Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 927
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2436
Análisis de las medidas de sanción impuestas a las personas
adolescentes que cometen delitos graves en México
Analysis of the sanction measures imposed on adolescents who commit serious crimes
in Mexico
Karla Santuario Olvera
https://orcid.org/0009-0007-5630-124X
sa384666@uaeh.edu.mx
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Pachuca de Soto – México
Artículo recibido: 10 julio 2026- Aceptado para publicación:16 agosto 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
El presente estudio analiza la naturaleza, regulación y aplicación de las medidas de sanción
privativas, restrictivas y no privativas de la libertad impuestas a las personas adolescentes
responsables de hechos señalados como delitos graves en México. A partir del marco establecido
por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA),
particularmente sus artículos 31, 122, 145 y 164, así como por el artículo 18 constitucional, se
examinan el interés superior de la niñez, la excepcionalidad del internamiento, la diferenciación
por grupos etarios y el carácter socioeducativo de las medidas de sanción. La investigación emplea
una metodología dogmático-jurídica y documental, complementada con información estadística
institucional disponible sobre adolescentes sujetos al sistema de justicia penal. Se identifican
tensiones entre el diseño normativo y las condiciones materiales de ejecución de las medidas,
particularmente respecto del internamiento preventivo, la atención especializada y los procesos
de reintegración social y familiar. El análisis evidencia que la excepcionalidad jurídica del
internamiento requiere no solamente una aplicación estricta del catálogo previsto en el artículo
164, sino también una adecuada individualización judicial y condiciones institucionales que
permitan cumplir con la finalidad socioeducativa del sistema.
Palabras clave: Justicia penal para adolescentes, LNSIJPA, medidas de sanción,
internamiento, delitos graves, reintegración social
ABSTRACT
This study analyzes the nature, regulation, and application of custodial, restrictive, and non-
custodial sanction measures imposed on adolescents found responsible for serious criminal
offenses in Mexico. Based on the framework established by the National Law of the
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 928
Comprehensive Juvenile Criminal Justice System (LNSIJPA), particularly Articles 31, 122, 145,
and 164, as well as Article 18 of the Mexican Constitution, the study examines the best interests
of the child, the exceptional nature of detention, age-group differentiation, and the socio-
educational purpose of sanction measures. The research employs a dogmatic-legal and
documentary methodology, supplemented by available institutional statistical information
concerning adolescents subject to the juvenile justice system. The analysis identifies tensions
between the normative framework and the material conditions under which sanction measures are
implemented, particularly regarding preventive detention, specialized services, and social and
family reintegration. The findings suggest that the exceptional nature of detention requires not
only strict application of the catalog established in Article 164, but also proper judicial
individualization and institutional conditions capable of fulfilling the socio-educational purposes
of the juvenile justice system.
Keywords: Juvenile justice, LNSIJPA, sanction measures, detention, serious crimes, social
reintegration
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Comprehensive Juvenile Criminal Justice System (LNSIJPA), particularly Articles 31, 122, 145,
and 164, as well as Article 18 of the Mexican Constitution, the study examines the best interests
of the child, the exceptional nature of detention, age-group differentiation, and the socio-
educational purpose of sanction measures. The research employs a dogmatic-legal and
documentary methodology, supplemented by available institutional statistical information
concerning adolescents subject to the juvenile justice system. The analysis identifies tensions
between the normative framework and the material conditions under which sanction measures are
implemented, particularly regarding preventive detention, specialized services, and social and
family reintegration. The findings suggest that the exceptional nature of detention requires not
only strict application of the catalog established in Article 164, but also proper judicial
individualization and institutional conditions capable of fulfilling the socio-educational purposes
of the juvenile justice system.
Keywords: Juvenile justice, LNSIJPA, sanction measures, detention, serious crimes, social
reintegration
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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 929
INTRODUCCIÓN
La justicia penal para adolescentes en México ha experimentado una transformación
estructural durante las últimas décadas. El cambio del modelo tutelar hacia un sistema
especializado de responsabilidad penal significó reconocer a las personas adolescentes como
titulares de derechos y establecer un régimen diferenciado respecto del sistema de justicia penal
para personas adultas.
Este proceso se consolidó con la reforma constitucional al artículo 18 y, posteriormente,
con la expedición de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
(LNSIJPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. La Ley
establece un sistema especializado aplicable a quienes tengan entre doce años cumplidos y menos
de dieciocho años al momento de realizar un hecho señalado como delito. Asimismo, distingue
tres grupos etarios: de doce a menos de catorce años; de catorce a menos de dieciséis años; y de
dieciséis a menos de dieciocho años. (Cámara de Diputados)
El sistema mexicano responde también a los compromisos internacionales asumidos por el
Estado en materia de derechos de la infancia y justicia juvenil, particularmente la Convención
sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y la Observación
General núm. 24 del Comité de los Derechos del Niño.
