Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1160
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2465
El Estado como garante del derecho a la salud mental de las
personas adultas mayores: análisis de los servicios públicos de
asistencia psicológica en Choix, Sinaloa
The State as the Guarantor of Older Adults’ Right to Mental Health: An Analysis of
Public Psychological Support Services in Choix, Sinaloa
María de Nazareth Villalba Zayas
maria.villalba@uas.edu.mx
https://orcid.org/0009-0004-7278-0437
Universidad Autónoma de Sinaloa
México-Los Mochis
Jorge Alejandro Cota Valenzuela
jorgecota@uas.edu.mx
https://orcid.org/0009-0004-7278-0437
Universidad Autónoma de Sinaloa
México-Los Mochis
Artículo recibido: 10 julio 2026- Aceptado para publicación:16 agosto 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
El envejecimiento poblacional ha incrementado de manera considerable la demanda de los
servicios de salud mental para los adultos mayores, especialmente en contextos rurales donde el
acceso a la atención especializada suele ser limitado. El presente estudio tuvo como objetivo
analizar el papel del Estado como responsable de garantizar el derecho a la salud mental de los
adultos mayores mediante la prestación de servicios públicos de asistencia psicológica en el
municipio de Choix, Sinaloa. Se desarrolló una investigación cualitativa con diseño de estudio de
caso y alcance exploratorio-descriptivo. La información se obtuvo mediante revisión documental
de la normatividad vigente, literatura especializada y documentos institucionales, así como
entrevistas semiestructuradas a personal de instituciones públicas responsables de la atención de
adultos mayores. Los datos se analizaron mediante análisis de contenido temático. Los resultados
muestran que el marco jurídico mexicano reconoce el derecho a la salud mental y establece la
obligación estatal de garantizarla; Sin embargo, en el contexto estudiado persisten limitaciones
relacionadas con la insuficiencia de personal, restricciones presupuestales, dispersión geográfica
y barreras de acceso para la población rural. Se identificaron acciones institucionales orientadas
a ampliar la cobertura mediante atención interdisciplinaria y visitas domiciliarias, aunque estas
resultan insuficientes para responder la demanda existente. Se concluye que la garantía del
derecho a la salud mental de las personas adultas mayores requiere fortaleces la capacidad
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1161
institucional, ampliar la cobertura de los servicios psicológicos y consolidar estrategias
comunitarias que favorezcan un acceso oportuno y equitativo en municipios rurales.
Palabras clave: derechos sociales, asistencia psicológica, salud mental, adultos mayores,
Estado
ABSTRACT
Population aging has significantly increased the demand for mental health services for older
adults, especially in rural areas where access to specialized care is often limited. The objective of
this study was to analyze the role of the government in ensuring the right to mental health for
older adults through the provision of public psychological counseling services in the municipality
of Choix, Sinaloa. A qualitative study was conducted using a case study design with an
exploratory-descriptive scope. Information was obtained through a review of current regulations,
specialized literature, and institutional documents, as well as through semi-structured interviews
with staff from public institutions responsible for the care of older adults. The data were analyzed
using thematic content analysis. The results show that the Mexican legal framework recognizes
the right to mental health and establishes the state’s obligation to guarantee it; however, in the
context studied, limitations persist related to staff shortages, budgetary constraints, geographic
dispersion, and barriers to access for the rural population. Institutional actions aimed at expanding
coverage through interdisciplinary care and home visits were identified, although these prove
insufficient to meet the existing demand. It is concluded.
Keywords: social rights, psychological counseling, mental health, older adults,
government
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
institucional, ampliar la cobertura de los servicios psicológicos y consolidar estrategias
comunitarias que favorezcan un acceso oportuno y equitativo en municipios rurales.
Palabras clave: derechos sociales, asistencia psicológica, salud mental, adultos mayores,
Estado
ABSTRACT
Population aging has significantly increased the demand for mental health services for older
adults, especially in rural areas where access to specialized care is often limited. The objective of
this study was to analyze the role of the government in ensuring the right to mental health for
older adults through the provision of public psychological counseling services in the municipality
of Choix, Sinaloa. A qualitative study was conducted using a case study design with an
exploratory-descriptive scope. Information was obtained through a review of current regulations,
specialized literature, and institutional documents, as well as through semi-structured interviews
with staff from public institutions responsible for the care of older adults. The data were analyzed
using thematic content analysis. The results show that the Mexican legal framework recognizes
the right to mental health and establishes the state’s obligation to guarantee it; however, in the
context studied, limitations persist related to staff shortages, budgetary constraints, geographic
dispersion, and barriers to access for the rural population. Institutional actions aimed at expanding
coverage through interdisciplinary care and home visits were identified, although these prove
insufficient to meet the existing demand. It is concluded.
Keywords: social rights, psychological counseling, mental health, older adults,
government
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1162
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento poblacional constituye uno de los principales fenómenos demográficos
del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2030 una de cada seis
personas en el mundo tendrá 60 años o más, situación que incrementará la demanda de servicios
sanitarios especializados, incluyendo la atención psicológica y psiquiátrica (Organización
Mundial de la Salud [OMS], 2025). Este fenómeno, asociado con la disminución de la tasa de
natalidad y el aumento de la esperanza de vida, representa un desafió a nivel económico, social y
sanitario para el Estado, particularmente en materia de atención integral a los adultos mayores.
(Sirigu et al., 2025).
En México, el aumento sostenido de la población adulta mayor plantea nuevos desafíos
para las políticas públicas, especialmente en materia de salud mental, bienestar social y garantía
de derechos. Diversos estudios han demostrado que durante la vejez pueden presentarse
condiciones psicosociales asociadas con la depresión, la ansiedad, la soledad y el deterioro de la
calidad de vida, situaciones que afectan significativamente el bienestar integral de este grupo
poblacional (Acosta Quiroz et al., 2017).
La evidencia científica señala que la salud mental de las personas adultas mayores se
encuentra estrechamente vinculada con factores como el apoyo social, las actividades cotidianas,
la participación comunitaria y el acceso a servicios de atención especializados. En este sentido,
Acosta Quiroz y González-Celis (2009) sostienen que las actividades de la vida diaria constituyen
elementos fundamentales para la adaptación al proceso de envejecimiento y para la conservación
del bienestar psicológico. Asimismo, investigaciones realizadas con población mexicana han
identificado que la soledad constituye un predictor importante de la depresión y de una menor
calidad de vida en las personas adultas mayores (Acosta Quiroz et al., 2017). Estos hallazgos
adquieren especial relevancia en contextos rurales, donde las limitaciones de acceso a servicios
especializados pueden incrementar la vulnerabilidad psicosocial de este sector de la población.
