Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2973
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2589
Corrupción en las contrataciones públicas: factores
institucionales, patrones de riesgo y mecanismos de
prevención. Revisión sistemática 2024-2026
Corruption in Public Procurement: Institutional Factors, Risk Patterns, and Prevention
Mechanisms. A Systematic Review, 2024–2026
María Esther Martínez Espinoza
martinezespinozamariaesther@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-3752-037X
Investigador Independiente
Perú - Lima
.
Artículo recibido: 10 agosto 2026- Aceptado para publicación:16 septiembre 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La corrupción en la contratación pública no puede reducirse a la conducta humana, sino que
también depende de la arquitectura institucional, la discreción, la estructura del mercado y la
trazabilidad de la decisión. El propósito fue resumir las variables institucionales, procedimentales
y técnicas relacionadas con la corrupción y los métodos preventivos descubiertos en la literatura
publicada entre 2024 y 2026, con enfoque en Perú y hallazgos comparativos. Se realizó una
revisión sistemática de acuerdo con PRISMA 2020. La búsqueda se realizó en inglés el 3 de
septiembre de 2026 utilizando 10 tácticas en OpenAlex y Crossref y en español utilizando
estrategias de búsqueda enfocadas. De los 4,001 registros descubiertos, se revisaron 2,103 y 40
fuentes cumplieron con los requisitos de inclusión. La síntesis narrativa identificó seis áreas
principales: riesgos institucionales y políticos; transparencia y contratación electrónica; análisis e
indicadores; colusión y competencia; crisis y fases cruciales; e integridad, control y
profesionalización. Los resultados coinciden en que la contratación única, la concentración, los
vínculos políticos o de propiedad, la falta de datos y las enmiendas contractuales son señales para
priorizar el control y no pruebas independientes de mala conducta. La digitalización disminuye
los lugares de opacidad cuando hay datos integrales, interoperabilidad, capacidad tecnológica,
auditoría y evaluación humana. Para Perú, la propuesta es combinar el SEACE con información
sobre los beneficiarios finales, conflictos de interés, sanciones, cambios y apelaciones, aplicar
notificaciones explicativas y proteger el debido proceso para prevenir tanto la impunidad como
la presunta persecución de funcionarios.
Palabras clave: corrupción, contratación pública, integridad, transparencia, revisión
sistemática
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2974
ABSTRACT
Corruption in public procurement cannot be reduced to human conduct but also relies on the
institutional architecture, the discretion, the market structure and the traceability of the decision.
The purpose was to summarize, the institutional, procedural and technical variables related to
corruption and the preventative methods discovered in the literature published between 2024 and
2026, with focus on Peru and comparative findings. Systematic review was undertaken according
to the PRISMA 2020. The search was performed in English on 3 September 2026 using 10 tactics
in OpenAlex and Crossref and in Spanish using focused search strategies. Of the 4,001 records
discovered, 2,103 were screened and 40 sources passed the inclusion requirements. The synthesis
of the narrative showed six main areas: Institutional and Political Risks; Transparency and
Electronic Contracting; Analytics and Indicators; Collusion and Competition; Crises and Crucial
Phases; and Integrity, Control and Professionalization. The results are in agreement that the
signals for prioritizing control are single sourcing, concentration, political or ownership linkages,
lack of data, and contractual amendments, not independent proof of misconduct. Digitalization
reduces opacity, which is characterized by the existence of huge amounts of data, interoperability,
technical knowledge, auditing and human judgment. For Peru, it is recommended to integrate
SEACE with information on ultimate beneficiaries, conflicts of interest, penalties, changes and
appeals to use explainable notifications and protect due process, thus avoiding impunity and
potential prosecution of officials.
Keywords: corruption, public procurement, integrity, transparency, review of literature
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
ABSTRACT
Corruption in public procurement cannot be reduced to human conduct but also relies on the
institutional architecture, the discretion, the market structure and the traceability of the decision.
The purpose was to summarize, the institutional, procedural and technical variables related to
corruption and the preventative methods discovered in the literature published between 2024 and
2026, with focus on Peru and comparative findings. Systematic review was undertaken according
to the PRISMA 2020. The search was performed in English on 3 September 2026 using 10 tactics
in OpenAlex and Crossref and in Spanish using focused search strategies. Of the 4,001 records
discovered, 2,103 were screened and 40 sources passed the inclusion requirements. The synthesis
of the narrative showed six main areas: Institutional and Political Risks; Transparency and
Electronic Contracting; Analytics and Indicators; Collusion and Competition; Crises and Crucial
Phases; and Integrity, Control and Professionalization. The results are in agreement that the
signals for prioritizing control are single sourcing, concentration, political or ownership linkages,
lack of data, and contractual amendments, not independent proof of misconduct. Digitalization
reduces opacity, which is characterized by the existence of huge amounts of data, interoperability,
technical knowledge, auditing and human judgment. For Peru, it is recommended to integrate
SEACE with information on ultimate beneficiaries, conflicts of interest, penalties, changes and
appeals to use explainable notifications and protect due process, thus avoiding impunity and
potential prosecution of officials.
Keywords: corruption, public procurement, integrity, transparency, review of literature
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2975
INTRODUCCIÓN
La contratación pública transforma las decisiones administrativas en bienes, servicios y
obras que promueven los derechos y principios públicos. Esta posición, junto con la falta de
recursos, las diferencias técnicas y la continua participación de entidades gubernamentales y
corporativas, proporciona el terreno para el prejuicio, la colusión, la corrupción, la manipulación
y la toma de control de la implementación de contratos. La corrupción aumenta los costos de
transacción, puede llevar a una menor calidad, excluir a los proveedores, retrasar la entrega de
servicios y desviar recursos de sectores vitales. Trabajos recientes han trasladado el enfoque de
las actividades individuales a las condiciones para la replicación de redes y patrones.
El autor añadió un marco estructural que relaciona la corrupción, la concentración del
poder económico y la fragilidad institucional. Dierckxsens et al. (2017) proporcionan una
explicación sobre el papel del capital financiero internacional en las capacidades nacionales. No
es un llamado a asumir que toda inversión sustancial o empresa es corrupta. Esta disertación nos
invita a observar las diferencias en la influencia, la autoridad y la negociación. Hurtado Pozo
(s.f.) afirma que el derecho penal es solo un componente de una solución más amplia y que los
sistemas burocráticos y centralizados con poca rendición de cuentas son vulnerables a la
corrupción. De manera similar, Peña Jumpa (2017) utilizó Lava Jato para mostrar cómo los
contratos que parecen ser válidos podrían estar respaldados por arreglos ilícitos. Lo que
comparten es institucional. Donde están las regulaciones, motivaciones y sistemas que permiten
actividades fraudulentas, las personas no son castigadas.
Esa actitud necesita precisión legal. Las anomalías administrativas pueden ser el
resultado de errores, incompetencia o acciones deliberadas. La bandera roja es un símbolo de
peligro. Pruebas de corrupción que cumplen con los criterios para asuntos administrativos, civiles
o penales. La ambigüedad de estas clasificaciones es perjudicial de dos maneras: ofrece
impunidad para la minimización de señales coherentes y, al mismo tiempo, fomenta el castigo
indiscriminado de funcionarios por decisiones cuestionables, sin evidencia de colusión o
beneficio injusto. La integridad en la administración pública solo puede sostenerse sobre la base
de una supervisión proactiva con incentivos, contradicciones y debido proceso.
El proceso comienza con el trabajo de doctorado del autor sobre los recursos y contratos
estatales. El proceso de apelación puede cambiar la base, la evaluación o la concesión y
proporcionar responsabilidad por los conflictos, pero la existencia, regularidad o resultado del
proceso no implica corrupción. Es más un repositorio de conocimientos sobre la calidad de la
toma de decisiones, la frecuencia con la que se cometen errores y la capacidad para corregirlos.
La pregunta entonces es cómo asignar los recursos dentro de un marco preventivo más amplio del
cual son un elemento, sin atribuirles un efecto causal no comprobado según los hechos.
INTRODUCCIÓN
La contratación pública transforma las decisiones administrativas en bienes, servicios y
obras que promueven los derechos y principios públicos. Esta posición, junto con la falta de
recursos, las diferencias técnicas y la continua participación de entidades gubernamentales y
corporativas, proporciona el terreno para el prejuicio, la colusión, la corrupción, la manipulación
y la toma de control de la implementación de contratos. La corrupción aumenta los costos de
transacción, puede llevar a una menor calidad, excluir a los proveedores, retrasar la entrega de
servicios y desviar recursos de sectores vitales. Trabajos recientes han trasladado el enfoque de
las actividades individuales a las condiciones para la replicación de redes y patrones.
El autor añadió un marco estructural que relaciona la corrupción, la concentración del
poder económico y la fragilidad institucional. Dierckxsens et al. (2017) proporcionan una
explicación sobre el papel del capital financiero internacional en las capacidades nacionales. No
es un llamado a asumir que toda inversión sustancial o empresa es corrupta. Esta disertación nos
invita a observar las diferencias en la influencia, la autoridad y la negociación. Hurtado Pozo
(s.f.) afirma que el derecho penal es solo un componente de una solución más amplia y que los
sistemas burocráticos y centralizados con poca rendición de cuentas son vulnerables a la
corrupción. De manera similar, Peña Jumpa (2017) utilizó Lava Jato para mostrar cómo los
contratos que parecen ser válidos podrían estar respaldados por arreglos ilícitos. Lo que
comparten es institucional. Donde están las regulaciones, motivaciones y sistemas que permiten
actividades fraudulentas, las personas no son castigadas.
Esa actitud necesita precisión legal. Las anomalías administrativas pueden ser el
resultado de errores, incompetencia o acciones deliberadas. La bandera roja es un símbolo de
peligro. Pruebas de corrupción que cumplen con los criterios para asuntos administrativos, civiles
o penales. La ambigüedad de estas clasificaciones es perjudicial de dos maneras: ofrece
impunidad para la minimización de señales coherentes y, al mismo tiempo, fomenta el castigo
indiscriminado de funcionarios por decisiones cuestionables, sin evidencia de colusión o
beneficio injusto. La integridad en la administración pública solo puede sostenerse sobre la base
de una supervisión proactiva con incentivos, contradicciones y debido proceso.
El proceso comienza con el trabajo de doctorado del autor sobre los recursos y contratos
estatales. El proceso de apelación puede cambiar la base, la evaluación o la concesión y
proporcionar responsabilidad por los conflictos, pero la existencia, regularidad o resultado del
proceso no implica corrupción. Es más un repositorio de conocimientos sobre la calidad de la
toma de decisiones, la frecuencia con la que se cometen errores y la capacidad para corregirlos.
La pregunta entonces es cómo asignar los recursos dentro de un marco preventivo más amplio del
cual son un elemento, sin atribuirles un efecto causal no comprobado según los hechos.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2976
El progreso empírico esperado para los años 2024-2026 parece significativo pero
fragmentado. Algunos trabajos estudian el daño asociado con las conexiones políticas (Brugués
et al., 2024), otros analizan las redes de adquisiciones (Waxenecker & Prell, 2024), identifican
patrones de colusión (Carbone et al., 2024; Villamil et al., 2024), evalúan las interrupciones de
emergencia (Fazekas et al., 2025, 2026) o desarrollan sistemas de IA y notificación (dos Santos
et al., 2025; Sampaio et al., 2026). La investigación en Perú destaca la importancia y las
limitaciones del SEACE (Condori Quispe & Liu Menendez, 2024), la vulnerabilidad desigual de
las capacidades locales (Cubas-Núñez, 2025) y la necesidad de una mayor alineación en el marco
de integridad (OCDE, 2024). Sin embargo, no hay una integración que vincule estos hallazgos
con procedimientos contractuales, preventivos y de garantía.