Uno de los principales desafíos se encuentra en el tratamiento de las conductas de mayor
gravedad. El sistema debe conciliar la protección de los derechos de las personas adolescentes
con la obligación estatal de responder frente a hechos que lesionan bienes jurídicos de especial
relevancia. En este contexto, la LNSIJPA establece que las medidas privativas de la libertad
constituyen una medida extrema y excepcional, únicamente aplicable a personas adolescentes
mayores de catorce años y por el tiempo más breve que proceda. (Cámara de Diputados)
El artículo 145 de la LNSIJPA establece que las personas de doce años cumplidos y menos
de catorce años no pueden recibir medidas de sanción privativas de la libertad. Para quienes tenían
entre catorce y menos de dieciséis años al momento de la conducta, la duración máxima de las
medidas de sanción es de tres años, mientras que para quienes tenían entre dieciséis y menos de
dieciocho años es de cinco años. Las medidas privativas de libertad únicamente pueden imponerse
por las conductas establecidas en el artículo 164 de la propia Ley. (Cámara de Diputados)
l artículo 164 establece los supuestos en los que puede aplicarse el internamiento, entre
ellos determinados delitos en materia de secuestro y trata de personas, terrorismo, extorsión
agravada bajo las condiciones previstas por la Ley, determinados delitos contra la salud, delitos
relacionados con armas de fuego, homicidio doloso —incluido el feminicidio—, violación sexual,
determinadas lesiones dolosas y robo cometido con violencia física. (Cámara de Diputados)
La problemática no se limita, por tanto, a determinar cuándo puede imponerse
jurídicamente el internamiento. También resulta necesario analizar si las condiciones
INTRODUCCIÓN
La justicia penal para adolescentes en México ha experimentado una transformación
estructural durante las últimas décadas. El cambio del modelo tutelar hacia un sistema
especializado de responsabilidad penal significó reconocer a las personas adolescentes como
titulares de derechos y establecer un régimen diferenciado respecto del sistema de justicia penal
para personas adultas.
Este proceso se consolidó con la reforma constitucional al artículo 18 y, posteriormente,
con la expedición de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
(LNSIJPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. La Ley
establece un sistema especializado aplicable a quienes tengan entre doce años cumplidos y menos
de dieciocho años al momento de realizar un hecho señalado como delito. Asimismo, distingue
tres grupos etarios: de doce a menos de catorce años; de catorce a menos de dieciséis años; y de
dieciséis a menos de dieciocho años. (Cámara de Diputados)
El sistema mexicano responde también a los compromisos internacionales asumidos por el
Estado en materia de derechos de la infancia y justicia juvenil, particularmente la Convención
sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y la Observación
General núm. 24 del Comité de los Derechos del Niño.
Uno de los principales desafíos se encuentra en el tratamiento de las conductas de mayor
gravedad. El sistema debe conciliar la protección de los derechos de las personas adolescentes
con la obligación estatal de responder frente a hechos que lesionan bienes jurídicos de especial
relevancia. En este contexto, la LNSIJPA establece que las medidas privativas de la libertad
constituyen una medida extrema y excepcional, únicamente aplicable a personas adolescentes
mayores de catorce años y por el tiempo más breve que proceda. (Cámara de Diputados)
El artículo 145 de la LNSIJPA establece que las personas de doce años cumplidos y menos
de catorce años no pueden recibir medidas de sanción privativas de la libertad. Para quienes tenían
entre catorce y menos de dieciséis años al momento de la conducta, la duración máxima de las
medidas de sanción es de tres años, mientras que para quienes tenían entre dieciséis y menos de
dieciocho años es de cinco años. Las medidas privativas de libertad únicamente pueden imponerse
por las conductas establecidas en el artículo 164 de la propia Ley. (Cámara de Diputados)
l artículo 164 establece los supuestos en los que puede aplicarse el internamiento, entre
ellos determinados delitos en materia de secuestro y trata de personas, terrorismo, extorsión
agravada bajo las condiciones previstas por la Ley, determinados delitos contra la salud, delitos
relacionados con armas de fuego, homicidio doloso —incluido el feminicidio—, violación sexual,
determinadas lesiones dolosas y robo cometido con violencia física. (Cámara de Diputados)
La problemática no se limita, por tanto, a determinar cuándo puede imponerse
jurídicamente el internamiento. También resulta necesario analizar si las condiciones
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 930
institucionales permiten cumplir la finalidad socioeducativa de las medidas de sanción y favorecer
la reintegración social y familiar de las personas adolescentes.
En este contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar la coherencia entre el
diseño normativo de las medidas de sanción aplicables a adolescentes que cometen conductas
graves, los límites establecidos según el grupo etario y las condiciones necesarias para que el
internamiento cumpla con su finalidad socioeducativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de carácter dogmático-
jurídico y documental, incorporando información cuantitativa institucional como elemento
complementario de análisis.