La atención a la salud mental forma parte del derecho a la salud reconocido por el Estado
mexicano, el acceso a servicios psicológicos especializados continúa siendo limitado para una
parte importante de la población adulta mayor, particularmente en contextos rurales y
comunidades con altos niveles de marginación. La evidencia internacional muestra que las
personas mayores enfrentan múltiples barreras para solicitar y recibir atención profesional en
salud mental, entre ellas la escasez de servicios especializados, dificultades geográficas de acceso,
estigmatización y desconocimiento de los recursos disponibles (Elshaikh et al., 2023). Estas
condiciones dificultan el ejercicio efectivo del derecho a la salud mental y profundizan las
desigualdades existentes.
Desde una perspectiva de derechos sociales, la atención a la salud mental forma parte del
derecho a la salud y representa una responsabilidad fundamental del Estado. Sin embargo, en
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento poblacional constituye uno de los principales fenómenos demográficos
del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2030 una de cada seis
personas en el mundo tendrá 60 años o más, situación que incrementará la demanda de servicios
sanitarios especializados, incluyendo la atención psicológica y psiquiátrica (Organización
Mundial de la Salud [OMS], 2025). Este fenómeno, asociado con la disminución de la tasa de
natalidad y el aumento de la esperanza de vida, representa un desafió a nivel económico, social y
sanitario para el Estado, particularmente en materia de atención integral a los adultos mayores.
(Sirigu et al., 2025).
En México, el aumento sostenido de la población adulta mayor plantea nuevos desafíos
para las políticas públicas, especialmente en materia de salud mental, bienestar social y garantía
de derechos. Diversos estudios han demostrado que durante la vejez pueden presentarse
condiciones psicosociales asociadas con la depresión, la ansiedad, la soledad y el deterioro de la
calidad de vida, situaciones que afectan significativamente el bienestar integral de este grupo
poblacional (Acosta Quiroz et al., 2017).
La evidencia científica señala que la salud mental de las personas adultas mayores se
encuentra estrechamente vinculada con factores como el apoyo social, las actividades cotidianas,
la participación comunitaria y el acceso a servicios de atención especializados. En este sentido,
Acosta Quiroz y González-Celis (2009) sostienen que las actividades de la vida diaria constituyen
elementos fundamentales para la adaptación al proceso de envejecimiento y para la conservación
del bienestar psicológico. Asimismo, investigaciones realizadas con población mexicana han
identificado que la soledad constituye un predictor importante de la depresión y de una menor
calidad de vida en las personas adultas mayores (Acosta Quiroz et al., 2017). Estos hallazgos
adquieren especial relevancia en contextos rurales, donde las limitaciones de acceso a servicios
especializados pueden incrementar la vulnerabilidad psicosocial de este sector de la población.
La atención a la salud mental forma parte del derecho a la salud reconocido por el Estado
mexicano, el acceso a servicios psicológicos especializados continúa siendo limitado para una
parte importante de la población adulta mayor, particularmente en contextos rurales y
comunidades con altos niveles de marginación. La evidencia internacional muestra que las
personas mayores enfrentan múltiples barreras para solicitar y recibir atención profesional en
salud mental, entre ellas la escasez de servicios especializados, dificultades geográficas de acceso,
estigmatización y desconocimiento de los recursos disponibles (Elshaikh et al., 2023). Estas
condiciones dificultan el ejercicio efectivo del derecho a la salud mental y profundizan las
desigualdades existentes.
Desde una perspectiva de derechos sociales, la atención a la salud mental forma parte del
derecho a la salud y representa una responsabilidad fundamental del Estado. Sin embargo, en
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1163
municipios rurales como Choix, Sinaloa, existe escasa evidencia sobre la disponibilidad,
accesibilidad y pertinencia de los servicios públicos de asistencia psicológica dirigidos a las
personas adultas mayores. Esta ausencia de información limita la evaluación de las políticas
públicas existentes y dificulta la identificación de necesidades específicas de atención.
En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el papel del
Estado como garante del derecho a la salud mental de las personas adultas mayores mediante la
prestación de servicios públicos de asistencia psicológica en el municipio de Choix, Sinaloa. Así
también, el estudio aporta elementos para la discusión sobre envejecimiento, ciudadanía social,
políticas públicas y salud mental comunitaria, al tiempo que visibiliza las experiencias de los
actores institucionales responsables de implementar los programas dirigidos a este sector de la
población. Con ello, se pretende generar evidencia que contribuya al fortalecimiento de las
políticas públicas orientadas a promover el bienestar psicológico y la calidad de vida de los
adultos mayores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque de investigación
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que tuvo como
propósito comprender cómo el Estado garantiza el derecho a la salud mental de los adultos
mayores mediante la prestación de servicios de asistencia psicológica en el municipio de Choix,
Sinaloa. Este enfoque permitió analizar las experiencias, percepciones y significados construidos
por los actores involucrados, así también, interpretar las condiciones sociales e institucionales que
influyen en el acceso a los servicios de atención psicológica.
Tipo de investigación
La investigación es de carácter exploratorio-descriptivo. En el primero de los casos de
define así debido a la escasa evidencia que existe sobre la organización y funcionamiento de los
servicios públicos de asistencia psicológica para este sector de la población. Asimismo, es de
carácter descriptivo porque caracteriza las acciones que implementa el Estado para garantizar la
atención a la salud mental como parte del derecho a la salud, identificando las principales
fortalezas, limitaciones y desafíos presentes en el contexto local.
Diseño metodológico
Se utilizó un diseño de estudio de caso con sesgo interpretativo, tomando como caso de
estudio el municipio de Choix Sinaloa. Este diseño permitió realizar un análisis contextualizado
de las instituciones públicas responsables de la atención a la salud mental de los adultos mayores,
considerando las particularidades sociales, territoriales e institucionales que caracterizan al
municipio.
El estudio se sustentó en la revisión de la normatividad vigente, documentos
institucionales y programas gubernamentales que se relacionan con la atención y derechos de los
municipios rurales como Choix, Sinaloa, existe escasa evidencia sobre la disponibilidad,
accesibilidad y pertinencia de los servicios públicos de asistencia psicológica dirigidos a las
personas adultas mayores. Esta ausencia de información limita la evaluación de las políticas
públicas existentes y dificulta la identificación de necesidades específicas de atención.