El tema de la revisión fue: ¿cuáles son los elementos estructurales, procedimentales y
técnicos asociados con la corrupción en la contratación pública y qué métodos preventivos
identifica la investigación publicada entre 2024 y 2026? El objetivo era sistematizar tales
evidencias, dando prioridad a su uso en la administración pública peruana. El objetivo era: a)
distinguir entre corrupción, riesgo e irregularidad; b) determinar las fases y patrones críticos; c)
evaluar el grado y los límites de la transparencia, la contratación electrónica y el análisis; y d)
desarrollar implicaciones para el SEACE, el control, los recursos de apelación y la protección del
debido proceso.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática explicativa-descriptiva y una síntesis narrativa,
reportadas de acuerdo con PRISMA 2020 (Page et al., 2021). El protocolo se estableció antes del
proceso de selección a través de la pregunta, el período 2024-2026, los criterios de
inclusión/exclusión, los campos de extracción y los estándares para la evaluación de calidad.
Debido a las diferencias en las unidades (contratos, empresas, autoridades, funcionarios o
naciones), definiciones, indicadores y diseños, no se realizó un meta-análisis.
La búsqueda se realizó en OpenAlex y Crossref el 3 de septiembre de 2026. Para diez
cadenas, "corrupción en la contratación pública", "riesgo de corrupción en la contratación
gubernamental", "detección de fraude en la contratación pública", "manipulación de ofertas en la
contratación pública", "transparencia en la corrupción de la contratación electrónica",
"conexiones políticas en la contratación pública", "integridad en la contratación abierta", "quejas
y apelaciones de integridad en la contratación pública", "corrupción en la contratación de
emergencia", y "corrupción en la propiedad beneficiaria de la contratación pública", se
recuperaron hasta 200 resultados en cada fuente. El límite de publicación fue desde el 1 de enero
de 2024 hasta el 3 de septiembre de 2026. No se impuso ninguna limitación de idioma. Una
búsqueda enfocada en español—“corrupción en la contratación pública Perú”—fue suficiente
para terminar de identificar la literatura nacional.
El progreso empírico esperado para los años 2024-2026 parece significativo pero
fragmentado. Algunos trabajos estudian el daño asociado con las conexiones políticas (Brugués
et al., 2024), otros analizan las redes de adquisiciones (Waxenecker & Prell, 2024), identifican
patrones de colusión (Carbone et al., 2024; Villamil et al., 2024), evalúan las interrupciones de
emergencia (Fazekas et al., 2025, 2026) o desarrollan sistemas de IA y notificación (dos Santos
et al., 2025; Sampaio et al., 2026). La investigación en Perú destaca la importancia y las
limitaciones del SEACE (Condori Quispe & Liu Menendez, 2024), la vulnerabilidad desigual de
las capacidades locales (Cubas-Núñez, 2025) y la necesidad de una mayor alineación en el marco
de integridad (OCDE, 2024). Sin embargo, no hay una integración que vincule estos hallazgos
con procedimientos contractuales, preventivos y de garantía.
El tema de la revisión fue: ¿cuáles son los elementos estructurales, procedimentales y
técnicos asociados con la corrupción en la contratación pública y qué métodos preventivos
identifica la investigación publicada entre 2024 y 2026? El objetivo era sistematizar tales
evidencias, dando prioridad a su uso en la administración pública peruana. El objetivo era: a)
distinguir entre corrupción, riesgo e irregularidad; b) determinar las fases y patrones críticos; c)
evaluar el grado y los límites de la transparencia, la contratación electrónica y el análisis; y d)
desarrollar implicaciones para el SEACE, el control, los recursos de apelación y la protección del
debido proceso.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó una revisión sistemática explicativa-descriptiva y una síntesis narrativa,
reportadas de acuerdo con PRISMA 2020 (Page et al., 2021). El protocolo se estableció antes del
proceso de selección a través de la pregunta, el período 2024-2026, los criterios de
inclusión/exclusión, los campos de extracción y los estándares para la evaluación de calidad.
Debido a las diferencias en las unidades (contratos, empresas, autoridades, funcionarios o
naciones), definiciones, indicadores y diseños, no se realizó un meta-análisis.
La búsqueda se realizó en OpenAlex y Crossref el 3 de septiembre de 2026. Para diez
cadenas, "corrupción en la contratación pública", "riesgo de corrupción en la contratación
gubernamental", "detección de fraude en la contratación pública", "manipulación de ofertas en la
contratación pública", "transparencia en la corrupción de la contratación electrónica",
"conexiones políticas en la contratación pública", "integridad en la contratación abierta", "quejas
y apelaciones de integridad en la contratación pública", "corrupción en la contratación de
emergencia", y "corrupción en la propiedad beneficiaria de la contratación pública", se
recuperaron hasta 200 resultados en cada fuente. El límite de publicación fue desde el 1 de enero
de 2024 hasta el 3 de septiembre de 2026. No se impuso ninguna limitación de idioma. Una
búsqueda enfocada en español—“corrupción en la contratación pública Perú”—fue suficiente
para terminar de identificar la literatura nacional.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2977
Se realizó una de duplicación automática en el DOI normalizado y el título refinado
(donde el DOI estaba ausente). Posteriormente, se revisaron los títulos y resúmenes, así como el
DOI, la autoría, la fecha, la fuente, el diseño y los resultados, los cuales fueron validados en
registros editoriales, resúmenes estructurados, textos abiertos o versiones de trabajo conectadas a
la publicación final. La matriz separó los datos reportados del juicio del revisor para que una
advertencia estadística no se interprete como una condena o una verdad confirmada.
Tabla 1
Criterios de elegibilidad de la revisión
Dimensión Inclusión Exclusión
Periodo
Publicación o versión final entre 2024
y 2026, disponible hasta el 3 de
septiembre de 2026.
Año efectivo anterior a 2024 o
posterior a la fecha de corte.
Tema
Contratación pública vinculada
directamente con corrupción, fraude,
colusión, favoritismo, integridad o
riesgo.
Mención incidental sin análisis de
contratación o sin variable de
integridad.
Tipo
Artículos, capítulos, revisiones,
estudios metodológicos e informes
institucionales con método o base
empírica trazable.
Opinión sin método, noticia,
presentación o registro sin procedencia
verificable.
Evidencia Objetivo, datos o corpus, método y
hallazgos identificables.
Ausencia de información suficiente
para extracción y valoración crítica.
Duplicación
Versión final; la versión de trabajo se
usó solo para ampliar método cuando
estaba vinculada.
Preprint o versión anterior duplicada
como fuente independiente.
Fuente: Elaboración propia.
La siguiente información fue extraída de cada fuente: autor, año, alcance geográfico,
diseño metodológico, objetivo, muestra o datos analizados, resultado principal, factores de riesgo,
métodos de prevención, limitaciones y modalidad de acceso. La calidad de las fuentes se evaluó
utilizando herramientas adaptadas al tipo de documento. El MMAT se utilizó para
investigaciones cualitativas, cuantitativas y de métodos mixtos, el JBI para revisiones
sistemáticas, el AACODS para informes y literatura institucional y el SANRA para revisiones
narrativas. Se aplicaron criterios de coherencia en los exámenes legales y documentales. Se
desarrollaron cinco criterios comunes para evaluar los resultados de estas evaluaciones: claridad
del problema, adecuación del diseño, trazabilidad de los datos, coherencia del análisis y
consistencia entre los hallazgos y las conclusiones. Las fuentes que cumplían con cuatro o cinco
criterios fueron calificadas como de alta calidad. Las fuentes que cumplieron con tres criterios
fueron calificadas como de calidad moderada. Aquellos que cumplieron con dos o menos criterios
no fueron considerados.
La búsqueda resultó en 4,001 resultados, 4000 de dos bases de datos y uno de una
búsqueda especializada. Después de eliminar 1,898 duplicados, se revisaron 2,103 artículos por
título y resumen, de los cuales se excluyeron 1,945. También intentamos obtener el texto
Se realizó una de duplicación automática en el DOI normalizado y el título refinado
(donde el DOI estaba ausente). Posteriormente, se revisaron los títulos y resúmenes, así como el
DOI, la autoría, la fecha, la fuente, el diseño y los resultados, los cuales fueron validados en
registros editoriales, resúmenes estructurados, textos abiertos o versiones de trabajo conectadas a
la publicación final. La matriz separó los datos reportados del juicio del revisor para que una
advertencia estadística no se interprete como una condena o una verdad confirmada.
Tabla 1
Criterios de elegibilidad de la revisión
Dimensión Inclusión Exclusión
Periodo
Publicación o versión final entre 2024
y 2026, disponible hasta el 3 de
septiembre de 2026.
Año efectivo anterior a 2024 o
posterior a la fecha de corte.
Tema
Contratación pública vinculada
directamente con corrupción, fraude,
colusión, favoritismo, integridad o
riesgo.
Mención incidental sin análisis de
contratación o sin variable de
integridad.
Tipo
Artículos, capítulos, revisiones,
estudios metodológicos e informes
institucionales con método o base
empírica trazable.
Opinión sin método, noticia,
presentación o registro sin procedencia
verificable.
Evidencia Objetivo, datos o corpus, método y
hallazgos identificables.
Ausencia de información suficiente
para extracción y valoración crítica.
Duplicación
Versión final; la versión de trabajo se
usó solo para ampliar método cuando
estaba vinculada.
Preprint o versión anterior duplicada
como fuente independiente.
Fuente: Elaboración propia.
La siguiente información fue extraída de cada fuente: autor, año, alcance geográfico,
diseño metodológico, objetivo, muestra o datos analizados, resultado principal, factores de riesgo,
métodos de prevención, limitaciones y modalidad de acceso. La calidad de las fuentes se evaluó
utilizando herramientas adaptadas al tipo de documento. El MMAT se utilizó para
investigaciones cualitativas, cuantitativas y de métodos mixtos, el JBI para revisiones
sistemáticas, el AACODS para informes y literatura institucional y el SANRA para revisiones
narrativas. Se aplicaron criterios de coherencia en los exámenes legales y documentales. Se
desarrollaron cinco criterios comunes para evaluar los resultados de estas evaluaciones: claridad
del problema, adecuación del diseño, trazabilidad de los datos, coherencia del análisis y
consistencia entre los hallazgos y las conclusiones. Las fuentes que cumplían con cuatro o cinco
criterios fueron calificadas como de alta calidad. Las fuentes que cumplieron con tres criterios
fueron calificadas como de calidad moderada. Aquellos que cumplieron con dos o menos criterios
no fueron considerados.
La búsqueda resultó en 4,001 resultados, 4000 de dos bases de datos y uno de una
búsqueda especializada. Después de eliminar 1,898 duplicados, se revisaron 2,103 artículos por
título y resumen, de los cuales se excluyeron 1,945. También intentamos obtener el texto
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2978
completo de las 158 publicaciones, pero siete no estaban disponibles. De los 151 artículos
revisados, se excluyeron 111 y se incluyeron 40 en la síntesis final. Las razones de exclusión
fueron: no directamente relacionadas con la contratación pública (n=33), sin análisis sobre
corrupción o riesgos relacionados (n=27), métodos o evidencia no lo suficientemente rastreables
(n=21), publicadas fuera del período considerado (n=13), versión duplicada (n=9), no
provenientes de una fuente relevante (n=8).
La síntesis comprendió conteos descriptivos y un análisis temático. Codificamos cada
fuente en las siguientes categorías principales: indicadores y análisis; riesgos institucionales y
políticos; integridad, control y profesionalización; transparencia y digitalización; crisis y fases
cruciales; colusión y competencia. La categoría principal estructura la presentación, pero no
implica exclusividad. No fue necesaria una evaluación ética de los participantes ya que el estudio
se basó en datos de trabajos bibliográficos y existentes.
Figura 1
Diagrama de flujo de selección de fuentes
Fuente: Elaboración propia según PRISMA 2020.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características del corpus y calidad de la evidencia
Las 40 fuentes provinieron de 18 artículos de 2024, 14 publicaciones de 2025 y ocho
publicaciones de 2026. Cinco eran sobre Perú y otras nueve sobre América Latina; doce sobre
Europa, cuatro sobre África, dos sobre Asia, una sobre un área euroasiática y siete a escala global.
completo de las 158 publicaciones, pero siete no estaban disponibles. De los 151 artículos
revisados, se excluyeron 111 y se incluyeron 40 en la síntesis final. Las razones de exclusión
fueron: no directamente relacionadas con la contratación pública (n=33), sin análisis sobre
corrupción o riesgos relacionados (n=27), métodos o evidencia no lo suficientemente rastreables
(n=21), publicadas fuera del período considerado (n=13), versión duplicada (n=9), no
provenientes de una fuente relevante (n=8).
