(World Bank, 2021; OIT/ILOSTAT, 2023).
Es evidente que la evaluación a nivel de Unidad Económica Familiar (UEF) con actividad
productiva (microempresa) no solo mejora la precisión del análisis de la capacidad de pago, sino
que además permite una lectura más completa de la vulnerabilidad financiera y de los flujos
económicos del hogar emprendedor.
Es por eso por lo que se la tomará como ejemplo para sustentar mejor las recomendaciones
a los actores del ecosistema, para que los incentivos y los lineamientos normativas promuevan
metodologías de análisis enfocadas en el ese hogar emprendedor, lo que puede apoyarse en el
“Estándar 2B” de los Universal Standards for social and Environmental Performance
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1779
Managament (CERISE+SPTF) en la versión del año 2022, que plantea que "El Proveedor de
Servicios Financieros evalúa la capacidad del cliente para hacer frente al crédito sin sobre
endeudarse" y, dentro de este, más específicamente la práctica esencial 2B.1, que recomienda
explícitamente que las entidades financieras utilicen información fiable y completa sobre los
ingresos, gastos y riesgos del cliente antes de otorgar un préstamo.
Esto significa que, en las herramientas a aplicarse para la evaluación integral de las UEF,
se garantice que los ingresos y gastos del hogar se incorporaren de manera estructurada y
sistemática en el análisis crediticio, lo cual es consistente con la dimensión del estándar que
enfatiza la comprensión del “contexto económico total del cliente” como condición para un
financiamiento responsable. Para los reguladores implica avanzar hacia guías técnica que
reconozcan formalmente la evaluación de las UEF como buena práctica que sin duda prevendrá
el sobreendeudamiento y promoverá un adecuado “empate” entre los marcos normativos y los
estándares globales en la gestión de desempeño social.
Definitvamente, se reitera que, en esta primera etapa de la investigación, no se incluyeron
precios ni métricas de resultados del cliente, porque los criterios de fijación y estructuras de costos
varían significativamente entre países, lo que dificultaría la generalización. Tampoco se aplicaron
indicadores de bienestar o resiliencia, dado que el objetivo fue realizar un análisis cualitativo
preliminar que permita comprender la relación entre la filosofía original y la hibridación en la
práctica. Este enfoque es suficiente para identificar patrones y riesgos en la nueva realidad de las
microfinanzas en América Latina en particular, sin perder de vista la esencia que motivó su
creación. Las métricas y análisis cuantitativos se proponen como líneas futuras para validar y
profundizar estos hallazgos.
Bajo estas consideraciones, la pregunta “¿transición o hibridación?” puede abordarse
empíricamente con mayor precisión, sin perder de vista que, en alta informalidad, la vigencia de
la filosofía original opera como componente funcional del desempeño. En otras palabras, los
valores y fundamentos que dieron origen a las microfinanzas se materializan en procesos y
decisiones proximidad, capital social, evaluación a nivel de las UEF, que influyen en la ejecución
y los resultados, más allá de ser declaraciones normativas (Ledgerwood, 1999; Armendáriz &
Morduch, 2010).
CONCLUSIONES
El estudio deja claramente establecido que las microfinanzas en América Latina y el Caribe
(AML) se desarrollan en un continuo de hibridación con gradientes, donde coexisten instituciones
que conservan la filosofía original, proximidad, capital social y atención a la unidad económica
familiar (UEF), con otras que adoptan prácticas bancarias más formales, y modelos intermedios
que intentan equilibrar inclusión y sostenibilidad (Ledgerwood, 1999; Armendáriz & Morduch,
2010; Morduch, 2000; Roodman, 2012). Esta coexistencia no implica una transición lineal, sino
Managament (CERISE+SPTF) en la versión del año 2022, que plantea que "El Proveedor de
Servicios Financieros evalúa la capacidad del cliente para hacer frente al crédito sin sobre
endeudarse" y, dentro de este, más específicamente la práctica esencial 2B.1, que recomienda
explícitamente que las entidades financieras utilicen información fiable y completa sobre los
ingresos, gastos y riesgos del cliente antes de otorgar un préstamo.
