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https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2442

La coercibilidad del juzgado para hacer efectivo el cobro de
pensiones alimenticias: análisis jurídico de los mecanismos de
ejecución y garantía del derecho alimentario

The Coercive Authority of Family Courts in the Enforcement of Child Support

Obligations: A Legal Analysis of Enforcement Mechanisms and the Protection of the

Right to Maintenance

Janila Yoyol Piña Vite

pi378903@uaeh.edu.mx

https://orcid.org/0009
-0000-5993-0331
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Pachuca de Soto – México

Artículo recibido: 10 junio 2026- Aceptado para publicación:16 julio 2026

Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.

RESUMEN

La presente investigación analiza la responsabilidad jurídica y ética de los funcionarios públicos
de alto nivel en México frente al incumplimiento de obligaciones alimentarias, abordando sus
implicaciones constitucionales, institucionales y sociales. El estudio parte de la premisa de que
los servidores públicos deben actuar conforme a principios de legalidad, honradez,
responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, tanto en el ejercicio de sus
funciones como en su conducta personal. En este sentido, el incumplimiento de obligaciones
alimentarias no solo constituye una falta de carácter civil o familiar, sino también una conducta
que afecta la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La
investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo y documental, basado en el análisis
de legislación mexicana, doctrina jurídica, criterios jurisprudenciales y reformas recientes
relacionadas con el derecho alimentario y la ética pública. Asimismo, se examinaron mecanismos
institucionales como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y las restricciones para
ocupar cargos públicos por parte de deudores alimentarios morosos. Los resultados evidencian
una creciente exigencia social orientada a fortalecer la congruencia entre conducta personal y
función pública. Finalmente, se concluye que el fortalecimiento de mecanismos jurídicos,
administrativos y éticos resulta indispensable para garantizar la protección efectiva de los
derechos humanos y consolidar la confianza ciudadana en el servicio público mexicano. Además,
el estudio identifica vacíos normativos relacionados con la aplicación de sanciones, la
coordinación entre instituciones y el acceso a la justicia para las personas beneficiarias de
alimentos, mujeres, niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social.

Palabras clave: responsabilidad jurídica, ética pública, funcionarios públicos, obligaciones
alimentarias, derechos humanos
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ABSTRACT

This research analyzes the legal and ethical responsibility of high
-level public officials in Mexico
regarding the failure to fulfill child support obligations, addressing its constitutional, institutional,

and social implications. The study is based on th
e premise that public servants must act according
to principles of legality, honesty, accountability, transparency, and respect for human rights, both

in the exercise of their duties and in their personal conduct. In this context, the failure to comply

wit
h child support obligations not only constitutes a civil or family-related offense, but also a
conduct that affects democratic legitimacy and public trust in state institutions.
The research was
conducted through a qualitative and documentary approach, grounded in the legal
-dogmatic,
analytical
-synthetic, and deductive methods to examine Mexican legislation, legal doctrine,
jurisprudential criteria, and recent reforms related to f
amily law and public ethics. Institutional
mechanisms such as the National Reg
istry of Child Support Obligations and restrictions on
holding public office for delinquent debtors were also examined.
The findings reveal a growing
social demand aimed at strengthening the consistency between personal conduct and public

service responsib
ilities. Finally, this study concludes that a strict ontological revision of public
service is required; strengthening legal, administrative, and ethical mechanisms is essential to

guarantee the effective protection of human rights and consolidate public t
rust in the Mexican
public service. In addition, the research identifies regulatory gaps related to the enforcement of

sanctions, institutional coordination, and access to justice for beneficiaries of child support,

women, children, and adolescents in situ
ations of social vulnerability.
Keywords
: legal responsibility, public ethics, public officials, child support obligations,
human rights

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licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la responsabilidad ética y jurídica de los funcionarios públicos en
México ha adquirido una relevancia creciente dentro del debate académico, político y social
(Jiménez, 2005). La ciudadanía exige que quienes ocupan cargos públicos de alto nivel no solo
actúen conforme a los principios de legalidad, honradez y transparencia en el ejercicio de sus
funciones, sino que también mantengan una conducta personal congruente con los valores
democráticos y los derechos humanos que el Estado está obligado a proteger (Juárez Quezada,
2023). En este contexto, el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de servidores
públicos representa una problemática que trasciende el ámbito estrictamente privado y genera
importantes implicaciones jurídicas, éticas e institucionales (Carbonell, 2022).