La síntesis comprendió conteos descriptivos y un análisis temático. Codificamos cada
fuente en las siguientes categorías principales: indicadores y análisis; riesgos institucionales y
políticos; integridad, control y profesionalización; transparencia y digitalización; crisis y fases
cruciales; colusión y competencia. La categoría principal estructura la presentación, pero no
implica exclusividad. No fue necesaria una evaluación ética de los participantes ya que el estudio
se basó en datos de trabajos bibliográficos y existentes.
Figura 1
Diagrama de flujo de selección de fuentes
Fuente: Elaboración propia según PRISMA 2020.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Características del corpus y calidad de la evidencia
Las 40 fuentes provinieron de 18 artículos de 2024, 14 publicaciones de 2025 y ocho
publicaciones de 2026. Cinco eran sobre Perú y otras nueve sobre América Latina; doce sobre
Europa, cuatro sobre África, dos sobre Asia, una sobre un área euroasiática y siete a escala global.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2979
Treinta y cinco fuentes eran de excelente calidad y cinco eran de baja calidad. La concentración
temática más común fue en indicadores y análisis de datos (n=10), seguida de peligros
institucionales y políticos (n=9), integridad y control (n=7), transparencia y digitalización (n=6),
crisis y fases clave (n=4), y colusión y competencia (n=4).
"La diversidad fue una fortaleza para comparar sistemas, pero un obstáculo para medir
un impacto agregado." Los estudios cuantitativos incluyen 274 profesionales en la encuesta de
Tanzania (Mahuwi & Israel, 2024), 8.2 millones de contratos europeos (Tóth & Hajdu, 2025), 8
millones de contratos cruzados con 11 millones de registros de beneficiarios finales (Tello Arista
et al., 2026), y 33,579 contratos locales en Guatemala (Waxenecker & Prell, 2024). Los análisis
de capacidad, los marcos de integridad y las condiciones de implementación aumentaron la
medición con revisiones y documentos institucionales (OCDE, 2024, 2025, 2026).
Figura 2
Distribución temática principal de las fuentes incluidas
Fuente: Elaboración propia a partir de las 40 fuentes incluidas.
Tabla 2
Síntesis de los núcleos de evidencia
Núcleo Fuente
s (n)
Hallazgo convergente Implicación de gestión
Indicadores y
analítica
10 Banderas rojas, redes, propiedad e
IA permiten priorizar, pero
dependen de datos y validación.
Alertas explicables, auditables y
sujetas a revisión humana.
Riesgos
institucionales y
políticos
9 Conexiones, patronazgo,
concentración y fragmentación
institucional pueden orientar
contratos.
Separar roles, revelar vínculos y
sostener coordinación y mérito.
Integridad, control y
profesionalización
7 Denuncia sin investigación y regla
sin capacidad producen
cumplimiento aparente.
Profesionalización, auditoría
investigativa y seguimiento de
casos.
Transparencia y
digitalización
6 La plataforma reduce asimetrías
cuando la información es completa,
accesible e interoperable.
Calidad de datos y trazabilidad
del ciclo completo.
Emergencias y
etapas críticas
4 La excepción puede persistir y
desplazar riesgos hacia evaluación,
ejecución o renegociación.
Controles reforzados durante la
salida de emergencia y en
modificaciones.
Colusión y
competencia
4 Precios similares, propiedad
conectada, preselección y patrones
de cooferta revelan sospechas.
Analítica relacional más
corroboración económica,
administrativa y penal.
Fuente: Elaboración propia.
Treinta y cinco fuentes eran de excelente calidad y cinco eran de baja calidad. La concentración
temática más común fue en indicadores y análisis de datos (n=10), seguida de peligros
institucionales y políticos (n=9), integridad y control (n=7), transparencia y digitalización (n=6),
crisis y fases clave (n=4), y colusión y competencia (n=4).
"La diversidad fue una fortaleza para comparar sistemas, pero un obstáculo para medir
un impacto agregado." Los estudios cuantitativos incluyen 274 profesionales en la encuesta de
Tanzania (Mahuwi & Israel, 2024), 8.2 millones de contratos europeos (Tóth & Hajdu, 2025), 8
millones de contratos cruzados con 11 millones de registros de beneficiarios finales (Tello Arista
et al., 2026), y 33,579 contratos locales en Guatemala (Waxenecker & Prell, 2024). Los análisis
de capacidad, los marcos de integridad y las condiciones de implementación aumentaron la
medición con revisiones y documentos institucionales (OCDE, 2024, 2025, 2026).
Figura 2
Distribución temática principal de las fuentes incluidas
Fuente: Elaboración propia a partir de las 40 fuentes incluidas.
Tabla 2
Síntesis de los núcleos de evidencia
Núcleo Fuente
s (n)
Hallazgo convergente Implicación de gestión
Indicadores y
analítica
10 Banderas rojas, redes, propiedad e
IA permiten priorizar, pero
dependen de datos y validación.
Alertas explicables, auditables y
sujetas a revisión humana.
Riesgos
institucionales y
políticos
9 Conexiones, patronazgo,
concentración y fragmentación
institucional pueden orientar
contratos.
Separar roles, revelar vínculos y
sostener coordinación y mérito.
Integridad, control y
profesionalización
7 Denuncia sin investigación y regla
sin capacidad producen
cumplimiento aparente.
Profesionalización, auditoría
investigativa y seguimiento de
casos.
Transparencia y
digitalización
6 La plataforma reduce asimetrías
cuando la información es completa,
accesible e interoperable.
Calidad de datos y trazabilidad
del ciclo completo.
Emergencias y
etapas críticas
4 La excepción puede persistir y
desplazar riesgos hacia evaluación,
ejecución o renegociación.
Controles reforzados durante la
salida de emergencia y en
modificaciones.
Colusión y
competencia
4 Precios similares, propiedad
conectada, preselección y patrones
de cooferta revelan sospechas.
Analítica relacional más
corroboración económica,
administrativa y penal.
Fuente: Elaboración propia.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2980
La corrupción como riesgo político e institucional
Los datos revisados confirman la interpretación sistémica elaborada en el apéndice, según
la cual los resultados de la contratación pública son contingentes a los sistemas institucionales y
de poder, y no solo al comportamiento moral de las personas. En Ecuador, Brugués et al. (2024)
conectaron información sobre accionistas, funcionarios públicos y contratos estatales, y
encontraron pérdidas de bienestar que corresponden al 2%-6% del presupuesto de adquisiciones
asociado con vínculos políticos. Mussari et al. (2025) demostraron que los funcionarios electos
de los gobiernos locales italianos son más propensos a tomar decisiones discrecionales y
posiblemente peligrosas que las administraciones gestionadas por comisionados designados. De
manera similar, Waxenecker y Prell (2024) demostraron que las redes de concentración y colusión
en Guatemala eran adaptativas y resurgieron tras cambios políticos e intervenciones
institucionales. Si bien estos hallazgos no permiten clasificar cada vínculo político, o elección
discrecional, como un acto de corrupción, respaldan la necesidad de transparencia en los
conflictos de interés, de la documentación de decisiones y de la supervisión de los lazos
recurrentes entre funcionarios y proveedores.
La respuesta a este problema no puede reducirse a la proliferación de leyes y regulaciones.
En Rusia, los cambios aumentaron los precios para los compradores y proveedores, pero no
condujeron a resultados significativos en la lucha contra la corrupción en entornos con baja
competencia y malas circunstancias institucionales (Konov y Gorbacheva, 2025). Tang et al.
(2025) en su investigación sobre el favoritismo local en China, por su parte, señalaron que ciertos
patrones de preferencia pueden resultar de incentivos burocráticos, y no necesariamente responder
a una explicación basada en la corrupción. Los resultados apuntan a la necesidad de fortalecer la
capacidad institucional y los incentivos. Los datos atípicos deberían ser el comienzo de una
hipótesis, no evidencia de culpabilidad. La presencia de datos atípicos debería considerarse una
base para una hipótesis de investigación en lugar de una prueba concluyente de culpabilidad.
En Perú, existe fragmentación institucional, incertidumbre en la asignación de tareas y
diferencias en la capacidad de gestión en sus territorios (OCDE, 2024). Según Cubas-Núñez
(2025), los municipios con mejores organizaciones técnicas generan procedimientos más
coherentes de publicación y control. En el contexto colombiano, Sierra Hernández y Granados
(2025) muestran que la publicación de información es importante ya que permite el estudio de la
concentración contractual y las conexiones favorables que existen en las redes de contratación.
Por lo tanto, un programa anticorrupción debe basarse en el liderazgo nacional, la
profesionalización de las agencias de contratación, la gestión de datos y el control del territorio.
La presencia de una plataforma nacional no compensa las limitaciones técnicas de una unidad
contractual sin personal capacitado y procedimientos de control adecuados.
Las contrataciones públicas vinculan la integridad del estado con el comportamiento
empresarial. Bozzay et al. (2025) sugieren integrar procesos de debida diligencia en las cadenas
La corrupción como riesgo político e institucional
Los datos revisados confirman la interpretación sistémica elaborada en el apéndice, según
la cual los resultados de la contratación pública son contingentes a los sistemas institucionales y
de poder, y no solo al comportamiento moral de las personas. En Ecuador, Brugués et al. (2024)
conectaron información sobre accionistas, funcionarios públicos y contratos estatales, y
encontraron pérdidas de bienestar que corresponden al 2%-6% del presupuesto de adquisiciones
asociado con vínculos políticos. Mussari et al. (2025) demostraron que los funcionarios electos
de los gobiernos locales italianos son más propensos a tomar decisiones discrecionales y
posiblemente peligrosas que las administraciones gestionadas por comisionados designados. De
manera similar, Waxenecker y Prell (2024) demostraron que las redes de concentración y colusión
en Guatemala eran adaptativas y resurgieron tras cambios políticos e intervenciones
institucionales. Si bien estos hallazgos no permiten clasificar cada vínculo político, o elección
discrecional, como un acto de corrupción, respaldan la necesidad de transparencia en los
conflictos de interés, de la documentación de decisiones y de la supervisión de los lazos
recurrentes entre funcionarios y proveedores.
La respuesta a este problema no puede reducirse a la proliferación de leyes y regulaciones.
En Rusia, los cambios aumentaron los precios para los compradores y proveedores, pero no
condujeron a resultados significativos en la lucha contra la corrupción en entornos con baja
competencia y malas circunstancias institucionales (Konov y Gorbacheva, 2025). Tang et al.
(2025) en su investigación sobre el favoritismo local en China, por su parte, señalaron que ciertos
patrones de preferencia pueden resultar de incentivos burocráticos, y no necesariamente responder
a una explicación basada en la corrupción. Los resultados apuntan a la necesidad de fortalecer la
capacidad institucional y los incentivos. Los datos atípicos deberían ser el comienzo de una
hipótesis, no evidencia de culpabilidad. La presencia de datos atípicos debería considerarse una
base para una hipótesis de investigación en lugar de una prueba concluyente de culpabilidad.
En Perú, existe fragmentación institucional, incertidumbre en la asignación de tareas y
diferencias en la capacidad de gestión en sus territorios (OCDE, 2024). Según Cubas-Núñez
(2025), los municipios con mejores organizaciones técnicas generan procedimientos más
coherentes de publicación y control. En el contexto colombiano, Sierra Hernández y Granados
(2025) muestran que la publicación de información es importante ya que permite el estudio de la
concentración contractual y las conexiones favorables que existen en las redes de contratación.
Por lo tanto, un programa anticorrupción debe basarse en el liderazgo nacional, la
profesionalización de las agencias de contratación, la gestión de datos y el control del territorio.
La presencia de una plataforma nacional no compensa las limitaciones técnicas de una unidad
contractual sin personal capacitado y procedimientos de control adecuados.