En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el papel del
Estado como garante del derecho a la salud mental de las personas adultas mayores mediante la
prestación de servicios públicos de asistencia psicológica en el municipio de Choix, Sinaloa. Así
también, el estudio aporta elementos para la discusión sobre envejecimiento, ciudadanía social,
políticas públicas y salud mental comunitaria, al tiempo que visibiliza las experiencias de los
actores institucionales responsables de implementar los programas dirigidos a este sector de la
población. Con ello, se pretende generar evidencia que contribuya al fortalecimiento de las
políticas públicas orientadas a promover el bienestar psicológico y la calidad de vida de los
adultos mayores.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque de investigación
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, ya que tuvo como
propósito comprender cómo el Estado garantiza el derecho a la salud mental de los adultos
mayores mediante la prestación de servicios de asistencia psicológica en el municipio de Choix,
Sinaloa. Este enfoque permitió analizar las experiencias, percepciones y significados construidos
por los actores involucrados, así también, interpretar las condiciones sociales e institucionales que
influyen en el acceso a los servicios de atención psicológica.
Tipo de investigación
La investigación es de carácter exploratorio-descriptivo. En el primero de los casos de
define así debido a la escasa evidencia que existe sobre la organización y funcionamiento de los
servicios públicos de asistencia psicológica para este sector de la población. Asimismo, es de
carácter descriptivo porque caracteriza las acciones que implementa el Estado para garantizar la
atención a la salud mental como parte del derecho a la salud, identificando las principales
fortalezas, limitaciones y desafíos presentes en el contexto local.
Diseño metodológico
Se utilizó un diseño de estudio de caso con sesgo interpretativo, tomando como caso de
estudio el municipio de Choix Sinaloa. Este diseño permitió realizar un análisis contextualizado
de las instituciones públicas responsables de la atención a la salud mental de los adultos mayores,
considerando las particularidades sociales, territoriales e institucionales que caracterizan al
municipio.
El estudio se sustentó en la revisión de la normatividad vigente, documentos
institucionales y programas gubernamentales que se relacionan con la atención y derechos de los
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1164
adultos mayores, complementándose con la información obtenida mediante entrevistas
semiestructuradas a los actores que se vinculan con la prestación de estos servicios.
Sujetos de estudio
El grupo de participantes de la investigación se conformó por actores vinculados con la
atención de adultos mayores desde diversos departamentos o dependencias. Entre ellos:
- Profesionales de la salud mental adscritos a instituciones públicas.
- Funcionarios o personal responsable de programas de salud y asistencia social dirigidos a
personas adultas mayores.
- Personal administrativo que participe en la planeación de programas de atención de la salud
mental.
La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional, considerando
criterios relacionados con la experiencia, conocimiento y vinculación directa en la
implementación de programas que se relacionan con el objeto de estudio.
Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para la obtención de información se emplearon las siguientes técnicas:
Revisión documental
Se analizaron documentos normativos, programas gubernamentales, informes
institucionales, datos oficiales y literatura científica relacionada con la salud mental y los derechos
de las personas adultas mayores.
Entrevistas semiestructuradas
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los actores institucionales involucrados en
la prestación de servicios para el bienestar de los adultos mayores. La selección de los informantes
se realizó mediante un muestreo intencional, tomando en cuenta la relación profesionista-
beneficiario, según las funciones que desempeñan en su cargo.
La implementación de entrevistas permitió profundizar en las experiencias y perspectivas
de los actores institucionales que se involucran en el proceso de la atención a los adultos mayores,
favoreciendo el proceso de comprensión del hecho que se estudia en la presente investigación.
Estrategia de análisis de la información
La información recopilada se ha analizado mediante la técnica de análisis de contenido
temático. En una primera etapa se realizó la búsqueda de normatividad, jurisprudencia vigente,
tratados internacionales y literatura especializada en el tema de la investigación; posteriormente
se realizó la organización y transcripción de los datos obtenidos; consiguiente a ello, se procedió
a su categorización, identificando temas relacionados con la garantía del derecho a la salud
mental, la accesibilidad de los servicios psicológicos, las condiciones institucionales, barreras de
atención y los desafíos actuales en el proceso de atención a las necesidades de los adultos mayores.
Así mismo, se organizó la información recopilada durante las entrevistas a los
informantes clave (IC). Esto para analizar las percepciones tanto personales como profesionales
adultos mayores, complementándose con la información obtenida mediante entrevistas
semiestructuradas a los actores que se vinculan con la prestación de estos servicios.
Sujetos de estudio
El grupo de participantes de la investigación se conformó por actores vinculados con la
atención de adultos mayores desde diversos departamentos o dependencias. Entre ellos:
- Profesionales de la salud mental adscritos a instituciones públicas.
- Funcionarios o personal responsable de programas de salud y asistencia social dirigidos a
personas adultas mayores.
- Personal administrativo que participe en la planeación de programas de atención de la salud
mental.
La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional, considerando
criterios relacionados con la experiencia, conocimiento y vinculación directa en la
implementación de programas que se relacionan con el objeto de estudio.
Técnicas e instrumentos de recolección de información
Para la obtención de información se emplearon las siguientes técnicas:
Revisión documental
Se analizaron documentos normativos, programas gubernamentales, informes
institucionales, datos oficiales y literatura científica relacionada con la salud mental y los derechos
de las personas adultas mayores.
Entrevistas semiestructuradas
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los actores institucionales involucrados en
la prestación de servicios para el bienestar de los adultos mayores. La selección de los informantes
se realizó mediante un muestreo intencional, tomando en cuenta la relación profesionista-
beneficiario, según las funciones que desempeñan en su cargo.
La implementación de entrevistas permitió profundizar en las experiencias y perspectivas
de los actores institucionales que se involucran en el proceso de la atención a los adultos mayores,
favoreciendo el proceso de comprensión del hecho que se estudia en la presente investigación.
Estrategia de análisis de la información
La información recopilada se ha analizado mediante la técnica de análisis de contenido
temático. En una primera etapa se realizó la búsqueda de normatividad, jurisprudencia vigente,
tratados internacionales y literatura especializada en el tema de la investigación; posteriormente
se realizó la organización y transcripción de los datos obtenidos; consiguiente a ello, se procedió
a su categorización, identificando temas relacionados con la garantía del derecho a la salud
mental, la accesibilidad de los servicios psicológicos, las condiciones institucionales, barreras de
atención y los desafíos actuales en el proceso de atención a las necesidades de los adultos mayores.