La metodología se estructuró en tres ejes.
Análisis dogmático-jurídico
Se examinaron las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, particularmente el artículo 18, así como las disposiciones pertinentes de la LNSIJPA.
El análisis se concentró en las reglas relativas a las medidas cautelares, el internamiento
preventivo, la determinación de las medidas de sanción y el internamiento como medida privativa
de la libertad.
De manera particular, se revisaron los artículos 119, 120, 122, 145 y 164 de la LNSIJPA.
El artículo 122 establece las reglas específicas para la imposición del internamiento preventivo,
mientras que el artículo 145 regula la determinación y duración máxima de las medidas de
sanción. Por su parte, el artículo 164 establece los supuestos en los que procede el internamiento
como medida de sanción. (Cámara de Diputados)
Análisis documental e internacional
Se revisaron instrumentos internacionales relacionados con los derechos de niñas, niños y
adolescentes en conflicto con la ley penal, así como literatura especializada en justicia juvenil,
criminología del desarrollo y justicia restaurativa.
Asimismo, se consideraron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
relacionados con el principio de legalidad, la excepcionalidad del internamiento y la aplicación
del artículo 164 de la LNSIJPA.
Análisis de información estadística e institucional
Se utilizaron datos e informes institucionales disponibles para contextualizar la situación
de las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o de sanción privativas de la libertad.
El análisis estadístico se utilizó como elemento descriptivo y contextual, evitando atribuir
a las fuentes oficiales porcentajes que no pudieran ser reproducidos directamente a partir de las
bases de datos consultadas.
institucionales permiten cumplir la finalidad socioeducativa de las medidas de sanción y favorecer
la reintegración social y familiar de las personas adolescentes.
En este contexto, el objetivo de la presente investigación es analizar la coherencia entre el
diseño normativo de las medidas de sanción aplicables a adolescentes que cometen conductas
graves, los límites establecidos según el grupo etario y las condiciones necesarias para que el
internamiento cumpla con su finalidad socioeducativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo de carácter dogmático-
jurídico y documental, incorporando información cuantitativa institucional como elemento
complementario de análisis.
La metodología se estructuró en tres ejes.
Análisis dogmático-jurídico
Se examinaron las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, particularmente el artículo 18, así como las disposiciones pertinentes de la LNSIJPA.
El análisis se concentró en las reglas relativas a las medidas cautelares, el internamiento
preventivo, la determinación de las medidas de sanción y el internamiento como medida privativa
de la libertad.
De manera particular, se revisaron los artículos 119, 120, 122, 145 y 164 de la LNSIJPA.
El artículo 122 establece las reglas específicas para la imposición del internamiento preventivo,
mientras que el artículo 145 regula la determinación y duración máxima de las medidas de
sanción. Por su parte, el artículo 164 establece los supuestos en los que procede el internamiento
como medida de sanción. (Cámara de Diputados)
Análisis documental e internacional
Se revisaron instrumentos internacionales relacionados con los derechos de niñas, niños y
adolescentes en conflicto con la ley penal, así como literatura especializada en justicia juvenil,
criminología del desarrollo y justicia restaurativa.
Asimismo, se consideraron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
relacionados con el principio de legalidad, la excepcionalidad del internamiento y la aplicación
del artículo 164 de la LNSIJPA.
Análisis de información estadística e institucional
Se utilizaron datos e informes institucionales disponibles para contextualizar la situación
de las personas adolescentes sujetas a medidas cautelares o de sanción privativas de la libertad.
El análisis estadístico se utilizó como elemento descriptivo y contextual, evitando atribuir
a las fuentes oficiales porcentajes que no pudieran ser reproducidos directamente a partir de las
bases de datos consultadas.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 931
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Marco normativo de las medidas de sanción por grupo etario
La LNSIJPA establece un régimen diferenciado de responsabilidad de acuerdo con la edad
de la persona adolescente al momento de la comisión del hecho.
Grupo etario I: de 12 a menos de 14 años
Las personas pertenecientes a este grupo no pueden recibir medidas de sanción privativas
de la libertad. El artículo 145 establece que únicamente pueden imponerse medidas no privativas
de la libertad, con una duración máxima de un año, y solamente puede imponerse una medida de
sanción. (Cámara de Diputados)
Esta regulación responde a la necesidad de establecer un régimen reforzado de protección
para quienes se encuentran en las primeras etapas de la adolescencia.
Grupo etario II: de 14 a menos de 16 años
Las personas pertenecientes a este grupo pueden ser sujetas a medidas privativas de la
libertad cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 164 de la LNSIJPA. La
duración máxima general de las medidas de sanción es de tres años. (Cámara de Diputados)
Grupo etario III: de 16 a menos de 18 años
En este grupo también puede imponerse internamiento cuando se actualicen los supuestos
previstos en el artículo 164. La duración máxima general de las medidas de sanción es de cinco
años. (Cámara de Diputados)
La diferenciación etaria constituye uno de los elementos centrales del sistema, pues
reconoce que la respuesta estatal debe considerar la etapa de desarrollo de la persona adolescente.