Las contrataciones públicas vinculan la integridad del estado con el comportamiento
empresarial. Bozzay et al. (2025) sugieren integrar procesos de debida diligencia en las cadenas
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2981
de suministro, mientras que Tello Arista y Fazekas (2024) enfatizan la relación sinérgica entre la
contratación electrónica, el servicio público meritocrático y la competencia política. El caso Lava
Jato revisado por Peña Jumpa (2017) nos ayuda a darnos cuenta de que la apariencia de legalidad
de un contrato no excluye la probable presencia de redes de sobornos o acuerdos ilegales. Por lo
tanto, los procedimientos preventivos deben permitir monitorear los vínculos entre los tomadores
de decisiones públicas, los accionistas, los beneficiarios finales, los subcontratistas y las
revisiones contractuales. Pero ninguno de estos aspectos por sí solo establece pruebas adecuadas
para inferir culpabilidad administrativa o penal.
Fases críticas, crisis y renegociación del contrato
las distintas fases del ciclo de adquisiciones presentan diferentes problemas de corrupción
e integridad. Las fases más vulnerables en Ghana son la evaluación de ofertas, seguidas por la
gestión de contratos y la planificación (Adjorlolo et al., 2025). Además, concluyeron que el
principal problema de agencia era la asimetría de información. Aseguran que, en teoría, la
corrupción puede trasladarse a la renegociación de contratos inconclusos cuando las regulaciones
se limitan a la etapa de licitación (Arozamena et al., 2025). En este sentido, el examen de las
palabras y las calificaciones otorgadas es necesario, pero no suficiente. También, la mano de obra
adicional, las extensiones de plazos, los subcontratos, el cumplimiento de los servicios y los
pagos, requieren procedimientos de trazabilidad y supervisión.
La contratación de emergencia amplifica estos riesgos y puede extenderlos más allá del
período de tiempo que justifica el uso de procedimientos extraordinarios. Gnaldi y Del Sarto
(2024) proponen medir las discontinuidades temporales utilizando sistemas de alarma orientados
a circunstancias de crisis. Fazekas, Nishchal y Søreide (2025) observaron que en Italia, los
procesos no abiertos aumentaron entre 3 y 10 puntos porcentuales, las convocatorias no
publicadas aumentaron entre 19 y 21 puntos, los plazos más cortos aumentaron entre 19 y 29
puntos y las licitaciones a una sola oferta aumentaron entre 14 y 17 puntos porcentuales tras las
catástrofes naturales. En el contexto europeo, Fazekas, Veljanov y Abdou (2026) indicaron que
ciertos peligros persistieron después de la emergencia por COVID-19 y algunas prácticas atípicas
se extendieron a otros mercados, un fenómeno en parte relacionado con la introducción de nuevos
proveedores sin experiencia previa.
Sin embargo, no todos los contratos de emergencia son un acto de corrupción, y la rapidez
de una transacción no es una irregularidad por sí misma. La señal de riesgo es mayor cuando
coinciden varias características. Estas características incluyen el uso recurrente de excepciones,
la contratación de proveedores inexpertos, la ausencia de una solicitud pública, la presentación de
una única oferta, los ajustes posteriores y la falta de una justificación aceptable. También es
crucial comprobar si tales procedimientos se siguen llevando a cabo tras la finalización del estado
de alarma. Por lo tanto, el control de los contratos de emergencia debe contener una estrategia
para volver a la normalidad, que prevea expresamente la caducidad de las excepciones, la
de suministro, mientras que Tello Arista y Fazekas (2024) enfatizan la relación sinérgica entre la
contratación electrónica, el servicio público meritocrático y la competencia política. El caso Lava
Jato revisado por Peña Jumpa (2017) nos ayuda a darnos cuenta de que la apariencia de legalidad
de un contrato no excluye la probable presencia de redes de sobornos o acuerdos ilegales. Por lo
tanto, los procedimientos preventivos deben permitir monitorear los vínculos entre los tomadores
de decisiones públicas, los accionistas, los beneficiarios finales, los subcontratistas y las
revisiones contractuales. Pero ninguno de estos aspectos por sí solo establece pruebas adecuadas
para inferir culpabilidad administrativa o penal.
Fases críticas, crisis y renegociación del contrato
las distintas fases del ciclo de adquisiciones presentan diferentes problemas de corrupción
e integridad. Las fases más vulnerables en Ghana son la evaluación de ofertas, seguidas por la
gestión de contratos y la planificación (Adjorlolo et al., 2025). Además, concluyeron que el
principal problema de agencia era la asimetría de información. Aseguran que, en teoría, la
corrupción puede trasladarse a la renegociación de contratos inconclusos cuando las regulaciones
se limitan a la etapa de licitación (Arozamena et al., 2025). En este sentido, el examen de las
palabras y las calificaciones otorgadas es necesario, pero no suficiente. También, la mano de obra
adicional, las extensiones de plazos, los subcontratos, el cumplimiento de los servicios y los
pagos, requieren procedimientos de trazabilidad y supervisión.
La contratación de emergencia amplifica estos riesgos y puede extenderlos más allá del
período de tiempo que justifica el uso de procedimientos extraordinarios. Gnaldi y Del Sarto
(2024) proponen medir las discontinuidades temporales utilizando sistemas de alarma orientados
a circunstancias de crisis. Fazekas, Nishchal y Søreide (2025) observaron que en Italia, los
procesos no abiertos aumentaron entre 3 y 10 puntos porcentuales, las convocatorias no
publicadas aumentaron entre 19 y 21 puntos, los plazos más cortos aumentaron entre 19 y 29
puntos y las licitaciones a una sola oferta aumentaron entre 14 y 17 puntos porcentuales tras las
catástrofes naturales. En el contexto europeo, Fazekas, Veljanov y Abdou (2026) indicaron que
ciertos peligros persistieron después de la emergencia por COVID-19 y algunas prácticas atípicas
se extendieron a otros mercados, un fenómeno en parte relacionado con la introducción de nuevos
proveedores sin experiencia previa.
Sin embargo, no todos los contratos de emergencia son un acto de corrupción, y la rapidez
de una transacción no es una irregularidad por sí misma. La señal de riesgo es mayor cuando
coinciden varias características. Estas características incluyen el uso recurrente de excepciones,
la contratación de proveedores inexpertos, la ausencia de una solicitud pública, la presentación de
una única oferta, los ajustes posteriores y la falta de una justificación aceptable. También es
crucial comprobar si tales procedimientos se siguen llevando a cabo tras la finalización del estado
de alarma. Por lo tanto, el control de los contratos de emergencia debe contener una estrategia
para volver a la normalidad, que prevea expresamente la caducidad de las excepciones, la
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2982
posterior revisión de las decisiones adoptadas, la publicación de las modificaciones contractuales
y la comparación de precios y plazos con los procedimientos normales.
Transparencia, Contratación Electrónica y de la Calidad de los Datos
La contratación electrónica tiene resultados beneficiosos en términos de transparencia y
control, pero sus impactos dependen del contexto institucional en el que se construye. Mahuwi e
Israel (2024) encontraron un vínculo desfavorable entre la apertura, la rendición de cuentas y la
corrupción en los hospitales públicos de Tanzania, el cual se vio reforzado con un mayor grado
de implementación digital. Según Mohamed et al. (2024), el uso de la contratación electrónica en
Somalia estuvo relacionado con la disminución del poder monopolístico y las asimetrías de
información, así como con un aumento en los niveles de transparencia. Los resultados no nos
permiten concluir que la digitalización por sí sola disminuye las actividades corruptas. Pero
indican que una buena plataforma electrónica puede reducir el espacio de negociación opaco al
estandarizar el acceso a la información y crear registros que pueden ser verificados
posteriormente.
En la situación peruana, la restricción clave parece ser la calidad de la información
accesible. Condori Quispe y Liu Menendez (2024) reconocen que el SEACE es una herramienta
básica para la contratación pública; sin embargo, señalan la existencia de información
insuficiente, degradada o ausente. En este sentido, divulgar información no siempre es un acto
de transparencia. Si el expediente no nos permite identificar quién tomó una decisión, qué
documento se utilizó, qué criterios se siguieron o qué revisiones se realizaron a lo largo del
proceso, la publicidad termina respondiendo más a una necesidad formal que a una apertura
efectiva. Cubas-Núñez (2025) añade que los resultados de la digitalización, la auditoría y la
rendición de cuentas también dependen de la capacidad institucional existente en las
administraciones locales.
Se ha presentado un enfoque para mejorar la trazabilidad de los documentos utilizando la
tecnología blockchain. Puede limitar la posibilidad de falsificación u omisión de registros
(Batista, 2024) o ser utilizado en las fases del proceso más expuestas al riesgo (Adjorlolo et al.,
2025). Sin embargo, la inmutabilidad técnica no aborda el problema de los datos incorrectos
incorporados desde el principio. No significa que el registro erróneo deje de ser erróneo si no
puedes cambiar el registro más tarde. Así, en Perú, antes de entrar en estructuras técnicas más
sofisticadas, se requiere tener identificaciones únicas, control de versiones, marcas de tiempo,
identificación de las partes responsables y relaciones verificables entre archivos, contratos,
adendas, pagos, penalizaciones y conflictos.
Banderas rojas, inteligencia artificial y límites de la evidencia
Una de las áreas más recientes que ha surgido en la detección de riesgos en la contratación
pública es el análisis de datos. Del Sarto et al. (2024) encontraron que el riesgo de las compras de
salud en Italia es multidimensional y cambia según las características geográficas. Pastor Sanz et
posterior revisión de las decisiones adoptadas, la publicación de las modificaciones contractuales
y la comparación de precios y plazos con los procedimientos normales.
Transparencia, Contratación Electrónica y de la Calidad de los Datos
La contratación electrónica tiene resultados beneficiosos en términos de transparencia y
control, pero sus impactos dependen del contexto institucional en el que se construye. Mahuwi e
Israel (2024) encontraron un vínculo desfavorable entre la apertura, la rendición de cuentas y la
corrupción en los hospitales públicos de Tanzania, el cual se vio reforzado con un mayor grado
de implementación digital. Según Mohamed et al. (2024), el uso de la contratación electrónica en
Somalia estuvo relacionado con la disminución del poder monopolístico y las asimetrías de
información, así como con un aumento en los niveles de transparencia. Los resultados no nos
permiten concluir que la digitalización por sí sola disminuye las actividades corruptas. Pero
indican que una buena plataforma electrónica puede reducir el espacio de negociación opaco al
estandarizar el acceso a la información y crear registros que pueden ser verificados
posteriormente.
En la situación peruana, la restricción clave parece ser la calidad de la información
accesible. Condori Quispe y Liu Menendez (2024) reconocen que el SEACE es una herramienta
básica para la contratación pública; sin embargo, señalan la existencia de información
insuficiente, degradada o ausente. En este sentido, divulgar información no siempre es un acto
de transparencia. Si el expediente no nos permite identificar quién tomó una decisión, qué
documento se utilizó, qué criterios se siguieron o qué revisiones se realizaron a lo largo del
proceso, la publicidad termina respondiendo más a una necesidad formal que a una apertura
efectiva. Cubas-Núñez (2025) añade que los resultados de la digitalización, la auditoría y la
rendición de cuentas también dependen de la capacidad institucional existente en las
administraciones locales.
Se ha presentado un enfoque para mejorar la trazabilidad de los documentos utilizando la
tecnología blockchain. Puede limitar la posibilidad de falsificación u omisión de registros
(Batista, 2024) o ser utilizado en las fases del proceso más expuestas al riesgo (Adjorlolo et al.,
2025). Sin embargo, la inmutabilidad técnica no aborda el problema de los datos incorrectos
incorporados desde el principio. No significa que el registro erróneo deje de ser erróneo si no
puedes cambiar el registro más tarde. Así, en Perú, antes de entrar en estructuras técnicas más
sofisticadas, se requiere tener identificaciones únicas, control de versiones, marcas de tiempo,
identificación de las partes responsables y relaciones verificables entre archivos, contratos,
adendas, pagos, penalizaciones y conflictos.