Esto significa que, en las herramientas a aplicarse para la evaluación integral de las UEF,
se garantice que los ingresos y gastos del hogar se incorporaren de manera estructurada y
sistemática en el análisis crediticio, lo cual es consistente con la dimensión del estándar que
enfatiza la comprensión del “contexto económico total del cliente” como condición para un
financiamiento responsable. Para los reguladores implica avanzar hacia guías técnica que
reconozcan formalmente la evaluación de las UEF como buena práctica que sin duda prevendrá
el sobreendeudamiento y promoverá un adecuado “empate” entre los marcos normativos y los
estándares globales en la gestión de desempeño social.
Definitvamente, se reitera que, en esta primera etapa de la investigación, no se incluyeron
precios ni métricas de resultados del cliente, porque los criterios de fijación y estructuras de costos
varían significativamente entre países, lo que dificultaría la generalización. Tampoco se aplicaron
indicadores de bienestar o resiliencia, dado que el objetivo fue realizar un análisis cualitativo
preliminar que permita comprender la relación entre la filosofía original y la hibridación en la
práctica. Este enfoque es suficiente para identificar patrones y riesgos en la nueva realidad de las
microfinanzas en América Latina en particular, sin perder de vista la esencia que motivó su
creación. Las métricas y análisis cuantitativos se proponen como líneas futuras para validar y
profundizar estos hallazgos.
Bajo estas consideraciones, la pregunta “¿transición o hibridación?” puede abordarse
empíricamente con mayor precisión, sin perder de vista que, en alta informalidad, la vigencia de
la filosofía original opera como componente funcional del desempeño. En otras palabras, los
valores y fundamentos que dieron origen a las microfinanzas se materializan en procesos y
decisiones proximidad, capital social, evaluación a nivel de las UEF, que influyen en la ejecución
y los resultados, más allá de ser declaraciones normativas (Ledgerwood, 1999; Armendáriz &
Morduch, 2010).
CONCLUSIONES
El estudio deja claramente establecido que las microfinanzas en América Latina y el Caribe
(AML) se desarrollan en un continuo de hibridación con gradientes, donde coexisten instituciones
que conservan la filosofía original, proximidad, capital social y atención a la unidad económica
familiar (UEF), con otras que adoptan prácticas bancarias más formales, y modelos intermedios
que intentan equilibrar inclusión y sostenibilidad (Ledgerwood, 1999; Armendáriz & Morduch,
2010; Morduch, 2000; Roodman, 2012). Esta coexistencia no implica una transición lineal, sino
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1780
una diversidad de enfoques que responden a presiones de eficiencia, escalabilidad y riesgos
propios de la alta informalidad.
La evidencia de campo en Bolivia muestra que la vigencia de la filosofía original persiste
donde se aplican metodologías de proximidad, evaluación integral a nivel de las UEF y
mecanismos de protección al cliente. En contraste, la formalización excesiva, documentación
compleja, garantías reales y “scoring” estandarizado, incrementa el riesgo de alejamiento de la
misión, desplazando el foco hacia segmentos más rentables y excluyendo a las UEF vulnerables.
Este hallazgo refuerza la necesidad de preservar prácticas adaptadas a la informalidad, como
planes de pago flexibles, estacionalidad de los pagos para la agroindustria y responsabilidad
solidaria en grupos.
El análisis también evidencia que la sostenibilidad financiera no debe lograrse a costa de
la inclusión. Para ello, se recomienda integrar estándares internacionales de protección
(CERISE+SPTF, 2022), avanzar hacia la mitigación efectiva del sobreendeudamiento (Rozas,
2024) y adoptar principios de crédito digital responsable (CGAP, 2025), considerando que la
digitalización, aunque mejora eficiencia, introduce riesgos de exclusión y privacidad. Asimismo,
la gobernanza institucional debe incorporar métricas centradas en resultados del cliente, bienestar,
resiliencia y protección, más allá del acceso o uso (Demirgüç-Kunt et al., 2022).
Este artículo, deliberadamente cualitativo, no incluyó precios ni métricas en esta etapa,
porque las estructuras de costos varían entre países y el objetivo fue comprender la relación entre
filosofía original e hibridación en la práctica. Este enfoque exploratorio es suficiente para
identificar patrones y riesgos en la nueva realidad de las microfinanzas en alta informalidad, sin
perder la esencia que motivó su creación. Las futuras investigaciones deben avanzar hacia diseños
mixtos que combinen estructuras de cartera, encuestas a clientes y pruebas A/B sobre alertas
tempranas y flexibilidades en planes de pago, validando empíricamente estas conclusiones y
asegurando que la inclusión financiera no se convierta en un factor de vulnerabilidad.