Así mismo, se organizó la información recopilada durante las entrevistas a los
informantes clave (IC). Esto para analizar las percepciones tanto personales como profesionales
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1165
en torno a lo que, como servidores públicos realizan para atender el tema de la asistencia
psicológica de los adultos mayores, como garantía de su derecho a la salud mental y su bienestar
integral.
Marco teórico
Estado como garante de los derechos sociales
El reconocimiento de la salud como un derecho humano implica que el Estado no sólo
debe abstenerse de vulnerarlo, sino también debe generar las condiciones necesarias para
garantizar su ejercicio efectivo. Desde la perspectiva de la ciudadanía social, el bienestar de las
personas constituye una responsabilidad pública que va más allá de la provisión de servicios
existenciales y comprende el acceso equitativo a derechos fundamentales, entre ellos el derecho
a la salud, la seguridad y la asistencia social. En ese tenor, la literatura sostiene que los derechos
sociales representan un componente indispensable de la ciudadanía moderna, pues permiten que
todas las personas participen plenamente en la vida social mediante el acceso a condiciones
mínimas de bienestar.
Esta concepción resulta particularmente el caso de los adultos mayores, ya que este sector
poblacional suele enfrentar grandes desigualdades derivadas del envejecimiento, la pérdida de
redes de apoyo, la dependencia funcional y las limitaciones de acceso a servicios. Por lo tanto, la
garantía de los derechos sociales requiere que el Estado implemente políticas públicas capaces de
reducir las mencionadas desigualdades mediante acciones para proteger prevenir y atender de
forma integral las necesidades de los adultos mayores.
Sen, plantea, a través del enfoque de capacidades, que el desarrollo debe entenderse como
la ampliación de las libertades reales de las personas para vivir la vida que valoran. En
consecuencia, el bienestar no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos materiales,
sino de oportunidades efectivas para ejercer derechos y desarrollar capacidades. (Sen,1999;
Gopinath, 2018). En torno al tema del envejecimiento, este enfoque implica que la atención a la
salud mental constituye un medio para preservar la autonomía, la participación social y la calidad
de vida de las personas adultas mayores, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
La función del Estado consiste en generar condiciones institucionales que permitan a las
personas mayores acceder de forma oportuna a servicios de salud mental de calidad, eliminando
barreras económicas, geográficas, culturales y administrativas que limiten el ejercicio de este
derecho. Así, la ausencia o insuficiencia de servicios especializados no sólo representa una
limitación operativa del sistema de salud, sino también una restricción al desarrollo de
capacidades y al ejercicio pleno de la autonomía social. (Marshal,1950; Sen, 1999; Mitra &
Bucker, 2020)
El derecho a la salud mental de las personas adultas mayores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar
que permite a las personas desarrollar sus capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida,
en torno a lo que, como servidores públicos realizan para atender el tema de la asistencia
psicológica de los adultos mayores, como garantía de su derecho a la salud mental y su bienestar
integral.
Marco teórico
Estado como garante de los derechos sociales
El reconocimiento de la salud como un derecho humano implica que el Estado no sólo
debe abstenerse de vulnerarlo, sino también debe generar las condiciones necesarias para
garantizar su ejercicio efectivo. Desde la perspectiva de la ciudadanía social, el bienestar de las
personas constituye una responsabilidad pública que va más allá de la provisión de servicios
existenciales y comprende el acceso equitativo a derechos fundamentales, entre ellos el derecho
a la salud, la seguridad y la asistencia social. En ese tenor, la literatura sostiene que los derechos
sociales representan un componente indispensable de la ciudadanía moderna, pues permiten que
todas las personas participen plenamente en la vida social mediante el acceso a condiciones
mínimas de bienestar.
Esta concepción resulta particularmente el caso de los adultos mayores, ya que este sector
poblacional suele enfrentar grandes desigualdades derivadas del envejecimiento, la pérdida de
redes de apoyo, la dependencia funcional y las limitaciones de acceso a servicios. Por lo tanto, la
garantía de los derechos sociales requiere que el Estado implemente políticas públicas capaces de
reducir las mencionadas desigualdades mediante acciones para proteger prevenir y atender de
forma integral las necesidades de los adultos mayores.
Sen, plantea, a través del enfoque de capacidades, que el desarrollo debe entenderse como
la ampliación de las libertades reales de las personas para vivir la vida que valoran. En
consecuencia, el bienestar no depende exclusivamente de la disponibilidad de recursos materiales,
sino de oportunidades efectivas para ejercer derechos y desarrollar capacidades. (Sen,1999;
Gopinath, 2018). En torno al tema del envejecimiento, este enfoque implica que la atención a la
salud mental constituye un medio para preservar la autonomía, la participación social y la calidad
de vida de las personas adultas mayores, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
La función del Estado consiste en generar condiciones institucionales que permitan a las
personas mayores acceder de forma oportuna a servicios de salud mental de calidad, eliminando
barreras económicas, geográficas, culturales y administrativas que limiten el ejercicio de este
derecho. Así, la ausencia o insuficiencia de servicios especializados no sólo representa una
limitación operativa del sistema de salud, sino también una restricción al desarrollo de
capacidades y al ejercicio pleno de la autonomía social. (Marshal,1950; Sen, 1999; Mitra &
Bucker, 2020)
El derecho a la salud mental de las personas adultas mayores
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un estado de bienestar
que permite a las personas desarrollar sus capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida,
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1166
trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de las personas adultas
mayores, la salud mental adquiere especial relevancia debido a que el proceso de envejecimiento
puede estar acompañado de cambios biológicos, psicológicos y sociales que incrementan el riesgo
de presentar depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, aislamiento social y otras condiciones que
afectan significativamente su calidad de vida. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud
sostiene que la atención a la salud mental durante la vejez debe integrarse a un modelo de atención
comunitario, centrado en la persona y orientado a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación
y el fortalecimiento de la autonomía (OMS, 2025).