Banderas rojas, inteligencia artificial y límites de la evidencia
Una de las áreas más recientes que ha surgido en la detección de riesgos en la contratación
pública es el análisis de datos. Del Sarto et al. (2024) encontraron que el riesgo de las compras de
salud en Italia es multidimensional y cambia según las características geográficas. Pastor Sanz et
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2983
al. (2024) a su vez construyeron calificaciones ordinales de riesgo basadas en más de 70,000
ofertas europeas. Siino et al. (2026) verificaron los indicadores agregados utilizando información
comercial que puede estar vinculada a grupos criminales. Esto se complementa con la
investigación de Tello Arista et al. (2026), que reveló que la falta de información, los cambios
frecuentes y ciertos patrones anormales en los beneficiarios finales pueden proporcionar
advertencias más significativas que algunas alertas construidas solo en función de la nación de
origen del propietario.
Pueden surgir patrones al observar las interacciones entre los actores que se perderían si
las variables se estudian por separado. Muñoz-Cancino y Ríos (2025) utilizaron métodos de
aprendizaje automático y análisis de redes en los datos de contratación chilenos. Poltoratskaia y
Fazekas (2024) sostienen que los datos utilizados, así como los procedimientos de rendición de
cuentas, deben adaptarse al tipo de corrupción que se está descubriendo. Dos Santos et al. (2025)
revisaron 93 artículos y concluyeron que la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje automático
se encontraron en investigaciones de colusión, con un uso más fuerte de enfoques estadísticos
para la detección de sesgos. También señalaron desventajas como la ausencia de bases de datos
abiertas, la menor replicabilidad de los modelos y la falta de experiencias aplicadas en el mundo
real. Desde una perspectiva operativa, estos hallazgos confirman una estrategia de análisis
progresivo, que comienza con la garantía de calidad de los datos, seguida de reglas de detección
y análisis de redes, luego modelos de predicción, y siempre termina con una verificación
especializada.
La mejora en la precisión de los modelos no aborda los desafíos con la gobernanza de los
modelos. Sampaio et al. (2024) demuestran cómo herramientas como SHAP y LIME pueden
ayudar a explicar los factores que contribuyen a la emisión de ciertas advertencias. Más tarde,
Sampaio et al. (2026) añadieron problemas como la opacidad, la falta de supervisión y el control
estratégico en el pipeline de PRO-Trust. Desde otro punto de vista, Odilla (2024), basándose en
el examen de las herramientas utilizadas en Brasil, advierte que los datos históricos, las
suposiciones incluidas por los desarrolladores y los propios procedimientos institucionales
podrían replicar sesgos si no hay una supervisión externa suficiente. Por lo tanto, una puntuación
de riesgo no debería llevar inevitablemente a la exclusión, sanciones administrativas o
procedimientos penales. Su uso necesita documentación del modelo, evaluación de cualquier
sesgo, procedimientos de explicación, seguimiento de los juicios tomados y revisión humana
antes de cualquier consecuencia legal.
Colusión, Competencia y Redes Empresariales
La colusión es uno de los peligros más difíciles de descubrir, ya que las partes pueden
cumplir formalmente con el proceso mientras coordinan precios, ofertas o términos de
participación. Carbone et al. (2024) utilizaron pruebas judiciales de 357 licitaciones de
infraestructura vial para detectar tendencias de subcontratación, similitudes en los precios y la
al. (2024) a su vez construyeron calificaciones ordinales de riesgo basadas en más de 70,000
ofertas europeas. Siino et al. (2026) verificaron los indicadores agregados utilizando información
comercial que puede estar vinculada a grupos criminales. Esto se complementa con la
investigación de Tello Arista et al. (2026), que reveló que la falta de información, los cambios
frecuentes y ciertos patrones anormales en los beneficiarios finales pueden proporcionar
advertencias más significativas que algunas alertas construidas solo en función de la nación de
origen del propietario.
Pueden surgir patrones al observar las interacciones entre los actores que se perderían si
las variables se estudian por separado. Muñoz-Cancino y Ríos (2025) utilizaron métodos de
aprendizaje automático y análisis de redes en los datos de contratación chilenos. Poltoratskaia y
Fazekas (2024) sostienen que los datos utilizados, así como los procedimientos de rendición de
cuentas, deben adaptarse al tipo de corrupción que se está descubriendo. Dos Santos et al. (2025)
revisaron 93 artículos y concluyeron que la mayoría de las aplicaciones de aprendizaje automático
se encontraron en investigaciones de colusión, con un uso más fuerte de enfoques estadísticos
para la detección de sesgos. También señalaron desventajas como la ausencia de bases de datos
abiertas, la menor replicabilidad de los modelos y la falta de experiencias aplicadas en el mundo
real. Desde una perspectiva operativa, estos hallazgos confirman una estrategia de análisis
progresivo, que comienza con la garantía de calidad de los datos, seguida de reglas de detección
y análisis de redes, luego modelos de predicción, y siempre termina con una verificación
especializada.
La mejora en la precisión de los modelos no aborda los desafíos con la gobernanza de los
modelos. Sampaio et al. (2024) demuestran cómo herramientas como SHAP y LIME pueden
ayudar a explicar los factores que contribuyen a la emisión de ciertas advertencias. Más tarde,
Sampaio et al. (2026) añadieron problemas como la opacidad, la falta de supervisión y el control
estratégico en el pipeline de PRO-Trust. Desde otro punto de vista, Odilla (2024), basándose en
el examen de las herramientas utilizadas en Brasil, advierte que los datos históricos, las
suposiciones incluidas por los desarrolladores y los propios procedimientos institucionales
podrían replicar sesgos si no hay una supervisión externa suficiente. Por lo tanto, una puntuación
de riesgo no debería llevar inevitablemente a la exclusión, sanciones administrativas o
procedimientos penales. Su uso necesita documentación del modelo, evaluación de cualquier
sesgo, procedimientos de explicación, seguimiento de los juicios tomados y revisión humana
antes de cualquier consecuencia legal.
Colusión, Competencia y Redes Empresariales
La colusión es uno de los peligros más difíciles de descubrir, ya que las partes pueden
cumplir formalmente con el proceso mientras coordinan precios, ofertas o términos de
participación. Carbone et al. (2024) utilizaron pruebas judiciales de 357 licitaciones de
infraestructura vial para detectar tendencias de subcontratación, similitudes en los precios y la
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2984
creación de alianzas temporales. Además, los resultados mostraron que las técnicas empleadas
dependían de la fracción de empresas que participaban en el cártel. Villamil et al. (2024)
observaron que los mercados con redes más densas de propiedad empresarial estaban asociados
con más ofertas individuales y sin postores. Seibel y Škoda (2026) demuestran que ciertos
métodos de preselección podrían ayudar a los cárteles parciales a excluir a los rivales y aumentar
los costos de contratación.
La experiencia disponible sugiere que el valor de las señales estadísticas es mayor cuando
se yuxtaponen con otros datos. Signor et al. (2026) en un caso brasileño encuentran descuentos
atípicamente bajos, que, junto con la evidencia recopilada por la policía, fueron clave para apoyar
los procedimientos legales y recuperar recursos públicos y calcular el daño causado. Este tipo de
secuencia permite la diferenciación entre detección y acusación, lo cual es necesario. Las
estadísticas ayudan a priorizar los casos, la investigación revisa las comunicaciones, las
conexiones comerciales, las capacidades reales, la estructura de costos y las acciones, y
finalmente la autoridad competente juzga la presencia de culpabilidad. Esta distinción ayuda a
preservar la competencia sin suponer que todas las anomalías son conductas ilícitas.
Integridad, contabilidad, auditoría y profesionalización
Necesitamos complementar los procesos tecnológicos con capacidades humanas e
institucionales. Zahra et al. (2024) concluyeron que los sistemas de informes requieren métodos
de auditoría investigativa para convertir la información reportada en evidencias rastreables. Según
Etsula (2024), la formación ética producida de manera aislada tiene poco poder para influir en los
comportamientos organizacionales, si no está respaldada por la profesionalización y el
aprendizaje práctico. En el contexto peruano, Valdivia Sánchez y Bautista Quispe (2025) vinculan
las anomalías en los contratos públicos con posibles consecuencias para el derecho a la educación.
De manera similar, Avellaneda Vásquez y Chipana Fernández (2026) señalan que entre las
variables recurrentes se encuentran la falta de ética en el servicio público, las debilidades en el
control institucional y la dirección de las operaciones.
Los estudios comparativos sufren de problemas similares. Si bien reconoce el progreso
en el área de la transparencia, la OCDE (2025) señala lagunas en las fases de prelicitación y post-
adjudicación, así como debilidades en la capacidad institucional y la competitividad. La OCDE
(2026) también señala la persistente brecha entre la implementación real de las normas estatutarias
y la lucha contra el fraude, las irregularidades en las adquisiciones y las actividades asociadas con
el crimen organizado. Así, los datos examinados muestran que una política de integridad no puede
limitarse al aumento de sanciones. Incluye, entre otros, la implementación de auditorías basadas
en riesgos, la coordinación de las agencias relevantes, la evaluación periódica de los resultados
generados, la asignación de roles, la protección efectiva de los denunciantes, el mérito profesional
y los sistemas de liderazgo institucional
creación de alianzas temporales. Además, los resultados mostraron que las técnicas empleadas
dependían de la fracción de empresas que participaban en el cártel. Villamil et al. (2024)
observaron que los mercados con redes más densas de propiedad empresarial estaban asociados
con más ofertas individuales y sin postores. Seibel y Škoda (2026) demuestran que ciertos
métodos de preselección podrían ayudar a los cárteles parciales a excluir a los rivales y aumentar
los costos de contratación.
La experiencia disponible sugiere que el valor de las señales estadísticas es mayor cuando
se yuxtaponen con otros datos. Signor et al. (2026) en un caso brasileño encuentran descuentos
atípicamente bajos, que, junto con la evidencia recopilada por la policía, fueron clave para apoyar
los procedimientos legales y recuperar recursos públicos y calcular el daño causado. Este tipo de
secuencia permite la diferenciación entre detección y acusación, lo cual es necesario. Las
estadísticas ayudan a priorizar los casos, la investigación revisa las comunicaciones, las
conexiones comerciales, las capacidades reales, la estructura de costos y las acciones, y
finalmente la autoridad competente juzga la presencia de culpabilidad. Esta distinción ayuda a
preservar la competencia sin suponer que todas las anomalías son conductas ilícitas.
Integridad, contabilidad, auditoría y profesionalización
Necesitamos complementar los procesos tecnológicos con capacidades humanas e
institucionales. Zahra et al. (2024) concluyeron que los sistemas de informes requieren métodos
de auditoría investigativa para convertir la información reportada en evidencias rastreables. Según
Etsula (2024), la formación ética producida de manera aislada tiene poco poder para influir en los
comportamientos organizacionales, si no está respaldada por la profesionalización y el
aprendizaje práctico. En el contexto peruano, Valdivia Sánchez y Bautista Quispe (2025) vinculan
las anomalías en los contratos públicos con posibles consecuencias para el derecho a la educación.
De manera similar, Avellaneda Vásquez y Chipana Fernández (2026) señalan que entre las
variables recurrentes se encuentran la falta de ética en el servicio público, las debilidades en el
control institucional y la dirección de las operaciones.
Los estudios comparativos sufren de problemas similares. Si bien reconoce el progreso
en el área de la transparencia, la OCDE (2025) señala lagunas en las fases de prelicitación y post-
adjudicación, así como debilidades en la capacidad institucional y la competitividad. La OCDE
(2026) también señala la persistente brecha entre la implementación real de las normas estatutarias
y la lucha contra el fraude, las irregularidades en las adquisiciones y las actividades asociadas con
el crimen organizado. Así, los datos examinados muestran que una política de integridad no puede
limitarse al aumento de sanciones. Incluye, entre otros, la implementación de auditorías basadas
en riesgos, la coordinación de las agencias relevantes, la evaluación periódica de los resultados
generados, la asignación de roles, la protección efectiva de los denunciantes, el mérito profesional
y los sistemas de liderazgo institucional
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2985
Implicaciones para Perú y recursos para apelación
Los resultados del análisis están contextualizados en el contexto peruano y proporcionan
directrices para la inclusión de garantías procesales y medidas preventivas en un expediente
digital que abarca todo el ciclo de contratación. SEACE puede incluir información sobre los
beneficiarios finales, impedimentos y sanciones, declaraciones de interés, relaciones entre
funcionarios y proveedores, subcontratos, adendas, pagos, acciones de control en paralelo y
recursos de apelación, dentro del marco legal adecuado y con los controles de acceso apropiados.