El derecho de alimentos constituye una prerrogativa fundamental reconocida tanto por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2025) como por diversos tratados
internacionales en materia de derechos humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU],
1989). Dicho derecho tiene como finalidad garantizar la subsistencia digna, el desarrollo integral
y la protección de niñas, niños, adolescentes y demás personas dependientes económicamente
(Pérez Contreras, 2018). En consecuencia, el incumplimiento de obligaciones alimentarias no solo
configura una falta de naturaleza civil o familiar, sino que también puede traducirse en una
afectación directa a derechos humanos fundamentales, particularmente al interés superior de la
niñez y al principio de protección familiar (Aguilar González, 2018; SCJN, 2023).

La problemática adquiere mayor complejidad cuando el sujeto obligado es un funcionario
público de alto nivel, debido a que estas personas representan institucionalmente al Estado y se
encuentran sometidas a estándares superiores de conducta ética y responsabilidad pública (Müller
Creel, 2012). La función pública implica el deber de actuar con integridad, responsabilidad social
y apego irrestricto a la ley, de modo que las conductas privadas que contradicen dichos principios
afectan la legitimidad institucional y debilitan la confianza ciudadana en las autoridades (Ordóñez
León, 2014). Desde esta perspectiva, la responsabilidad ética de los servidores públicos no puede
limitarse exclusivamente al cumplimiento formal de sus funciones administrativas, sino que debe
extenderse a comportamientos personales que reflejen coherencia con los valores constitucionales
y democráticos (Torre Delgadillo, 2020).

En México, durante los últimos años se han impulsado diversas reformas orientadas a
fortalecer los mecanismos de control y sanción respecto de las personas deudoras alimentarias
morosas (Ovalle Favela, 2020). Entre estas medidas destacan la creación del Registro Nacional
de Obligaciones Alimentarias, las restricciones para ocupar determinados cargos públicos y las
reformas electorales que buscan impedir el acceso a puestos de representación popular a quienes
incumplen con sus responsabilidades familiares (Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 2025). Estas acciones evidencian una transformación progresiva en la
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concepción de la ética pública y de la responsabilidad de los funcionarios frente a la sociedad
(Juárez Quezada, 2023).

No obstante, persisten importantes vacíos normativos y desafíos institucionales
relacionados con la aplicación efectiva de dichas medidas, especialmente cuando se trata de
servidores públicos con poder político, económico o influencia institucional (Müller Creel, 2012).
En muchos casos, los procedimientos judiciales resultan insuficientes para garantizar el
cumplimiento oportuno de las obligaciones alimentarias, mientras que las sanciones
administrativas continúan siendo limitadas frente a la gravedad del impacto social que genera este
tipo de incumplimiento (Reyes, 1992). A partir de lo anterior, la presente investigación tiene como
objetivo analizar la responsabilidad jurídica y ética de los funcionarios públicos de alto nivel en
México frente al incumplimiento de obligaciones alimentarias, examinando el marco normativo
vigente, los principios éticos aplicables al servicio público y las implicaciones sociales derivadas
de estas conductas. Asimismo, se busca reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos
legales e institucionales que permitan garantizar una mayor congruencia entre el ejercicio del
poder público y el respeto a los derechos fundamentales dentro del ámbito familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, debido a que se orienta
al análisis e interpretación de normas jurídicas, principios éticos y criterios doctrinales
relacionados con la responsabilidad de los funcionarios públicos frente al incumplimiento de
obligaciones alimentarias en México, en concordancia con las pautas conceptuales de la
epistemología jurídica contemporánea (Witker, 2011). Asimismo, el estudio posee un alcance
descriptivo y analítico, ya que busca identificar las principales implicaciones jurídicas, éticas e
institucionales derivadas de dicha problemática, así como examinar los mecanismos normativos
existentes para su regulación y sanción.