Internamiento preventivo y medida de sanción de internamiento
Es necesario distinguir entre el internamiento preventivo y el internamiento como medida
de sanción.
El internamiento preventivo constituye una medida cautelar y, por tanto, no representa una
declaración de responsabilidad. El artículo 119 incluye el internamiento preventivo entre las
medidas cautelares personales, mientras que el artículo 122 establece las condiciones específicas
para su imposición. (Cámara de Diputados)
De acuerdo con el artículo 122, ninguna persona menor de catorce años puede ser sometida
a internamiento preventivo. Respecto de las personas mayores de catorce años, únicamente puede
imponerse de manera excepcional y cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para
garantizar los fines procesales establecidos por la Ley. Además, su duración máxima es de cinco
meses. (Cámara de Diputados)
Esta distinción resulta fundamental para preservar la presunción de inocencia. El
internamiento preventivo no puede utilizarse como una pena anticipada ni justificarse
exclusivamente por la gravedad abstracta de la conducta.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Marco normativo de las medidas de sanción por grupo etario
La LNSIJPA establece un régimen diferenciado de responsabilidad de acuerdo con la edad
de la persona adolescente al momento de la comisión del hecho.
Grupo etario I: de 12 a menos de 14 años
Las personas pertenecientes a este grupo no pueden recibir medidas de sanción privativas
de la libertad. El artículo 145 establece que únicamente pueden imponerse medidas no privativas
de la libertad, con una duración máxima de un año, y solamente puede imponerse una medida de
sanción. (Cámara de Diputados)
Esta regulación responde a la necesidad de establecer un régimen reforzado de protección
para quienes se encuentran en las primeras etapas de la adolescencia.
Grupo etario II: de 14 a menos de 16 años
Las personas pertenecientes a este grupo pueden ser sujetas a medidas privativas de la
libertad cuando se actualicen los supuestos establecidos en el artículo 164 de la LNSIJPA. La
duración máxima general de las medidas de sanción es de tres años. (Cámara de Diputados)
Grupo etario III: de 16 a menos de 18 años
En este grupo también puede imponerse internamiento cuando se actualicen los supuestos
previstos en el artículo 164. La duración máxima general de las medidas de sanción es de cinco
años. (Cámara de Diputados)
La diferenciación etaria constituye uno de los elementos centrales del sistema, pues
reconoce que la respuesta estatal debe considerar la etapa de desarrollo de la persona adolescente.
Internamiento preventivo y medida de sanción de internamiento
Es necesario distinguir entre el internamiento preventivo y el internamiento como medida
de sanción.
El internamiento preventivo constituye una medida cautelar y, por tanto, no representa una
declaración de responsabilidad. El artículo 119 incluye el internamiento preventivo entre las
medidas cautelares personales, mientras que el artículo 122 establece las condiciones específicas
para su imposición. (Cámara de Diputados)
De acuerdo con el artículo 122, ninguna persona menor de catorce años puede ser sometida
a internamiento preventivo. Respecto de las personas mayores de catorce años, únicamente puede
imponerse de manera excepcional y cuando otras medidas cautelares resulten insuficientes para
garantizar los fines procesales establecidos por la Ley. Además, su duración máxima es de cinco
meses. (Cámara de Diputados)
Esta distinción resulta fundamental para preservar la presunción de inocencia. El
internamiento preventivo no puede utilizarse como una pena anticipada ni justificarse
exclusivamente por la gravedad abstracta de la conducta.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 932
Por otro lado, el internamiento previsto en el artículo 164 constituye una medida de sanción
que sólo puede imponerse una vez acreditada la responsabilidad de la persona adolescente y
dentro de los supuestos establecidos legalmente. (Cámara de Diputados)
Catálogo de conductas que permiten el internamiento
El artículo 164 establece de manera taxativa los supuestos en los que puede utilizarse el
internamiento como medida de sanción.
Entre ellos se encuentran:
1.- Delitos previstos en la legislación aplicable en materia de secuestro.
2.- Delitos previstos en materia de trata de personas.
3.- Terrorismo.
4.- Extorsión agravada cuando se comete por asociación delictuosa.
5.- Determinados delitos contra la salud.
6.- Posesión, portación, fabricación, importación y acopio de determinadas armas de fuego.
7.- Homicidio doloso, en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio.
8.- Violación sexual.
9.- Lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente.
10.- Robo cometido con violencia física. (Cámara de Diputados)
La naturaleza taxativa del catálogo impide ampliar los supuestos de procedencia mediante
interpretaciones que desconozcan el principio de legalidad.