Por lo tanto, la unidad de análisis no debería ser el propio método de selección, sino las relaciones
existentes entre el organismo contratante, los tomadores de decisiones, los proveedores, sus
propietarios y la ejecución posterior del contrato.
Otra fuente de información en la identificación de tendencias de riesgo es la de los
recursos. Las variables analizadas son: frecuencia de cambios en la composición del comité,
concentración de disputas en ciertos proveedores, cancelaciones repetidas, comentarios sobre el
procedimiento, discrepancias injustificadas en la asignación de puntajes y repetición de preguntas
sobre las bases. Estos factores, las cantidades negociadas, el nivel de competencia, las enmiendas
posteriores a los contratos y las fases del proceso pueden ser codificados y analizados. Sin
embargo, se debe hacer una distinción legal precisa: un recurso bien fundamentado y verificado
demuestra la existencia de un error o una acción que puede ser remediada, pero no necesariamente
significa que exista soborno, colusión o interés indebido. Es relevante para la prevención de la
corrupción debido a su capacidad para identificar patrones acumulados y realizar una evaluación
proporcional.
Esta perspectiva señala la necesidad de criterios específicos para la criminalización de los
instrumentos preventivos basados en meras suposiciones. La primera alerta puede requerir una
simple verificación o corrección de documentos, la repetición de varios indicadores puede
justificar una auditoría y la existencia de elementos objetivos relacionados con colusión, beneficio
indebido u otra conducta relevante para la ley puede justificar el envío del caso a la autoridad
competente. Cada nivel de escalación debe documentar la premisa del nivel, la evidencia
utilizada, el evaluador, la oportunidad de refutar y la conclusión alcanzada.
De esta manera, el control puede centrarse en situaciones que realmente necesitan ser
revisadas, sin crear un ambiente en el que el miedo a posibles responsabilidades paralice la
legítima toma de decisiones administrativas, ni, por el contrario, permitir que la complejidad de
los procedimientos oculte comportamientos deliberadamente ilícitos.
Implicaciones para Perú y recursos para apelación
Los resultados del análisis están contextualizados en el contexto peruano y proporcionan
directrices para la inclusión de garantías procesales y medidas preventivas en un expediente
digital que abarca todo el ciclo de contratación. SEACE puede incluir información sobre los
beneficiarios finales, impedimentos y sanciones, declaraciones de interés, relaciones entre
funcionarios y proveedores, subcontratos, adendas, pagos, acciones de control en paralelo y
recursos de apelación, dentro del marco legal adecuado y con los controles de acceso apropiados.
Por lo tanto, la unidad de análisis no debería ser el propio método de selección, sino las relaciones
existentes entre el organismo contratante, los tomadores de decisiones, los proveedores, sus
propietarios y la ejecución posterior del contrato.
Otra fuente de información en la identificación de tendencias de riesgo es la de los
recursos. Las variables analizadas son: frecuencia de cambios en la composición del comité,
concentración de disputas en ciertos proveedores, cancelaciones repetidas, comentarios sobre el
procedimiento, discrepancias injustificadas en la asignación de puntajes y repetición de preguntas
sobre las bases. Estos factores, las cantidades negociadas, el nivel de competencia, las enmiendas
posteriores a los contratos y las fases del proceso pueden ser codificados y analizados. Sin
embargo, se debe hacer una distinción legal precisa: un recurso bien fundamentado y verificado
demuestra la existencia de un error o una acción que puede ser remediada, pero no necesariamente
significa que exista soborno, colusión o interés indebido. Es relevante para la prevención de la
corrupción debido a su capacidad para identificar patrones acumulados y realizar una evaluación
proporcional.
Esta perspectiva señala la necesidad de criterios específicos para la criminalización de los
instrumentos preventivos basados en meras suposiciones. La primera alerta puede requerir una
simple verificación o corrección de documentos, la repetición de varios indicadores puede
justificar una auditoría y la existencia de elementos objetivos relacionados con colusión, beneficio
indebido u otra conducta relevante para la ley puede justificar el envío del caso a la autoridad
competente. Cada nivel de escalación debe documentar la premisa del nivel, la evidencia
utilizada, el evaluador, la oportunidad de refutar y la conclusión alcanzada.
De esta manera, el control puede centrarse en situaciones que realmente necesitan ser
revisadas, sin crear un ambiente en el que el miedo a posibles responsabilidades paralice la
legítima toma de decisiones administrativas, ni, por el contrario, permitir que la complejidad de
los procedimientos oculte comportamientos deliberadamente ilícitos.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2986
Tabla 3
Agenda de implementación para la contratación pública peruana
Riesgo
prioritario Acción propuesta Indicador verificable Garantía
Datos
incompletos en
SEACE
Reglas de completitud, versionado
y responsable del registro;
interoperabilidad progresiva.
% de expedientes con
documentos, hitos y
versiones completos.
Corrección previa y
trazabilidad de
cambios.
Conexiones y
propiedad opaca
Cruce de proveedor, beneficiario
final, funcionario, subcontratista y
sanciones.
% de proveedores con
beneficiario validado;
alertas corroboradas.
Alerta no equivale a
responsabilidad;
revisión contextual.
Oferta única o
concentración
Tablero por mercado, entidad y
proveedor; análisis de cooferta y
precios.
Tasa de oferta única;
concentración; postores
ausentes recurrentes.
Contraste con tamaño
y especialización del
mercado.
Emergencia y
modificación
Cláusula de salida, publicación de
adendas y revisión ex post
multianual.
% de excepciones
vigentes; variación de
monto/plazo; adendas
oportunamente
publicadas.
Justificación técnica y
contradicción del
contratista.
Patrones en
apelaciones
Codificar motivo, etapa, efecto,
retroacción, proveedor y
recurrencia.
Tasa de recursos
fundados; vicios repetidos
por etapa; días de retorno
al cronograma.
Recurso fundado es
defecto, no prueba de
corrupción.
IA
anticorrupción
Modelos explicables, auditoría de
sesgo, acceso controlado y revisión
humana.
% de alertas explicadas,
confirmadas, descartadas
y corregidas.
Derecho a
explicación;
prohibición de
sanción automática.
Fuente: Elaboración propia a partir de la síntesis.
Tabla 4
Diferenciación para la toma de decisiones
Categoría Qué acredita Respuesta proporcionada
Irregularidad Incumplimiento, inconsistencia o defecto; la
causa aún puede ser error, capacidad
insuficiente o dolo.
Corrección, capacitación, mejora del
proceso y, si corresponde, control.
Riesgo de
corrupción
Combinación de señales asociada con mayor
probabilidad o vulnerabilidad.
Priorización de auditoría,
verificación de vínculos y
preservación de evidencia.
Corrupción
probada
Evidencia suficiente de intercambio,
concertación, beneficio indebido o abuso
conforme al régimen aplicable.
Responsabilidad administrativa, civil
o penal con competencia y debido
proceso.
Fuente: Elaboración propia.
Limitaciones
Esta revisión tiene cuatro limitaciones. Primero, la cobertura de OpenAlex y Crossref es
amplia, pero no está al mismo nivel que las bases de datos por suscripción y tiene limitaciones
por consulta. Las búsquedas específicas ayudaron a reducir el sesgo contra la literatura peruana.
En segundo lugar, algunos artículos fueron evaluados con resúmenes estructurados, registro
editorial y versiones de trabajo vinculadas si el texto final no estaba disponible. En tercer lugar,
las señales de alerta y los índices no son homogéneos y no permiten comparaciones de magnitud
sin recalibración. Cuarto, a partir del 3 de septiembre de 2026, estaba en curso, por lo que el
corpus representa evidencia disponible hasta esa fecha y necesitará ser actualizado. Estas
limitaciones implican que la síntesis debe ser vista como un mapeo de factores, mecanismos y
condiciones para la implementación en lugar de una estimación definitiva de la prevalencia. Su
principal fortaleza es la trazabilidad de las 40 fuentes y la separación de la evidencia de riesgo,
irregularidad y corrupción comprobada.
Tabla 3
Agenda de implementación para la contratación pública peruana
Riesgo
prioritario Acción propuesta Indicador verificable Garantía
Datos
incompletos en
SEACE
Reglas de completitud, versionado
y responsable del registro;
interoperabilidad progresiva.
% de expedientes con
documentos, hitos y
versiones completos.
Corrección previa y
trazabilidad de
cambios.
Conexiones y
propiedad opaca
Cruce de proveedor, beneficiario
final, funcionario, subcontratista y
sanciones.
% de proveedores con
beneficiario validado;
alertas corroboradas.
Alerta no equivale a
responsabilidad;
revisión contextual.
Oferta única o
concentración
Tablero por mercado, entidad y
proveedor; análisis de cooferta y
precios.
Tasa de oferta única;
concentración; postores
ausentes recurrentes.
Contraste con tamaño
y especialización del
mercado.
Emergencia y
modificación
Cláusula de salida, publicación de
adendas y revisión ex post
multianual.
% de excepciones
vigentes; variación de
monto/plazo; adendas
oportunamente
publicadas.
Justificación técnica y
contradicción del
contratista.
Patrones en
apelaciones
Codificar motivo, etapa, efecto,
retroacción, proveedor y
recurrencia.
Tasa de recursos
fundados; vicios repetidos
por etapa; días de retorno
al cronograma.
Recurso fundado es
defecto, no prueba de
corrupción.
IA
anticorrupción
Modelos explicables, auditoría de
sesgo, acceso controlado y revisión
humana.
% de alertas explicadas,
confirmadas, descartadas
y corregidas.
Derecho a
explicación;
prohibición de
sanción automática.
Fuente: Elaboración propia a partir de la síntesis.
Tabla 4
Diferenciación para la toma de decisiones
Categoría Qué acredita Respuesta proporcionada
Irregularidad Incumplimiento, inconsistencia o defecto; la
causa aún puede ser error, capacidad
insuficiente o dolo.
Corrección, capacitación, mejora del
proceso y, si corresponde, control.
Riesgo de
corrupción
Combinación de señales asociada con mayor
probabilidad o vulnerabilidad.
Priorización de auditoría,
verificación de vínculos y
preservación de evidencia.
Corrupción
probada
Evidencia suficiente de intercambio,
concertación, beneficio indebido o abuso
conforme al régimen aplicable.
Responsabilidad administrativa, civil
o penal con competencia y debido
proceso.
Fuente: Elaboración propia.
Limitaciones
Esta revisión tiene cuatro limitaciones. Primero, la cobertura de OpenAlex y Crossref es
amplia, pero no está al mismo nivel que las bases de datos por suscripción y tiene limitaciones
por consulta. Las búsquedas específicas ayudaron a reducir el sesgo contra la literatura peruana.
En segundo lugar, algunos artículos fueron evaluados con resúmenes estructurados, registro
editorial y versiones de trabajo vinculadas si el texto final no estaba disponible. En tercer lugar,
las señales de alerta y los índices no son homogéneos y no permiten comparaciones de magnitud
sin recalibración. Cuarto, a partir del 3 de septiembre de 2026, estaba en curso, por lo que el
corpus representa evidencia disponible hasta esa fecha y necesitará ser actualizado. Estas
limitaciones implican que la síntesis debe ser vista como un mapeo de factores, mecanismos y
condiciones para la implementación en lugar de una estimación definitiva de la prevalencia. Su
principal fortaleza es la trazabilidad de las 40 fuentes y la separación de la evidencia de riesgo,
irregularidad y corrupción comprobada.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2987
CONCLUSIONES
La contratación pública es susceptible a la corrupción en cualquier etapa del proceso de
contratación y está relacionada con factores institucionales que influyen en la toma de decisiones.