El método de investigación utilizado fue el método documental-jurídico, sustentado en la
revisión, recopilación y análisis de fuentes normativas, doctrinales y jurisprudenciales vinculadas
con el derecho familiar, la responsabilidad administrativa y la ética pública, siguiendo los
parámetros del análisis formal y dogmático (Fix-Zamudio, 2002). Para ello, se consultaron
disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2025), el
Código Civil Federal (2025), la Ley General de Responsabilidades Administrativas (2025), la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014), así como diversos tratados
internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado mexicano
(Organización de los Estados Americanos [OEA], 1969; ONU, 1989).

De igual manera, se aplicó el método deductivo y analítico-sintético para escrutar los
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tesis jurisprudenciales
relacionadas con el derecho de alimentos, el interés superior de la niñez y la responsabilidad de
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los servidores públicos (SCJN, 2019, 2023). La revisión doctrinal incluyó artículos científicos,
libros especializados y estudios académicos sobre ética pública, responsabilidad jurídica y
obligaciones alimentarias (v.g., Carbonell, 2022; Jiménez, 2005; Pérez Contreras, 2018), con el
propósito de construir un marco teórico sólido y actualizado sobre el tema objeto de estudio.

La técnica de investigación empleada fue el análisis de contenido jurídico y doctrinal,
mediante el cual se identificaron conceptos, principios, vacíos normativos y tendencias
legislativas relacionadas con la responsabilidad ética y jurídica de los funcionarios públicos de
alto nivel. Asimismo, se realizó un análisis comparativo de diversas reformas legislativas
implementadas en México respecto a los registros de deudores alimentarios morosos y las
restricciones para ocupar cargos públicos derivadas del incumplimiento alimentario. El diseño
metodológico de la investigación fue no experimental y transversal, debido a que no se
manipularon variables ni se realizaron estudios empíricos de campo, sino que el análisis se efectuó
a partir de fuentes documentales existentes durante un periodo determinado (Witker, 2011). Este
enfoque permitió examinar de manera integral la relación entre ética pública, responsabilidad
institucional y protección de los derechos humanos dentro del contexto jurídico mexicano
contemporáneo. Finalmente, la investigación se desarrolló bajo criterios de objetividad, rigor
académico y respeto a los principios éticos de investigación científica.

RESULTADOS

El análisis jurídico, doctrinal, constitucional y social desarrollado en la presente
investigación permitió identificar que el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte
de funcionarios públicos de alto nivel constituye una problemática de gran relevancia dentro del
contexto jurídico y político mexicano contemporáneo (Carbonell, 2022). Los resultados obtenidos
evidencian que esta conducta no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva privada
o familiar, debido a que genera implicaciones éticas, institucionales, políticas y sociales que
impactan directamente en la legitimidad democrática, en la confianza ciudadana y en la
credibilidad de las instituciones públicas (Ordóñez León, 2014). En consecuencia, el
incumplimiento alimentario por parte de servidores públicos adquiere una dimensión que
trasciende el ámbito individual y se proyecta hacia el interés colectivo y la estabilidad
institucional del Estado mexicano (Jiménez, 2005).

La investigación permitió observar que, en las últimas décadas, la concepción de la
responsabilidad pública en México ha experimentado una transformación significativa.
Tradicionalmente, la vida privada de los funcionarios públicos era considerada ajena al análisis
institucional, siempre y cuando sus conductas no afectaran directamente el ejercicio formal de sus
atribuciones administrativas (Torre Delgadillo, 2020). Sin embargo, los cambios sociales, la
evolución del constitucionalismo contemporáneo y el fortalecimiento de la cultura democrática
han generado una nueva visión sobre la ética pública, en la cual la ciudadanía exige congruencia
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entre el discurso institucional y las conductas personales de quienes ejercen funciones de
representación política y administrativa (Juárez Quezada, 2023).

Bajo esta nueva perspectiva, el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de
funcionarios públicos representa una contradicción evidente frente a los principios
constitucionales de legalidad, honradez, responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos
humanos establecidos dentro del sistema jurídico mexicano (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 2025). La sociedad considera que quienes ejercen funciones públicas deben
actuar bajo estándares superiores de conducta debido a la naturaleza del poder que administran y
a la responsabilidad institucional que representan frente a la población (Müller Creel, 2012).