En este punto resulta relevante el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en 2025. La Corte estableció que, para imponer legítimamente el
internamiento, no basta con atender a la denominación del delito utilizada en la legislación, sino
que debe precisarse la equivalencia entre el título delictivo contemplado en el artículo 164 y la
descripción de la conducta prevista en la legislación penal federal o local correspondiente,
atendiendo a las circunstancias concretas del caso. (SCJN)
Este criterio refuerza la exigencia de exacta aplicación de la ley penal y evita que el
catálogo del artículo 164 sea ampliado mediante analogías desfavorables para la persona
adolescente.
Tabla 1
Matriz normativa de las medidas de sanción
Grupo etario Medidas privativas
de libertad
Duración máxima
general
Fundamento
Grupo I: 12 a <14
años
No proceden 0 años Art. 145
Grupo II: 14 a <16
años
Proceden únicamente
en los supuestos
legales
3 años Arts. 145 y 164
Por otro lado, el internamiento previsto en el artículo 164 constituye una medida de sanción
que sólo puede imponerse una vez acreditada la responsabilidad de la persona adolescente y
dentro de los supuestos establecidos legalmente. (Cámara de Diputados)
Catálogo de conductas que permiten el internamiento
El artículo 164 establece de manera taxativa los supuestos en los que puede utilizarse el
internamiento como medida de sanción.
Entre ellos se encuentran:
1.- Delitos previstos en la legislación aplicable en materia de secuestro.
2.- Delitos previstos en materia de trata de personas.
3.- Terrorismo.
4.- Extorsión agravada cuando se comete por asociación delictuosa.
5.- Determinados delitos contra la salud.
6.- Posesión, portación, fabricación, importación y acopio de determinadas armas de fuego.
7.- Homicidio doloso, en todas sus modalidades, incluyendo el feminicidio.
8.- Violación sexual.
9.- Lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente.
10.- Robo cometido con violencia física. (Cámara de Diputados)
La naturaleza taxativa del catálogo impide ampliar los supuestos de procedencia mediante
interpretaciones que desconozcan el principio de legalidad.
En este punto resulta relevante el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en 2025. La Corte estableció que, para imponer legítimamente el
internamiento, no basta con atender a la denominación del delito utilizada en la legislación, sino
que debe precisarse la equivalencia entre el título delictivo contemplado en el artículo 164 y la
descripción de la conducta prevista en la legislación penal federal o local correspondiente,
atendiendo a las circunstancias concretas del caso. (SCJN)
Este criterio refuerza la exigencia de exacta aplicación de la ley penal y evita que el
catálogo del artículo 164 sea ampliado mediante analogías desfavorables para la persona
adolescente.
Tabla 1
Matriz normativa de las medidas de sanción
Grupo etario Medidas privativas
de libertad
Duración máxima
general
Fundamento
Grupo I: 12 a <14
años
No proceden 0 años Art. 145
Grupo II: 14 a <16
años
Proceden únicamente
en los supuestos
legales
3 años Arts. 145 y 164
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 933
Grupo III: 16 a <18
años
Proceden únicamente
en los supuestos
legales
5 años Arts. 145 y 164
La duración máxima debe analizarse conjuntamente con las reglas especiales establecidas
por la propia Ley. El artículo 145 contempla que el internamiento puede alcanzar hasta cinco años
en determinados supuestos particularmente graves, entre ellos homicidio calificado, violación
tumultuaria, secuestro, determinados hechos en materia de trata de personas y delincuencia
organizada. (Cámara de Diputados)
Tensiones entre el diseño normativo y la aplicación práctica
Excepcionalidad del internamiento preventivo
El diseño legal establece el internamiento preventivo como una medida excepcional. Su
procedencia depende de la necesidad de cautela y de la insuficiencia de otras medidas menos
restrictivas.
El artículo 122 obliga al Ministerio Público a favorecer una medida cautelar diferente a la
prisión preventiva o, en su caso, justificar por qué las alternativas resultan insuficientes. Además,
establece un plazo máximo de cinco meses. (Cámara de Diputados)
La existencia de una regulación estricta evidencia que el internamiento preventivo debe ser
entendido como una herramienta procesal excepcional y no como una consecuencia automática
de la gravedad del delito imputado.
Vulnerabilidad y reclutamiento criminal
La participación de adolescentes en hechos relacionados con delincuencia organizada debe
analizarse considerando también factores de vulnerabilidad social, familiar y económica.
La LNSIJPA ordena que, al individualizar las medidas de sanción, el órgano jurisdiccional
considere la edad, las circunstancias personales, familiares, económicas y sociales de la persona
adolescente, así como su vulnerabilidad, siempre en su favor. (Cámara de Diputados)
Por ello, una política de justicia juvenil no debería limitarse a determinar la responsabilidad
individual, sino que debe considerar las condiciones que rodearon la participación de la persona
adolescente.