Todos estos indicadores de riesgo se crean por la combinación de lazos políticos o comerciales,
acumulación de contratos, decisiones caprichosas sin transparencia, datos inadecuados,
competencia limitada, uso prolongado de mecanismos de emergencia y renegociaciones poco
claras. Pero ningún signo por sí solo prueba que existe corrupción. Esto, a su vez, requiere una
experiencia específica, capacidad organizativa, legislaciones particulares y una investigación
exhaustiva de cualquier irregularidad.
La digitalización crea valor al reducir las disparidades y mantener una presencia integral.
SEACE es una infraestructura importante, pero la eficiencia preventiva de SEACE depende de la
integridad, las variaciones, la interoperabilidad y la aplicación analítica. Siempre que las alarmas
sean explicadas, sujetas a auditoría y validadas por revisión humana, la blockchain, las redes y la
inteligencia artificial pueden permitir la supervisión.
En Perú, es recomendable proporcionar información sobre la selección, implementación,
beneficiarios finales, conflictos de interés, sanciones y posibilidades de apelación. Lo último
debe utilizarse para descubrir fallas persistentes y medidas correctivas, no para reemplazar la mala
conducta. La reacción debe ser proporcionada y variar desde enmendar el documento hasta
realizar una investigación, dependiendo de la consistencia y calidad de la evidencia.
Un programa anticorrupción debería evitar dos fallos coexistentes: la falta de
responsabilidad en redes complejas y la demonización percibida de los funcionarios por errores o
desacuerdos burocráticos. Las organizaciones están coordinadas, son profesionales, impulsadas
por la elección y proporcionan oposición y equidad procesal mientras salvaguardan la integridad,
la competencia administrativa y los derechos al mismo tiempo.
CONCLUSIONES
La contratación pública es susceptible a la corrupción en cualquier etapa del proceso de
contratación y está relacionada con factores institucionales que influyen en la toma de decisiones.
Todos estos indicadores de riesgo se crean por la combinación de lazos políticos o comerciales,
acumulación de contratos, decisiones caprichosas sin transparencia, datos inadecuados,
competencia limitada, uso prolongado de mecanismos de emergencia y renegociaciones poco
claras. Pero ningún signo por sí solo prueba que existe corrupción. Esto, a su vez, requiere una
experiencia específica, capacidad organizativa, legislaciones particulares y una investigación
exhaustiva de cualquier irregularidad.
La digitalización crea valor al reducir las disparidades y mantener una presencia integral.
SEACE es una infraestructura importante, pero la eficiencia preventiva de SEACE depende de la
integridad, las variaciones, la interoperabilidad y la aplicación analítica. Siempre que las alarmas
sean explicadas, sujetas a auditoría y validadas por revisión humana, la blockchain, las redes y la
inteligencia artificial pueden permitir la supervisión.
En Perú, es recomendable proporcionar información sobre la selección, implementación,
beneficiarios finales, conflictos de interés, sanciones y posibilidades de apelación. Lo último
debe utilizarse para descubrir fallas persistentes y medidas correctivas, no para reemplazar la mala
conducta. La reacción debe ser proporcionada y variar desde enmendar el documento hasta
realizar una investigación, dependiendo de la consistencia y calidad de la evidencia.
Un programa anticorrupción debería evitar dos fallos coexistentes: la falta de
responsabilidad en redes complejas y la demonización percibida de los funcionarios por errores o
desacuerdos burocráticos. Las organizaciones están coordinadas, son profesionales, impulsadas
por la elección y proporcionan oposición y equidad procesal mientras salvaguardan la integridad,
la competencia administrativa y los derechos al mismo tiempo.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2988
REFERENCIAS
Adjorlolo, G., Tang, Z., Wauk, G., Sarfo, P. A., Braimah, A. B., Safo, R. B., & N-yanyi, B. (2025).
Evaluating corruption-prone public procurement stages for blockchain integration using
AHP approach. Systems, 13(4), 267. https://doi.org/10.3390/systems13040267
Arozamena, L., Ganuza, J.-J., & Weinschelbaum, F. (2025). Corruption and renegotiation in
procurement. Economics Letters, 255, 112496.
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2025.112496
Avellaneda Vásquez, F. E., & Chipana Fernández, Y. M. M. (2026). Impacto de los delitos de
corrupción de funcionarios en las contrataciones públicas: Revisión sistemática. Revista
Tribunal, 6(15), 333–351. https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v6i15.402
Batista, D. A. (2024). Enhancing transparency and accountability in public procurement:
Exploring blockchain technology to mitigate records fraud. Records Management
Journal, 34(2/3), 151–170. https://doi.org/10.1108/RMJ-10-2023-0054
Bozzay, E., Diesing, L., Khachani, K., & Völker, L. (2025). Linking integrity, business conduct
and public procurement: New approaches for sustainable supply chains (OECD Working
Papers on International Investment No. 2025/01). OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/cfb65ff8-en
Brugués, F., Brugués, J., & Giambra, S. (2024). Political connections and misallocation of
procurement contracts: Evidence from Ecuador. Journal of Development Economics,
170, 103296. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103296
Carbone, C., Calderoni, F., & Jofre, M. (2024). Bid-rigging in public procurement: Cartel
strategies and bidding patterns. Crime, Law and Social Change, 82(2), 249–281.
https://doi.org/10.1007/s10611-024-10142-0
Condori Quispe, G. A., & Liu Menendez, Y. L. (2024). Importancia del portal Seace en la
transparencia y el acceso a la información en las contrataciones públicas en el Perú.
Opinión Jurídica, 23(50), 1–18. https://doi.org/10.22395/ojum.v23n50a36
Cubas-Núñez, J. L. (2025). Contrataciones públicas y la transparencia institucional de los
gobiernos municipales en Perú. Gestio et Productio. Revista Electrónica de Ciencias
Gerenciales, 7(13), 433–451. https://doi.org/10.35381/gep.v7i13.555
Del Sarto, S., Gnaldi, M., & Salvini, N. (2024). Sustainability and high-level corruption in
healthcare procurement: Profiles of Italian contracting authorities. Socio-Economic
Planning Sciences, 95, 101988. https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101988
Dierckxsens, W., Formento, W., & Sosa, M. (2017, 10 de mayo). Capital financiero global, crisis,
acumulación y trabajo. ALAI. https://www.alainet.org/es/articulo/185382
REFERENCIAS
Adjorlolo, G., Tang, Z., Wauk, G., Sarfo, P. A., Braimah, A. B., Safo, R. B., & N-yanyi, B. (2025).
Evaluating corruption-prone public procurement stages for blockchain integration using
AHP approach. Systems, 13(4), 267. https://doi.org/10.3390/systems13040267
Arozamena, L., Ganuza, J.-J., & Weinschelbaum, F. (2025). Corruption and renegotiation in
procurement. Economics Letters, 255, 112496.
https://doi.org/10.1016/j.econlet.2025.112496
Avellaneda Vásquez, F. E., & Chipana Fernández, Y. M. M. (2026). Impacto de los delitos de
corrupción de funcionarios en las contrataciones públicas: Revisión sistemática. Revista
Tribunal, 6(15), 333–351. https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v6i15.402
Batista, D. A. (2024). Enhancing transparency and accountability in public procurement:
Exploring blockchain technology to mitigate records fraud. Records Management
Journal, 34(2/3), 151–170. https://doi.org/10.1108/RMJ-10-2023-0054
Bozzay, E., Diesing, L., Khachani, K., & Völker, L. (2025). Linking integrity, business conduct
and public procurement: New approaches for sustainable supply chains (OECD Working
Papers on International Investment No. 2025/01). OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/cfb65ff8-en
Brugués, F., Brugués, J., & Giambra, S. (2024). Political connections and misallocation of
procurement contracts: Evidence from Ecuador. Journal of Development Economics,
170, 103296. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2024.103296
Carbone, C., Calderoni, F., & Jofre, M. (2024). Bid-rigging in public procurement: Cartel
strategies and bidding patterns. Crime, Law and Social Change, 82(2), 249–281.
https://doi.org/10.1007/s10611-024-10142-0
Condori Quispe, G. A., & Liu Menendez, Y. L. (2024). Importancia del portal Seace en la
transparencia y el acceso a la información en las contrataciones públicas en el Perú.
Opinión Jurídica, 23(50), 1–18. https://doi.org/10.22395/ojum.v23n50a36
Cubas-Núñez, J. L. (2025). Contrataciones públicas y la transparencia institucional de los
gobiernos municipales en Perú. Gestio et Productio. Revista Electrónica de Ciencias
Gerenciales, 7(13), 433–451. https://doi.org/10.35381/gep.v7i13.555
Del Sarto, S., Gnaldi, M., & Salvini, N. (2024). Sustainability and high-level corruption in
healthcare procurement: Profiles of Italian contracting authorities. Socio-Economic
Planning Sciences, 95, 101988. https://doi.org/10.1016/j.seps.2024.101988
Dierckxsens, W., Formento, W., & Sosa, M. (2017, 10 de mayo). Capital financiero global, crisis,
acumulación y trabajo. ALAI. https://www.alainet.org/es/articulo/185382
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2989
Dos Santos, E. S., dos Santos, M. M., Castro, M., & Carvalho, J. T. (2025). Detection of fraud in
public procurement using data-driven methods: A systematic mapping study. EPJ Data
Science, 14, Article 52. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00569-3
Etsula, O. (2024). Approaching transcendence: A conceptual discussion on procurement fraud,
education, professionalism maturity, ethics and implications. Journal of Public
Procurement, 24(4), 433–464. https://doi.org/10.1108/JOPP-08-2022-0038
Fazekas, M., Nishchal, S., & Søreide, T. (2025). The impact of emergencies on corruption risks:
Italian natural disasters and public procurement. Regulation & Governance, 19(4), 1137–
1157. https://doi.org/10.1111/rego.12653
Fazekas, M., Veljanov, Z., & Abdou, A. (2026). Public procurement’s long COVID: Emergency
responses and shifting corruption risks in Europe. Regulation & Governance. Advance
online publication. https://doi.org/10.1111/rego.70177
Gnaldi, M., & Del Sarto, S. (2024). Measuring corruption risk in public procurement over
emergency periods. Social Indicators Research, 172(3), 859–877.
https://doi.org/10.1007/s11205-024-03331-w
Hurtado Pozo, J. (s. f.). Corrupción y derecho penal. Universidad de Fribourg.