Uno de los principales hallazgos de la investigación consiste en que el derecho alimentario
ha adquirido un carácter prioritario dentro del sistema constitucional mexicano, debido a su
estrecha relación con derechos fundamentales como la dignidad humana, el derecho al desarrollo
integral, el interés superior de la niñez y la protección de la familia (Pérez Contreras, 2018). En
este sentido, el incumplimiento alimentario no solamente constituye una falta de naturaleza civil
o familiar, sino también una afectación indirecta a derechos humanos fundamentales reconocidos
tanto por la Carta Magna como por diversos tratados internacionales ratificados por el Estado
mexicano (OEA, 1969; ONU, 1989). Asimismo, se identificó que el incumplimiento de
obligaciones alimentarias genera consecuencias particularmente graves para niñas, niños y
adolescentes, debido a que afecta directamente sus condiciones materiales de vida, acceso a la
educación, salud, alimentación, vivienda y desarrollo integral (Aguilar González, 2018; Comisión
Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2020). Esta situación adquiere mayor relevancia
cuando las personas obligadas poseen recursos económicos suficientes o desempeñan cargos
públicos de alto nivel, ya que la conducta omisiva refleja no solo irresponsabilidad familiar, sino
también indiferencia frente a los principios de justicia social y protección de derechos
fundamentales (Carbonell, 2022).

Los resultados también muestran que la ciudadanía mantiene una percepción especialmente
crítica respecto de los servidores públicos que incumplen obligaciones alimentarias (Juárez
Quezada, 2023). La opinión pública considera que quienes representan al Estado deben actuar
bajo principios éticos más estrictos que los exigidos a los particulares, debido a que el ejercicio
de la función pública implica responsabilidad social, legitimidad democrática y compromiso con
los valores constitucionales (Ordóñez León, 2014). En consecuencia, el incumplimiento
alimentario es interpretado socialmente como una forma de incongruencia ética que debilita la
confianza ciudadana en las instituciones públicas y deteriora la imagen del servicio público
(Jiménez, 2005). De igual forma, la investigación permitió advertir que el fenómeno estudiado se
encuentra estrechamente relacionado con la crisis de confianza institucional que enfrenta el
Estado mexicano (Müller Creel, 2012). Diversos sectores sociales perciben que existe una
desconexión entre el discurso político sobre derechos humanos, igualdad y justicia social, y las
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conductas reales de algunos funcionarios públicos que incumplen responsabilidades familiares
básicas (CNDH, 2020). Esta contradicción contribuye al fortalecimiento de percepciones de
impunidad, privilegio político y desigualdad frente a la ley.

Dentro del análisis normativo realizado, se observó que México ha impulsado reformas
legislativas importantes orientadas a fortalecer mecanismos de protección frente al
incumplimiento alimentario (Ovalle Favela, 2020). Entre las medidas más relevantes destacan la
creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, las reformas en materia electoral
destinadas a impedir candidaturas de personas deudoras alimentarias morosas y la incorporación
de restricciones administrativas relacionadas con el acceso a cargos públicos (Ley General de
Responsabilidades Administrativas, 2025). Estas reformas reflejan una evolución progresiva en
la concepción de la ética pública y de la responsabilidad institucional de los servidores públicos
(Juárez Quezada, 2023).

No obstante, los resultados obtenidos evidencian que persisten importantes vacíos
normativos y dificultades estructurales relacionadas con la aplicación efectiva de dichas medidas.
En muchos casos, los procedimientos judiciales vinculados con pensiones alimenticias continúan
caracterizándose por su lentitud, excesiva burocracia y falta de mecanismos eficaces de ejecución
(Reyes, 1992). Esta situación genera afectaciones prolongadas para las personas beneficiarias de
alimentos, quienes frecuentemente enfrentan condiciones de vulnerabilidad económica derivadas
del incumplimiento reiterado de las obligaciones familiares (Pérez Contreras, 2018). Asimismo,
se identificó que la problemática se vuelve particularmente compleja cuando las personas
obligadas poseen influencia política, capacidad económica o acceso a estructuras institucionales
que facilitan mecanismos indirectos de evasión de responsabilidades (Müller Creel, 2012). Esta
situación produce una percepción social de desigualdad jurídica, debido a que la ciudadanía
considera que ciertos sectores privilegiados poseen mayores posibilidades de evitar consecuencias
legales derivadas de sus conductas. En consecuencia, el incumplimiento alimentario de
funcionarios públicos se relaciona directamente con problemáticas estructurales como corrupción,
impunidad y debilitamiento del Estado de derecho (Ordóñez León, 2014).