La salud mental constituye un derecho que debe garantizarse de manera digna, igualitaria
y bajo la no discriminación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que las
políticas públicas deben orientarse hacia modelos de atención comunitaria que promuevan la
inclusión social, la participación del usuario y la búsqueda de eliminar barreras que dificultan el
acceso oportuno a los servicios de salud mental. (Organización Panamericana de la Salud [OPS],
2023). Este enfoque reconoce que la asistencia psicológica representa una obligación del Estado
para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la salud de la población, especialmente los adultos
mayores, que además es considerado como grupo en situación de vulnerabilidad.
En México, el derecho a la protección de la salud se encuentra establecido en el artículo
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual decreta que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
[CPEUM], 2025).
La Ley General de Salud, Capítulo VII reconoce que la salud mental tiene carácter
prioritario dentro de las políticas públicas y establece textualmente que: el Estado deberá
garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a los servicios de salud mental, bajo un
enfoque comunitario y con pleno respeto a los derechos humanos (Ley General de Salud [LGS],
2024).
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dispone que las instituciones
públicas deben promover el bienestar físico, mental y psicoemocional de este grupo de la
población mediante programas y servicios orientados a garantizar una atención integral y
preferente. La legislación establece que las personas adultas mayores tienen derecho preferente a
los servicios de salud, al desarrollo de programas de prevención, atención médica y psicológica,
así como a políticas públicas que favorezcan un envejecimiento saludable, la autonomía y la
participación social (Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, [LDPAM], 2024).
La garantía del derecho a la salud mental implica que el Estado no solo proporcione
servicios especializado, sino que asegure disponibilidad, accesibilidad y calidad, particularmente
en territorios donde existen condiciones de marginación y dispersión geográfica. La insuficiente
cobertura de servicios psicológicos o las barreras económicas, territoriales e institucionales
limitan el apropiado ejercicio de este derecho y aumentan las desigualdades que enfrentan los
trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad. En el caso de las personas adultas
mayores, la salud mental adquiere especial relevancia debido a que el proceso de envejecimiento
puede estar acompañado de cambios biológicos, psicológicos y sociales que incrementan el riesgo
de presentar depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, aislamiento social y otras condiciones que
afectan significativamente su calidad de vida. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud
sostiene que la atención a la salud mental durante la vejez debe integrarse a un modelo de atención
comunitario, centrado en la persona y orientado a la prevención, el tratamiento, la rehabilitación
y el fortalecimiento de la autonomía (OMS, 2025).
La salud mental constituye un derecho que debe garantizarse de manera digna, igualitaria
y bajo la no discriminación. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que las
políticas públicas deben orientarse hacia modelos de atención comunitaria que promuevan la
inclusión social, la participación del usuario y la búsqueda de eliminar barreras que dificultan el
acceso oportuno a los servicios de salud mental. (Organización Panamericana de la Salud [OPS],
2023). Este enfoque reconoce que la asistencia psicológica representa una obligación del Estado
para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la salud de la población, especialmente los adultos
mayores, que además es considerado como grupo en situación de vulnerabilidad.
En México, el derecho a la protección de la salud se encuentra establecido en el artículo
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual decreta que toda persona
tiene derecho a la protección de la salud (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
[CPEUM], 2025).
La Ley General de Salud, Capítulo VII reconoce que la salud mental tiene carácter
prioritario dentro de las políticas públicas y establece textualmente que: el Estado deberá
garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a los servicios de salud mental, bajo un
enfoque comunitario y con pleno respeto a los derechos humanos (Ley General de Salud [LGS],
2024).
La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dispone que las instituciones
públicas deben promover el bienestar físico, mental y psicoemocional de este grupo de la
población mediante programas y servicios orientados a garantizar una atención integral y
preferente. La legislación establece que las personas adultas mayores tienen derecho preferente a
los servicios de salud, al desarrollo de programas de prevención, atención médica y psicológica,
así como a políticas públicas que favorezcan un envejecimiento saludable, la autonomía y la
participación social (Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, [LDPAM], 2024).
La garantía del derecho a la salud mental implica que el Estado no solo proporcione
servicios especializado, sino que asegure disponibilidad, accesibilidad y calidad, particularmente
en territorios donde existen condiciones de marginación y dispersión geográfica. La insuficiente
cobertura de servicios psicológicos o las barreras económicas, territoriales e institucionales
limitan el apropiado ejercicio de este derecho y aumentan las desigualdades que enfrentan los
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1167
adultos mayores (OMS,2025; LGS, 2024).
RESULTADOS
Se realizó una amplia revisión de la literatura especializada como libros, artículos y tesis,
se revisaron tratados internacionales y también jurisprudencia mexicana. Entre las que destacan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas mayores; en los cuales se establece el acceso a la salud
mental como universal, equitativo y de carácter comunitario. Posteriormente se realizaron
entrevistas a informantes clave, todos miembros de la plantilla de personal del sistema Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y también de la dependencia Instituto Nacional para la Atención de
Adultos Mayores (INAPAM), quienes trabajan de forma conjunta en el municipio en la intención
de promover y garantizar el bienestar de los adultos mayores en el municipio de Choix.
Es sabido que existen programas de apoyo para bienestar de los adultos mayores. Algunos
de los cuales se encargan de gestionar apoyos asistenciales económicos como prioridad, restando
importancia al bienestar psicoemocional. Los informantes coinciden que la centralización de
recursos y la escasa partida presupuestal son limitantes para ofrecer servicios de atención
psicológica especializada para adultos mayores. Esta discrepancia sitúa a la salud mental como
un servicio condicionado a la disponibilidad de personal o programas intermitentes, cuando esta
debería situarse como un derecho garantizado y exigible, pero cabe destacar que la institución
realiza una ardua labor por cumplir con la demanda de atención de los adultos mayores del
municipio trabajando de manera multidisciplinaria, medicina, enfermería, trabajo social y
psicología, promoviendo el bienestar tanto físico como emocional de los usuarios.
Otro punto relevante expuesto durante las entrevistas es la barrera de accesibilidad
geográfica y económica. La IC3 comenta que el municipio de Choix se caracteriza por tener una
alta dispersión de comunidades rurales, lo que incrementa considerablemente el aislamiento de
adultos mayores.