Esto adquiere particular relevancia cuando existen indicios de coacción, explotación,
violencia o reclutamiento por parte de organizaciones criminales. En estos casos, la respuesta
institucional debe articular la justicia penal con los mecanismos de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
Finalidad socioeducativa de las medidas
La LNSIJPA establece que las medidas de sanción tienen carácter socioeducativo y deben
favorecer el desarrollo de la persona adolescente, sus vínculos familiares y su reintegración a la
sociedad. (Cámara de Diputados)
Grupo III: 16 a <18
años
Proceden únicamente
en los supuestos
legales
5 años Arts. 145 y 164
La duración máxima debe analizarse conjuntamente con las reglas especiales establecidas
por la propia Ley. El artículo 145 contempla que el internamiento puede alcanzar hasta cinco años
en determinados supuestos particularmente graves, entre ellos homicidio calificado, violación
tumultuaria, secuestro, determinados hechos en materia de trata de personas y delincuencia
organizada. (Cámara de Diputados)
Tensiones entre el diseño normativo y la aplicación práctica
Excepcionalidad del internamiento preventivo
El diseño legal establece el internamiento preventivo como una medida excepcional. Su
procedencia depende de la necesidad de cautela y de la insuficiencia de otras medidas menos
restrictivas.
El artículo 122 obliga al Ministerio Público a favorecer una medida cautelar diferente a la
prisión preventiva o, en su caso, justificar por qué las alternativas resultan insuficientes. Además,
establece un plazo máximo de cinco meses. (Cámara de Diputados)
La existencia de una regulación estricta evidencia que el internamiento preventivo debe ser
entendido como una herramienta procesal excepcional y no como una consecuencia automática
de la gravedad del delito imputado.
Vulnerabilidad y reclutamiento criminal
La participación de adolescentes en hechos relacionados con delincuencia organizada debe
analizarse considerando también factores de vulnerabilidad social, familiar y económica.
La LNSIJPA ordena que, al individualizar las medidas de sanción, el órgano jurisdiccional
considere la edad, las circunstancias personales, familiares, económicas y sociales de la persona
adolescente, así como su vulnerabilidad, siempre en su favor. (Cámara de Diputados)
Por ello, una política de justicia juvenil no debería limitarse a determinar la responsabilidad
individual, sino que debe considerar las condiciones que rodearon la participación de la persona
adolescente.
Esto adquiere particular relevancia cuando existen indicios de coacción, explotación,
violencia o reclutamiento por parte de organizaciones criminales. En estos casos, la respuesta
institucional debe articular la justicia penal con los mecanismos de protección integral de niñas,
niños y adolescentes.
Finalidad socioeducativa de las medidas
La LNSIJPA establece que las medidas de sanción tienen carácter socioeducativo y deben
favorecer el desarrollo de la persona adolescente, sus vínculos familiares y su reintegración a la
sociedad. (Cámara de Diputados)
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 934
La Ley dispone que la reintegración social y familiar debe desarrollarse durante la
ejecución de la medida y comprender los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y
comunitario. (Cámara de Diputados)
En consecuencia, la eficacia de una medida de internamiento no debería evaluarse
únicamente a partir del tiempo que la persona permanece privada de la libertad, sino también
mediante indicadores relacionados con educación, capacitación, atención psicológica, vínculos
familiares, reparación del daño y preparación para la reintegración social.
Condiciones institucionales y reintegración
Uno de los principales retos del sistema consiste en garantizar que las condiciones
materiales de los centros de internamiento sean compatibles con los objetivos establecidos por la
Ley.
La ejecución de las medidas requiere personal especializado, programas educativos,
atención psicológica, actividades deportivas, capacitación laboral y mecanismos de vinculación
familiar y comunitaria.
El artículo 153 de la LNSIJPA establece que las medidas de sanción tienen como finalidad
la reinserción social y la reintegración de la persona adolescente, además de la reparación del
daño a la víctima u ofendido. (Cámara de Diputados)
Asimismo, el artículo 154 establece que deben garantizarse los derechos de la persona
adolescente, posibilitar su desarrollo personal, involucrarla en la elaboración y ejecución de su
plan individualizado, minimizar los efectos negativos de la medida y fomentar los vínculos
familiares y sociales. (Cámara de Diputados)
Por ello, cuando existen deficiencias en los servicios educativos, psicológicos, sociales o
de capacitación, se dificulta el cumplimiento efectivo de los fines establecidos por la legislación.
Proporcionalidad y duración del internamiento
La duración máxima de las medidas privativas de libertad debe analizarse a partir de los
principios de excepcionalidad, proporcionalidad y especialización.