Desde una perspectiva jurisprudencial, el análisis realizado permitió observar que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios progresivos orientados a
fortalecer la protección constitucional del derecho de alimentos (SCJN, 2019, 2023). Las
resoluciones emitidas por el máximo tribunal reflejan una tendencia interpretativa que reconoce
el interés superior de la niñez como principio rector dentro de los conflictos relacionados con
obligaciones alimentarias (SCJN, 2023). Asimismo, la Corte ha sostenido que el derecho de
alimentos constituye un elemento indispensable para garantizar condiciones mínimas de
bienestar, dignidad y desarrollo humano (SCJN, 2019).

La investigación también permitió advertir que el derecho alimentario ha evolucionado
hacia una visión más amplia e integral dentro del constitucionalismo contemporáneo (Carbonell,
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1014
2022). Actualmente, las obligaciones alimentarias ya no se limitan exclusivamente al suministro
económico básico, sino que comprenden aspectos relacionados con educación, salud, estabilidad
emocional, recreación y desarrollo integral de las personas beneficiarias (Pérez Contreras, 2018).
Esta evolución jurídica implica una mayor responsabilidad para quienes incumplen dichas
obligaciones, particularmente cuando poseen cargos públicos y capacidad económica suficiente
para cumplirlas (Torre Delgadillo, 2020).

Otro aspecto relevante identificado durante el estudio consiste en la relación existente entre
ética pública y legitimidad democrática (Jiménez, 2005). Diversos autores sostienen que la
estabilidad institucional depende, en gran medida, de la percepción ciudadana sobre la integridad
moral de quienes ejercen funciones gubernamentales (Ordóñez León, 2014). Cuando la sociedad
percibe incongruencia entre los principios democráticos y las conductas personales de los
funcionarios públicos, se genera un deterioro progresivo de la confianza institucional y del
sistema político en general (Juárez Quezada, 2023). La discusión desarrollada permitió advertir
que la ética pública contemporánea ya no limita la evaluación de los funcionarios exclusivamente
al cumplimiento formal de funciones administrativas. Actualmente, existe una tendencia doctrinal
y social orientada a exigir una mayor coherencia entre conducta personal, responsabilidad familiar
y ejercicio del poder público (Carbonell, 2022; Jiménez, 2005). Bajo esta lógica, el
incumplimiento alimentario puede interpretarse no solo como una falta privada, sino también
como una conducta incompatible con los valores democráticos y constitucionales que deben regir
el servicio público (Juárez Quezada, 2023).

Asimismo, la investigación identificó que el fenómeno estudiado posee una importante
dimensión de género. En la mayoría de los casos analizados, las consecuencias económicas y
sociales derivadas del incumplimiento alimentario recaen principalmente sobre las mujeres,
quienes frecuentemente asumen de manera desproporcionada las responsabilidades de cuidado,
crianza y manutención familiar (Pérez Contreras, 2018). Esta situación refleja desigualdades
estructurales históricas relacionadas con la distribución social del trabajo doméstico y las cargas
familiares. Desde esta perspectiva, el incumplimiento alimentario puede interpretarse también
como una forma de violencia económica y patrimonial que reproduce dinámicas de desigualdad
y subordinación dentro del ámbito familiar (CNDH, 2020). La falta de cumplimiento de
obligaciones económicas genera afectaciones emocionales, psicológicas y sociales que impactan
principalmente a mujeres y menores de edad (Reyes, 1992). En consecuencia, resulta
indispensable incorporar enfoques de género y derechos humanos dentro del análisis jurídico de
esta problemática.

La investigación también permitió identificar que los registros públicos de deudores
alimentarios representan una herramienta importante para fortalecer mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas dentro del sistema democrático (Ovalle Favela, 2020). Sin embargo, la
efectividad de dichas medidas depende de la existencia de instituciones sólidas, coordinación