La IC2 señaló que la oferta de servicios psicológicos se concentra en la cabecera
municipal en el lugar que ocupa el DIF municipal, por lo que para un adulto mayor que habita en
una comunidad lejana, el traslado genera un gasto y también un riesgo por su limitada condición
de salud física, especialmente aquellos adultos mayores que viven solos. Este hecho coincide con
el planteamiento de Acosta Quiroz, quien sostiene que la soledad y las limitaciones de acceso en
contextos rurales incrementan de manera exponencial la vulnerabilidad psicosocial, actuando
como predictores directos de cuadros depresivos severos y una disminución drástica en la calidad
de vida de este sector poblacional (Acosta Quiroz et al., 2017). No obstante, la institución maneja
un programa de atención médica y psicológica de tipo domiciliaria a adultos mayores en algunas
comunidades rurales, esto a solicitud de los mismos usuarios y de igual forma, atienden a
habitantes de la cabecera municipal en su domicilio de forma periódica. –“Tenemos algunos
adultos mayores (OMS,2025; LGS, 2024).
RESULTADOS
Se realizó una amplia revisión de la literatura especializada como libros, artículos y tesis,
se revisaron tratados internacionales y también jurisprudencia mexicana. Entre las que destacan
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley de
los Derechos de las Personas Adultas mayores; en los cuales se establece el acceso a la salud
mental como universal, equitativo y de carácter comunitario. Posteriormente se realizaron
entrevistas a informantes clave, todos miembros de la plantilla de personal del sistema Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) y también de la dependencia Instituto Nacional para la Atención de
Adultos Mayores (INAPAM), quienes trabajan de forma conjunta en el municipio en la intención
de promover y garantizar el bienestar de los adultos mayores en el municipio de Choix.
Es sabido que existen programas de apoyo para bienestar de los adultos mayores. Algunos
de los cuales se encargan de gestionar apoyos asistenciales económicos como prioridad, restando
importancia al bienestar psicoemocional. Los informantes coinciden que la centralización de
recursos y la escasa partida presupuestal son limitantes para ofrecer servicios de atención
psicológica especializada para adultos mayores. Esta discrepancia sitúa a la salud mental como
un servicio condicionado a la disponibilidad de personal o programas intermitentes, cuando esta
debería situarse como un derecho garantizado y exigible, pero cabe destacar que la institución
realiza una ardua labor por cumplir con la demanda de atención de los adultos mayores del
municipio trabajando de manera multidisciplinaria, medicina, enfermería, trabajo social y
psicología, promoviendo el bienestar tanto físico como emocional de los usuarios.
Otro punto relevante expuesto durante las entrevistas es la barrera de accesibilidad
geográfica y económica. La IC3 comenta que el municipio de Choix se caracteriza por tener una
alta dispersión de comunidades rurales, lo que incrementa considerablemente el aislamiento de
adultos mayores.
La IC2 señaló que la oferta de servicios psicológicos se concentra en la cabecera
municipal en el lugar que ocupa el DIF municipal, por lo que para un adulto mayor que habita en
una comunidad lejana, el traslado genera un gasto y también un riesgo por su limitada condición
de salud física, especialmente aquellos adultos mayores que viven solos. Este hecho coincide con
el planteamiento de Acosta Quiroz, quien sostiene que la soledad y las limitaciones de acceso en
contextos rurales incrementan de manera exponencial la vulnerabilidad psicosocial, actuando
como predictores directos de cuadros depresivos severos y una disminución drástica en la calidad
de vida de este sector poblacional (Acosta Quiroz et al., 2017). No obstante, la institución maneja
un programa de atención médica y psicológica de tipo domiciliaria a adultos mayores en algunas
comunidades rurales, esto a solicitud de los mismos usuarios y de igual forma, atienden a
habitantes de la cabecera municipal en su domicilio de forma periódica. –“Tenemos algunos
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pacientes que se atienden en su domicilio. Por lo general son adultos mayores que viven solos y
no pueden acudir a la consulta por sí solos y algunos otros son personas con alguna discapacidad”,
expresó la IC2 durante la entrevista.
Así mismo, la IC4 indicó que una de las más importantes barreras institucionales se
traduce en la escasez de personal especializado para el servicio público de atención de la salud
mental. Lo que dificulta que el proceso terapéutico se realice de forma adecuada. Pero, la IC1
informa que pese a no contar personal suficiente para dar cobertura amplia a este importante sector
de la comunidad que cabe mencionar, va en considerable aumento; se sienten satisfechos de contar
en su plantilla, con una psicóloga que tiene conocimientos básicos en psicogeriatría e intervención
orientada a la vejez y cuidadores informales primarios, ya que, sin duda, eso facilita la pertinencia
metodológica de las intervenciones.
El personal entrevistado manifestó que actualmente persiste un estigma cultural muy
fuerte en torno al tema de la salud mental, por consiguiente, los adultos mayores no solicitan la
atención formal hasta que los síntomas son avanzados o que reciben instrucción médica y/o legal.
En el ámbito jurídico mexicano, la obligación que tiene el Estado de proporcionar
servicios de salud mental no solamente implica la existencia de programas gubernamentales, sino
también se requiere de personal capacitado; infraestructura adecuada y accesibilidad para el
usuario, sobre todo si se toma en cuenta el grado de vulnerabilidad del adulto mayor y más aún
en el contexto rural. De esta forma, la asistencia psicológica representa el deber el Estado de
proteger, respetar y garantizar el derecho a la salud mental.
DISCUSIÓN
El envejecimiento saludable requiere de modelos comunitarios de atención que incluyan
la salud mental en el catálogo de servicios básicos, dando prioridad a un proceso terapéutico que
sirva como acción preventiva de padecimientos mentales e impulsor de la participación social de
los adultos mayores. La literatura especializada demuestra que los programas comunitarios
favorecen la disminución del aislamiento social, uno de los principales factores asociados con
depresión, ansiedad y deterioro funcional durante la vejez (Leung et al., 2024).
Rangel Espíndola, expone en su tesis de licenciatura, que el fortalecimiento del apoyo
social y las redes comunitarias constituye un elemento indispensable para prevenir el deterioro
del bienestar psicológico en personas adultas mayores, particularmente en contextos
caracterizados por aislamiento social y vulnerabilidad económica. (2019)
Los resultados de la investigación demuestran que existe una gran diferencia entre el
reconocimiento jurídico del derecho y su implementación. El México existen diversos
documentos que reconocen la salud mental como un derecho que debe garantizarse por el Estado.
Sin embargo, en lugares como el municipio de Choix hacer efectivo este derecho, se dificulta por
situaciones como la falta de personal y asignación de recursos.
pacientes que se atienden en su domicilio. Por lo general son adultos mayores que viven solos y
no pueden acudir a la consulta por sí solos y algunos otros son personas con alguna discapacidad”,
expresó la IC2 durante la entrevista.