En síntesis, la pregunta “¿transición o hibridación?” se responde como un proceso de
hibridación con gradientes, donde la vigencia de la filosofía original se preserva cuando la
proximidad, el capital social y la evaluación a nivel de las UEF estructuran la operación; se
mantiene parcialmente en modelos que alinean estándares de protección y prácticas adaptadas; y
se debilita en esquemas comerciales con umbrales documentales y garantías que elevan barreras
de acceso. La coherencia del modelo exige institucionalizar prácticas y métricas que pongan a las
UEF, en alta informalidad, en el centro de la decisión, del diseño y del seguimiento, garantizando
protección y productos flexibles que respondan a su realidad. Solo así las microfinanzas podrán
seguir siendo un instrumento que apoye el desarrollo y resiliencia en América Latina
(Ledgerwood, 1999; Armendáriz & Morduch, 2010; CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025).
una diversidad de enfoques que responden a presiones de eficiencia, escalabilidad y riesgos
propios de la alta informalidad.
La evidencia de campo en Bolivia muestra que la vigencia de la filosofía original persiste
donde se aplican metodologías de proximidad, evaluación integral a nivel de las UEF y
mecanismos de protección al cliente. En contraste, la formalización excesiva, documentación
compleja, garantías reales y “scoring” estandarizado, incrementa el riesgo de alejamiento de la
misión, desplazando el foco hacia segmentos más rentables y excluyendo a las UEF vulnerables.
Este hallazgo refuerza la necesidad de preservar prácticas adaptadas a la informalidad, como
planes de pago flexibles, estacionalidad de los pagos para la agroindustria y responsabilidad
solidaria en grupos.
El análisis también evidencia que la sostenibilidad financiera no debe lograrse a costa de
la inclusión. Para ello, se recomienda integrar estándares internacionales de protección
(CERISE+SPTF, 2022), avanzar hacia la mitigación efectiva del sobreendeudamiento (Rozas,
2024) y adoptar principios de crédito digital responsable (CGAP, 2025), considerando que la
digitalización, aunque mejora eficiencia, introduce riesgos de exclusión y privacidad. Asimismo,
la gobernanza institucional debe incorporar métricas centradas en resultados del cliente, bienestar,
resiliencia y protección, más allá del acceso o uso (Demirgüç-Kunt et al., 2022).
Este artículo, deliberadamente cualitativo, no incluyó precios ni métricas en esta etapa,
porque las estructuras de costos varían entre países y el objetivo fue comprender la relación entre
filosofía original e hibridación en la práctica. Este enfoque exploratorio es suficiente para
identificar patrones y riesgos en la nueva realidad de las microfinanzas en alta informalidad, sin
perder la esencia que motivó su creación. Las futuras investigaciones deben avanzar hacia diseños
mixtos que combinen estructuras de cartera, encuestas a clientes y pruebas A/B sobre alertas
tempranas y flexibilidades en planes de pago, validando empíricamente estas conclusiones y
asegurando que la inclusión financiera no se convierta en un factor de vulnerabilidad.
En síntesis, la pregunta “¿transición o hibridación?” se responde como un proceso de
hibridación con gradientes, donde la vigencia de la filosofía original se preserva cuando la
proximidad, el capital social y la evaluación a nivel de las UEF estructuran la operación; se
mantiene parcialmente en modelos que alinean estándares de protección y prácticas adaptadas; y
se debilita en esquemas comerciales con umbrales documentales y garantías que elevan barreras
de acceso. La coherencia del modelo exige institucionalizar prácticas y métricas que pongan a las
UEF, en alta informalidad, en el centro de la decisión, del diseño y del seguimiento, garantizando
protección y productos flexibles que respondan a su realidad. Solo así las microfinanzas podrán
seguir siendo un instrumento que apoye el desarrollo y resiliencia en América Latina
(Ledgerwood, 1999; Armendáriz & Morduch, 2010; CERISE+SPTF, 2022; CGAP, 2025).
Vol. 13/ Núm. 2 2026 pág. 1781
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(relativa) disminución en la inclusión financiera global. Available at:
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