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140608_02.pdf
Konov, A., & Gorbacheva, N. (2025). Inattention to reality: Fighting corruption in the Russian
public procurement with pro-competition reforms. Public Integrity, 27(6), 813–826.
https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2469945
Mahuwi, L., & Israel, B. (2024). Promoting transparency and accountability towards anti-
corruption in pharmaceutical procurement system: Does e-procurement play a significant
role? Management Matters, 21(1), 20–37. https://doi.org/10.1108/MANM-07-2023-0027
Mohamed, M. H., Mohamed, A. A., & Mohamed, M. M. (2024). Assessing the anti-corruption
capability of public e-procurement adoption: A case study in the Federal Government of
Somalia. Public Integrity, 27(4), 440–456.
https://doi.org/10.1080/10999922.2024.2344353
Mussari, R., Monteduro, F., Caramia, S., & Allegrini, V. (2025). Politician–manager relationship,
procurement decisions, and corruption risk in local governments. Local Government
Studies, 52(1), 124–147. https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2548485
Muñoz-Cancino, R., & Ríos, S. A. (2025). Data-driven transparency: Machine learning and social
network analysis for corruption detection in public procurement. Procedia Computer
Science, 270, 1788–1795. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.299
Odilla, F. (2024). Unfairness in AI anti-corruption tools: Main drivers and consequences. Minds
and Machines, 34(3), Article 28. https://doi.org/10.1007/s11023-024-09688-8
Dos Santos, E. S., dos Santos, M. M., Castro, M., & Carvalho, J. T. (2025). Detection of fraud in
public procurement using data-driven methods: A systematic mapping study. EPJ Data
Science, 14, Article 52. https://doi.org/10.1140/epjds/s13688-025-00569-3
Etsula, O. (2024). Approaching transcendence: A conceptual discussion on procurement fraud,
education, professionalism maturity, ethics and implications. Journal of Public
Procurement, 24(4), 433–464. https://doi.org/10.1108/JOPP-08-2022-0038
Fazekas, M., Nishchal, S., & Søreide, T. (2025). The impact of emergencies on corruption risks:
Italian natural disasters and public procurement. Regulation & Governance, 19(4), 1137–
1157. https://doi.org/10.1111/rego.12653
Fazekas, M., Veljanov, Z., & Abdou, A. (2026). Public procurement’s long COVID: Emergency
responses and shifting corruption risks in Europe. Regulation & Governance. Advance
online publication. https://doi.org/10.1111/rego.70177
Gnaldi, M., & Del Sarto, S. (2024). Measuring corruption risk in public procurement over
emergency periods. Social Indicators Research, 172(3), 859–877.
https://doi.org/10.1007/s11205-024-03331-w
Hurtado Pozo, J. (s. f.). Corrupción y derecho penal. Universidad de Fribourg.
https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140608_02.pdf
Konov, A., & Gorbacheva, N. (2025). Inattention to reality: Fighting corruption in the Russian
public procurement with pro-competition reforms. Public Integrity, 27(6), 813–826.
https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2469945
Mahuwi, L., & Israel, B. (2024). Promoting transparency and accountability towards anti-
corruption in pharmaceutical procurement system: Does e-procurement play a significant
role? Management Matters, 21(1), 20–37. https://doi.org/10.1108/MANM-07-2023-0027
Mohamed, M. H., Mohamed, A. A., & Mohamed, M. M. (2024). Assessing the anti-corruption
capability of public e-procurement adoption: A case study in the Federal Government of
Somalia. Public Integrity, 27(4), 440–456.
https://doi.org/10.1080/10999922.2024.2344353
Mussari, R., Monteduro, F., Caramia, S., & Allegrini, V. (2025). Politician–manager relationship,
procurement decisions, and corruption risk in local governments. Local Government
Studies, 52(1), 124–147. https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2548485
Muñoz-Cancino, R., & Ríos, S. A. (2025). Data-driven transparency: Machine learning and social
network analysis for corruption detection in public procurement. Procedia Computer
Science, 270, 1788–1795. https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.09.299
Odilla, F. (2024). Unfairness in AI anti-corruption tools: Main drivers and consequences. Minds
and Machines, 34(3), Article 28. https://doi.org/10.1007/s11023-024-09688-8
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2990
OECD. (2024). Towards a national integrity and transparency system in Peru: Ensuring impact
through greater coherence and co-ordination. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/4207602e-en
OECD. (2025). Implementing the OECD Recommendation on Public Procurement in OECD and
partner countries: 2020–2024 report. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/02a46a58-en
OECD. (2026). Anti-corruption and integrity outlook 2026: Harnessing the integrity advantage.
OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/16708b78-en
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D.,
Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J.,
Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E.,
McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline
for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
Pastor Sanz, I., López Iturriaga, F. J., & Blanco Alcántara, D. (2024). A neural network approach
for predicting corruption in public procurement. European Journal of International
Management, 22(2), 175–197. https://doi.org/10.1504/EJIM.2024.135944
Peña Jumpa, A. A. (2017, 2 de enero). La operación Lava Jato y el Derecho. Servindi.
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/01/01/2017/la-operacion-lava-jato-y-el-
derecho
Poltoratskaia, V., & Fazekas, M. (2024). Data analytics for anti-corruption in public procurement.
In A. Mungiu-Pippidi (Ed.), Routledge handbook of public procurement corruption (pp.
42–59). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003220374-6
Sampaio, I. G. B., Andrade, E. O., Fontes, S. S. B., Bernardini, F. C., & Viterbo, J. (2026).
Trustworthy AI in public administration: The PRO-Trust pipeline for ethical fraud
detection in public procurement. Government Information Quarterly, 43(3), 102157.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102157
Sampaio, I., Fontes, S., Andrade, E., Bernardini, F., & Viterbo, J. (2024). Enhancing transparency
through explainable artificial intelligence: An exploratory analysis on collusion and
corruption scenario in digital government. In Proceedings of the 25th Annual
International Conference on Digital Government Research (pp. 52–62). ACM.
https://doi.org/10.1145/3657054.3657274
Seibel, R., & Škoda, S. (2026). Collusion by exclusion in public procurement. American
Economic Journal: Microeconomics, 18(3), 148–202.
https://doi.org/10.1257/mic.20240308
Sierra Hernández, J. J., & Granados, O. M. (2025). Contratación pública, corrupción y gobierno
abierto en Colombia. Revista Española de la Transparencia, (22), 233–276.
https://doi.org/10.51915/ret.386
OECD. (2024). Towards a national integrity and transparency system in Peru: Ensuring impact
through greater coherence and co-ordination. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/4207602e-en
OECD. (2025). Implementing the OECD Recommendation on Public Procurement in OECD and
partner countries: 2020–2024 report. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/02a46a58-en
OECD. (2026). Anti-corruption and integrity outlook 2026: Harnessing the integrity advantage.
OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/16708b78-en
Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D.,
Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J.,
Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E.,
McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline
for reporting systematic reviews. BMJ, 372, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
Pastor Sanz, I., López Iturriaga, F. J., & Blanco Alcántara, D. (2024). A neural network approach
for predicting corruption in public procurement. European Journal of International
Management, 22(2), 175–197. https://doi.org/10.1504/EJIM.2024.135944
Peña Jumpa, A. A. (2017, 2 de enero). La operación Lava Jato y el Derecho. Servindi.
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/01/01/2017/la-operacion-lava-jato-y-el-
derecho
Poltoratskaia, V., & Fazekas, M. (2024). Data analytics for anti-corruption in public procurement.
In A. Mungiu-Pippidi (Ed.), Routledge handbook of public procurement corruption (pp.
42–59). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003220374-6
Sampaio, I. G. B., Andrade, E. O., Fontes, S. S. B., Bernardini, F. C., & Viterbo, J. (2026).
Trustworthy AI in public administration: The PRO-Trust pipeline for ethical fraud
detection in public procurement. Government Information Quarterly, 43(3), 102157.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2026.102157
Sampaio, I., Fontes, S., Andrade, E., Bernardini, F., & Viterbo, J. (2024). Enhancing transparency
through explainable artificial intelligence: An exploratory analysis on collusion and
corruption scenario in digital government. In Proceedings of the 25th Annual
International Conference on Digital Government Research (pp. 52–62). ACM.
https://doi.org/10.1145/3657054.3657274
Seibel, R., & Škoda, S. (2026). Collusion by exclusion in public procurement. American
Economic Journal: Microeconomics, 18(3), 148–202.
https://doi.org/10.1257/mic.20240308
Sierra Hernández, J. J., & Granados, O. M. (2025). Contratación pública, corrupción y gobierno
abierto en Colombia. Revista Española de la Transparencia, (22), 233–276.
https://doi.org/10.51915/ret.386
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 2991
Signor, R., Love, P. E. D., Müller, R. S., & Belarmino, A. T. N. (2026). Order statistics and the
forensic detection of collusion in public infrastructure projects. Journal of the Operational
Research Society, 1–14. Advance online publication.
https://doi.org/10.1080/01605682.2026.2615821
Siino, M., Iezzi, S., & Gara, M. (2026). Corruption risk indicators in public procurement:
Definition and evaluation with organised crime data. Socio-Economic Planning Sciences,
105, 102429. https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102429
Tang, W., Wang, Y., & Wu, J. (2025). Local favoritism in China’s public procurement:
Information frictions or incentive distortion? Journal of Urban Economics, 145, 103716.
https://doi.org/10.1016/j.jue.2024.103716
Tello Arista, I., & Fazekas, M. (2024). Public procurement corruption. In L. A. K. Graaf (Ed.),
Elgar encyclopedia of corruption and society (pp. 281–285). Edward Elgar.
https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch62
Tello Arista, I., Fazekas, M., & Volkotrub, A. (2026). Using beneficial ownership data for
systematic risk assessment in public procurement: The example of 6 European countries.
European Journal on Criminal Policy and Research. Advance online publication.
https://doi.org/10.1007/s10610-025-09654-9
Tóth, I. J., & Hajdu, M. (2025). Corruption risk and EU funding in public procurement across EU
member states, 2007–2023. Acta Oeconomica, 75(4), 485–518.
https://doi.org/10.1556/032.2025.00266
Valdivia Sánchez, J. F., & Bautista Quispe, G. R. (2025). Corrupción en las contrataciones
estatales y su impacto en la vulneración del derecho a la educación en Perú. Revista
InveCom, 5(2), e502032. https://doi.org/10.5281/zenodo.13170416
Villamil, I., Kertész, J., & Fazekas, M. (2024). Collusion risk in corporate networks. Scientific
Reports, 14, Article 3161. https://doi.org/10.1038/s41598-024-53625-9
Waxenecker, H., & Prell, C. (2024). Corruption dynamics in public procurement: A longitudinal
network analysis of local construction contracts in Guatemala. Social Networks, 79, 154–
167. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.07.001
Zahra, F., Abdullah, M. I., Din, M., Fadli, M., Haji Besar, H. A., & Ali, J. K. (2024). Investigating
the structural model of whistle blowing system on government procurement fraud:
Examining mediating effect of investigative audit. International Journal of Economics
and Financial Issues, 14(6), 302–309. https://doi.org/10.32479/ijefi.16150
Signor, R., Love, P. E. D., Müller, R. S., & Belarmino, A. T. N. (2026). Order statistics and the
forensic detection of collusion in public infrastructure projects. Journal of the Operational
Research Society, 1–14. Advance online publication.
https://doi.org/10.1080/01605682.2026.2615821
Siino, M., Iezzi, S., & Gara, M. (2026). Corruption risk indicators in public procurement:
Definition and evaluation with organised crime data. Socio-Economic Planning Sciences,
105, 102429. https://doi.org/10.1016/j.seps.2026.102429
Tang, W., Wang, Y., & Wu, J. (2025). Local favoritism in China’s public procurement:
Information frictions or incentive distortion? Journal of Urban Economics, 145, 103716.
https://doi.org/10.1016/j.jue.2024.103716
Tello Arista, I., & Fazekas, M. (2024). Public procurement corruption. In L. A. K. Graaf (Ed.),
Elgar encyclopedia of corruption and society (pp. 281–285). Edward Elgar.
https://doi.org/10.4337/9781803925806.ch62
Tello Arista, I., Fazekas, M., & Volkotrub, A. (2026). Using beneficial ownership data for
systematic risk assessment in public procurement: The example of 6 European countries.
European Journal on Criminal Policy and Research. Advance online publication.
https://doi.org/10.1007/s10610-025-09654-9
Tóth, I. J., & Hajdu, M. (2025). Corruption risk and EU funding in public procurement across EU
member states, 2007–2023. Acta Oeconomica, 75(4), 485–518.
https://doi.org/10.1556/032.2025.00266
Valdivia Sánchez, J. F., & Bautista Quispe, G. R. (2025). Corrupción en las contrataciones
estatales y su impacto en la vulneración del derecho a la educación en Perú. Revista
InveCom, 5(2), e502032. https://doi.org/10.5281/zenodo.13170416
Villamil, I., Kertész, J., & Fazekas, M. (2024). Collusion risk in corporate networks. Scientific
Reports, 14, Article 3161. https://doi.org/10.1038/s41598-024-53625-9
Waxenecker, H., & Prell, C. (2024). Corruption dynamics in public procurement: A longitudinal
network analysis of local construction contracts in Guatemala. Social Networks, 79, 154–
167. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2024.07.001
Zahra, F., Abdullah, M. I., Din, M., Fadli, M., Haji Besar, H. A., & Ali, J. K. (2024). Investigating
the structural model of whistle blowing system on government procurement fraud:
Examining mediating effect of investigative audit. International Journal of Economics
and Financial Issues, 14(6), 302–309. https://doi.org/10.32479/ijefi.16150