El hecho de que la Ley permita una duración máxima de tres o cinco años, dependiendo
del grupo etario, no significa que el órgano jurisdiccional deba imponer automáticamente dicho
límite. La individualización debe atender a las circunstancias del caso, la gravedad del hecho, el
grado de participación, la edad y las condiciones personales y sociales de la persona adolescente.
(Cámara de Diputados)
El objetivo del sistema no consiste en reproducir el modelo punitivo de adultos, sino en
establecer una respuesta especializada compatible con la etapa de desarrollo de la persona
adolescente.
En este sentido, la Suprema Corte ha señalado que la aplicación del internamiento debe
respetar los principios de excepcionalidad y proporcionalidad y que la procedencia de la medida
La Ley dispone que la reintegración social y familiar debe desarrollarse durante la
ejecución de la medida y comprender los ámbitos individual, familiar, escolar, laboral y
comunitario. (Cámara de Diputados)
En consecuencia, la eficacia de una medida de internamiento no debería evaluarse
únicamente a partir del tiempo que la persona permanece privada de la libertad, sino también
mediante indicadores relacionados con educación, capacitación, atención psicológica, vínculos
familiares, reparación del daño y preparación para la reintegración social.
Condiciones institucionales y reintegración
Uno de los principales retos del sistema consiste en garantizar que las condiciones
materiales de los centros de internamiento sean compatibles con los objetivos establecidos por la
Ley.
La ejecución de las medidas requiere personal especializado, programas educativos,
atención psicológica, actividades deportivas, capacitación laboral y mecanismos de vinculación
familiar y comunitaria.
El artículo 153 de la LNSIJPA establece que las medidas de sanción tienen como finalidad
la reinserción social y la reintegración de la persona adolescente, además de la reparación del
daño a la víctima u ofendido. (Cámara de Diputados)
Asimismo, el artículo 154 establece que deben garantizarse los derechos de la persona
adolescente, posibilitar su desarrollo personal, involucrarla en la elaboración y ejecución de su
plan individualizado, minimizar los efectos negativos de la medida y fomentar los vínculos
familiares y sociales. (Cámara de Diputados)
Por ello, cuando existen deficiencias en los servicios educativos, psicológicos, sociales o
de capacitación, se dificulta el cumplimiento efectivo de los fines establecidos por la legislación.
Proporcionalidad y duración del internamiento
La duración máxima de las medidas privativas de libertad debe analizarse a partir de los
principios de excepcionalidad, proporcionalidad y especialización.
El hecho de que la Ley permita una duración máxima de tres o cinco años, dependiendo
del grupo etario, no significa que el órgano jurisdiccional deba imponer automáticamente dicho
límite. La individualización debe atender a las circunstancias del caso, la gravedad del hecho, el
grado de participación, la edad y las condiciones personales y sociales de la persona adolescente.
(Cámara de Diputados)
El objetivo del sistema no consiste en reproducir el modelo punitivo de adultos, sino en
establecer una respuesta especializada compatible con la etapa de desarrollo de la persona
adolescente.
En este sentido, la Suprema Corte ha señalado que la aplicación del internamiento debe
respetar los principios de excepcionalidad y proporcionalidad y que la procedencia de la medida
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depende de la correspondencia entre la conducta efectivamente acreditada y los supuestos
establecidos en el artículo 164. (SCJN)
CONCLUSIONES
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes representa un cambio fundamental
respecto del modelo tutelar tradicional, al reconocer a las personas adolescentes como titulares de
derechos y establecer un régimen especializado de responsabilidad penal.
La LNSIJPA establece una diferenciación por grupos etarios y limita de manera estricta la
utilización de las medidas privativas de la libertad. Las personas menores de catorce años no
pueden recibir medidas de sanción privativas de la libertad, mientras que el internamiento para
los grupos etarios II y III sólo procede en los supuestos establecidos por el artículo 164. (Cámara
de Diputados)
Asimismo, el internamiento preventivo debe distinguirse del internamiento como medida
de sanción. El primero tiene naturaleza cautelar y sólo puede utilizarse excepcionalmente,
mientras que el segundo requiere que se haya acreditado la responsabilidad de la persona
adolescente y que la conducta se encuentre dentro de los supuestos legalmente establecidos.
(Cámara de Diputados)
El análisis también permite advertir que la gravedad del hecho no puede utilizarse como
fundamento automático para imponer internamiento. La autoridad jurisdiccional debe observar
los principios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención, especialización y
excepcionalidad, además de realizar una adecuada individualización de la medida.
La interpretación del artículo 164 adquiere especial relevancia a partir del criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en 2025, conforme al cual la aplicación del
internamiento requiere establecer la equivalencia entre el delito previsto en dicho artículo y la
conducta descrita en la legislación penal aplicable. Esto fortalece la exacta aplicación de la ley y
evita extensiones analógicas perjudiciales para las personas adolescentes. (SCJN)
Finalmente, la eficacia del sistema no depende exclusivamente de la duración de las
medidas privativas de la libertad. La propia LNSIJPA establece una finalidad socioeducativa
orientada a la reintegración social y familiar. Para que dicha finalidad sea efectiva, resulta
indispensable fortalecer los servicios educativos, psicológicos, sociales, deportivos y de
capacitación, así como los mecanismos de acompañamiento durante y después del cumplimiento
de las medidas.