Así mismo, la IC4 indicó que una de las más importantes barreras institucionales se
traduce en la escasez de personal especializado para el servicio público de atención de la salud
mental. Lo que dificulta que el proceso terapéutico se realice de forma adecuada. Pero, la IC1
informa que pese a no contar personal suficiente para dar cobertura amplia a este importante sector
de la comunidad que cabe mencionar, va en considerable aumento; se sienten satisfechos de contar
en su plantilla, con una psicóloga que tiene conocimientos básicos en psicogeriatría e intervención
orientada a la vejez y cuidadores informales primarios, ya que, sin duda, eso facilita la pertinencia
metodológica de las intervenciones.
El personal entrevistado manifestó que actualmente persiste un estigma cultural muy
fuerte en torno al tema de la salud mental, por consiguiente, los adultos mayores no solicitan la
atención formal hasta que los síntomas son avanzados o que reciben instrucción médica y/o legal.
En el ámbito jurídico mexicano, la obligación que tiene el Estado de proporcionar
servicios de salud mental no solamente implica la existencia de programas gubernamentales, sino
también se requiere de personal capacitado; infraestructura adecuada y accesibilidad para el
usuario, sobre todo si se toma en cuenta el grado de vulnerabilidad del adulto mayor y más aún
en el contexto rural. De esta forma, la asistencia psicológica representa el deber el Estado de
proteger, respetar y garantizar el derecho a la salud mental.
DISCUSIÓN
El envejecimiento saludable requiere de modelos comunitarios de atención que incluyan
la salud mental en el catálogo de servicios básicos, dando prioridad a un proceso terapéutico que
sirva como acción preventiva de padecimientos mentales e impulsor de la participación social de
los adultos mayores. La literatura especializada demuestra que los programas comunitarios
favorecen la disminución del aislamiento social, uno de los principales factores asociados con
depresión, ansiedad y deterioro funcional durante la vejez (Leung et al., 2024).
Rangel Espíndola, expone en su tesis de licenciatura, que el fortalecimiento del apoyo
social y las redes comunitarias constituye un elemento indispensable para prevenir el deterioro
del bienestar psicológico en personas adultas mayores, particularmente en contextos
caracterizados por aislamiento social y vulnerabilidad económica. (2019)
Los resultados de la investigación demuestran que existe una gran diferencia entre el
reconocimiento jurídico del derecho y su implementación. El México existen diversos
documentos que reconocen la salud mental como un derecho que debe garantizarse por el Estado.
Sin embargo, en lugares como el municipio de Choix hacer efectivo este derecho, se dificulta por
situaciones como la falta de personal y asignación de recursos.
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Definitivamente, los servidores públicos cumplen un importante rol en el proceso de
implementar las políticas públicas, ya que son quienes tienen la facultad y la responsabilidad de
la toma de decisiones para priorizar y atender las necesidades de la población. Los testimonios
obtenidos en las entrevistas muestran cómo la atención a los adultos mayores depende en gran
parte, de la capacidad de los funcionarios para organizar los recursos disponibles, tanto humanos
como económicos y de tiempo. Empero de las dificultades, las IC manifiestan lo placentero que
es trabajar al servicio de este sector poblacional y muestran gran interés por implementar acciones
de mejora en pro del bienestar de los adultos mayores en cualquiera sus revelaciones, lo que da
pauta a futuras líneas de investigación en temas como creación y desarrollo de políticas públicas,
programas de atención de la salud mental para adultos mayores y dependencias de supervisión
que se encarguen de garantizar la implementación de los planes y programas de intervención
propuestos para la salud mental de la población longeva en el municipio.
CONCLUSIONES
Las personas adultas mayores enfrentan diversos factores que pueden afectar su salud
mental, entre ellos la pérdida de familiares, el aislamiento social, la disminución de ingresos
derivada de la jubilación, las enfermedades crónicas y la dependencia funcional. Estas
condiciones pueden favorecer la aparición de trastornos como la depresión, la ansiedad y otros
problemas emocionales que afectan significativamente su bienestar y calidad de vida (OMS,
2025).
En el contexto mexicano, Sánchez Chávez sostiene que el envejecimiento activo favorece
niveles más elevados de bienestar psicológico, ya que promueve la participación social, la
independencia y el fortalecimiento de capacidades personales. (2009). El bienestar psicológico
no depende únicamente de la ausencia de enfermedad o algún padecimiento, sino también de las
oportunidades que el adulto mayor pueda tener en su entorno para sobrellevar la vida de una
manera significativa, logrando de esta manera que las personas se mantengan activas y se sientan
útiles conforme a sus posibilidades.
Es preciso mencionar que la literatura especializada identifica una relación directa entre
salud mental y calidad de vida. Las personas adultas mayores que presentan síntomas depresivos,
ansiedad o deterioro emocional, reportan niveles más bajos de satisfacción vital y mayores
dificultades para mantener su autonomía y participación social (Gálvez Olivares et al., 2020)
La asistencia psicológica constituye una herramienta fundamental para garantizar el
derecho a la salud mental. A través de la evaluación, intervención y orientación psicológica se
contribuye a la prevención de trastornos mentales en la vejez y también se previene el aumento
de los casos de suicidio, además mejora la estabilidad emocional y el fortalecimiento de la
capacidad de adaptación del adulto mayor para satisfacer sus necesidades en esta etapa de la vida,
Definitivamente, los servidores públicos cumplen un importante rol en el proceso de
implementar las políticas públicas, ya que son quienes tienen la facultad y la responsabilidad de
la toma de decisiones para priorizar y atender las necesidades de la población. Los testimonios
obtenidos en las entrevistas muestran cómo la atención a los adultos mayores depende en gran
parte, de la capacidad de los funcionarios para organizar los recursos disponibles, tanto humanos
como económicos y de tiempo. Empero de las dificultades, las IC manifiestan lo placentero que
es trabajar al servicio de este sector poblacional y muestran gran interés por implementar acciones
de mejora en pro del bienestar de los adultos mayores en cualquiera sus revelaciones, lo que da
pauta a futuras líneas de investigación en temas como creación y desarrollo de políticas públicas,
programas de atención de la salud mental para adultos mayores y dependencias de supervisión
que se encarguen de garantizar la implementación de los planes y programas de intervención
propuestos para la salud mental de la población longeva en el municipio.