En consecuencia, la consolidación de un sistema de justicia penal para adolescentes eficaz
requiere mantener el equilibrio entre la responsabilidad derivada de la comisión de hechos
delictivos, los derechos de las víctimas y el reconocimiento de las condiciones particulares de las
personas adolescentes. El internamiento debe conservar su carácter excepcional y utilizarse
depende de la correspondencia entre la conducta efectivamente acreditada y los supuestos
establecidos en el artículo 164. (SCJN)
CONCLUSIONES
El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes representa un cambio fundamental
respecto del modelo tutelar tradicional, al reconocer a las personas adolescentes como titulares de
derechos y establecer un régimen especializado de responsabilidad penal.
La LNSIJPA establece una diferenciación por grupos etarios y limita de manera estricta la
utilización de las medidas privativas de la libertad. Las personas menores de catorce años no
pueden recibir medidas de sanción privativas de la libertad, mientras que el internamiento para
los grupos etarios II y III sólo procede en los supuestos establecidos por el artículo 164. (Cámara
de Diputados)
Asimismo, el internamiento preventivo debe distinguirse del internamiento como medida
de sanción. El primero tiene naturaleza cautelar y sólo puede utilizarse excepcionalmente,
mientras que el segundo requiere que se haya acreditado la responsabilidad de la persona
adolescente y que la conducta se encuentre dentro de los supuestos legalmente establecidos.
(Cámara de Diputados)
El análisis también permite advertir que la gravedad del hecho no puede utilizarse como
fundamento automático para imponer internamiento. La autoridad jurisdiccional debe observar
los principios de legalidad, proporcionalidad, mínima intervención, especialización y
excepcionalidad, además de realizar una adecuada individualización de la medida.
La interpretación del artículo 164 adquiere especial relevancia a partir del criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en 2025, conforme al cual la aplicación del
internamiento requiere establecer la equivalencia entre el delito previsto en dicho artículo y la
conducta descrita en la legislación penal aplicable. Esto fortalece la exacta aplicación de la ley y
evita extensiones analógicas perjudiciales para las personas adolescentes. (SCJN)
Finalmente, la eficacia del sistema no depende exclusivamente de la duración de las
medidas privativas de la libertad. La propia LNSIJPA establece una finalidad socioeducativa
orientada a la reintegración social y familiar. Para que dicha finalidad sea efectiva, resulta
indispensable fortalecer los servicios educativos, psicológicos, sociales, deportivos y de
capacitación, así como los mecanismos de acompañamiento durante y después del cumplimiento
de las medidas.
En consecuencia, la consolidación de un sistema de justicia penal para adolescentes eficaz
requiere mantener el equilibrio entre la responsabilidad derivada de la comisión de hechos
delictivos, los derechos de las víctimas y el reconocimiento de las condiciones particulares de las
personas adolescentes. El internamiento debe conservar su carácter excepcional y utilizarse
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 936
únicamente cuando resulte jurídicamente procedente, necesario y proporcional, acompañado de
condiciones materiales que permitan cumplir con su finalidad socioeducativa.
únicamente cuando resulte jurídicamente procedente, necesario y proporcional, acompañado de
condiciones materiales que permitan cumplir con su finalidad socioeducativa.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 937
REFERENCIAS
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1989, 20 de noviembre). Convención sobre los
Derechos del Niño (Resolución 44/25). Organización de las Naciones Unidas.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1990, 14 de diciembre). Directrices de las Naciones
Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) (Resolución
45/112). Organización de las Naciones Unidas.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016, 16 de junio). Ley Nacional del Sistema
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Diario Oficial de la Federación. Última
reforma publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2022.
Cienfuegos Salgado, D. (2019). Justicia para adolescentes en México: Luces y sombras de la Ley
Nacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
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de los Derechos Humanos sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que
infringen la ley penal en la República Mexicana. CNDH.
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personas adolescentes en conflicto con la ley durante el proceso penal. Documenta A.C.
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adolescencia en conflicto con la ley en México. UNICEF México.
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y perspectivas. Tirant lo Blanch.
González Contró, M. (2020). Derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco del derecho
penal especializado. Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). Censo Nacional de Sistema Penitenciario
Federal y Estatales (CNSIPEE) 2023. INEGI.
Organización de las Naciones Unidas. (1985, 29 de noviembre). Reglas mínimas de las Naciones
Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing). Resolución
A/RES/40/33.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025). Amparo Directo en Revisión 7157/2023. Primera
Sala.
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Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 938
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en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
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