CONCLUSIONES
Las personas adultas mayores enfrentan diversos factores que pueden afectar su salud
mental, entre ellos la pérdida de familiares, el aislamiento social, la disminución de ingresos
derivada de la jubilación, las enfermedades crónicas y la dependencia funcional. Estas
condiciones pueden favorecer la aparición de trastornos como la depresión, la ansiedad y otros
problemas emocionales que afectan significativamente su bienestar y calidad de vida (OMS,
2025).
En el contexto mexicano, Sánchez Chávez sostiene que el envejecimiento activo favorece
niveles más elevados de bienestar psicológico, ya que promueve la participación social, la
independencia y el fortalecimiento de capacidades personales. (2009). El bienestar psicológico
no depende únicamente de la ausencia de enfermedad o algún padecimiento, sino también de las
oportunidades que el adulto mayor pueda tener en su entorno para sobrellevar la vida de una
manera significativa, logrando de esta manera que las personas se mantengan activas y se sientan
útiles conforme a sus posibilidades.
Es preciso mencionar que la literatura especializada identifica una relación directa entre
salud mental y calidad de vida. Las personas adultas mayores que presentan síntomas depresivos,
ansiedad o deterioro emocional, reportan niveles más bajos de satisfacción vital y mayores
dificultades para mantener su autonomía y participación social (Gálvez Olivares et al., 2020)
La asistencia psicológica constituye una herramienta fundamental para garantizar el
derecho a la salud mental. A través de la evaluación, intervención y orientación psicológica se
contribuye a la prevención de trastornos mentales en la vejez y también se previene el aumento
de los casos de suicidio, además mejora la estabilidad emocional y el fortalecimiento de la
capacidad de adaptación del adulto mayor para satisfacer sus necesidades en esta etapa de la vida,
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sin embargo, la información recopilada de las entrevistas realizadas revela la existencia de una
fractura entre lo que establece la norma y lo que se practica en las instituciones.
En conjunto, los resultados permiten concluir que el Estado Mexicano cuenta con un
marco jurídico que reconoce ampliamente el derecho a la salud mental de las personas mayores;
sin embargo, su materialización en contextos rurales continúa enfrentando importantes
limitaciones derivadas de la insuficiencia de recursos humanos especializados, restricciones
presupuestales y dispersión territorial. En consecuencia, la garantía efectiva de este derecho
depende también de la capacidad institucional para implementar servicios permanentes,
accesibles y con enfoque comunitario.
La investigación evidencia que las instituciones locales realizan esfuerzos significativos
para atender las necesidades psicoemocionales de las personas adultas mayores mediante
estrategias de carácter interdisciplinario y atención domiciliaria; no obstante, estas acciones
resultan insuficientes para responder a la creciente demanda que acompaña el inminente proceso
de envejecimiento poblaciones. Situación que refleja la enorme necesidad de fortalecer la
coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como el incremento presupuestal
destinado a la atención de la salud mental y la ampliación de la cobertura de servicios
especializados en municipios con alta dispersión geográfica como es el municipio de Choix.
Garantizar el acceso oportuno a la asistencia psicológica contribuye no solo a prevenir
trastornos mentales, sino también a preservar la autonomía, la participación comunitaria y la
calidad de vida de los adultos mayores. Por ello, la salud mental debe entenderse como un
componente esencial para el envejecimiento digno.
Este estudio aporta evidencia sobre la realidad institucional de un municipio rural poco
documentado en la literatura especializada, generando información que puede orientar el diseño
y fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a dicho sector de la población.
Como futuras líneas de investigación, resulta apropiado incorporar el análisis de la
perspectiva de los mismos adultos mayores y de sus cuidadores, así como desarrollar estudios
comparativos entre municipios rurales y urbanos que permitan identificar modelos de atención
más eficaces para garantizar el derecho a la salud mental.
Agradecimientos
Al personal de DIF Municipal, la coordinación municipal de INAPAM y la
Administración 2024-2027 de Choix, Sinaloa, el equipo de investigadores agradece su valiosa
colaboración para el desarrollo del presente estudio.
sin embargo, la información recopilada de las entrevistas realizadas revela la existencia de una
fractura entre lo que establece la norma y lo que se practica en las instituciones.
En conjunto, los resultados permiten concluir que el Estado Mexicano cuenta con un
marco jurídico que reconoce ampliamente el derecho a la salud mental de las personas mayores;
sin embargo, su materialización en contextos rurales continúa enfrentando importantes
limitaciones derivadas de la insuficiencia de recursos humanos especializados, restricciones
presupuestales y dispersión territorial. En consecuencia, la garantía efectiva de este derecho
depende también de la capacidad institucional para implementar servicios permanentes,
accesibles y con enfoque comunitario.
La investigación evidencia que las instituciones locales realizan esfuerzos significativos
para atender las necesidades psicoemocionales de las personas adultas mayores mediante
estrategias de carácter interdisciplinario y atención domiciliaria; no obstante, estas acciones
resultan insuficientes para responder a la creciente demanda que acompaña el inminente proceso
de envejecimiento poblaciones. Situación que refleja la enorme necesidad de fortalecer la
coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como el incremento presupuestal
destinado a la atención de la salud mental y la ampliación de la cobertura de servicios
especializados en municipios con alta dispersión geográfica como es el municipio de Choix.
Garantizar el acceso oportuno a la asistencia psicológica contribuye no solo a prevenir
trastornos mentales, sino también a preservar la autonomía, la participación comunitaria y la
calidad de vida de los adultos mayores. Por ello, la salud mental debe entenderse como un
componente esencial para el envejecimiento digno.
Este estudio aporta evidencia sobre la realidad institucional de un municipio rural poco
documentado en la literatura especializada, generando información que puede orientar el diseño
y fortalecimiento de políticas públicas dirigidas a dicho sector de la población.
Como futuras líneas de investigación, resulta apropiado incorporar el análisis de la
perspectiva de los mismos adultos mayores y de sus cuidadores, así como desarrollar estudios
comparativos entre municipios rurales y urbanos que permitan identificar modelos de atención
más eficaces para garantizar el derecho a la salud mental.
Agradecimientos
Al personal de DIF Municipal, la coordinación municipal de INAPAM y la
Administración 2024-2027 de Choix, Sinaloa, el equipo de investigadores agradece su valiosa
colaboración para el desarrollo del presente estudio.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 1171
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función de su residencia geográfica en México. LATAM Revista Latinoamericana de
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