Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3213
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2608
La mirada social del maltrato: percepciones, mitos y
realidades de la violencia infantil
The social perspective on abuse: perceptions, myths, and realities of child violence
Ivett Reyes Guillén
reyes.flor@unach.mx
https://orcid.org/0000-0001-9738-4554
Facultad de Ciencias Sociales, C-III. Universidad Autónoma de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Delina Margarita Nañez Córdova
delina.nanez@unach.mx
https://orcid.org/0009-0006-5496-4958
Facultad de Derecho, C-III. Universidad Autónoma de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Ana Laura Luna Gómez
analunag17@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-7982-2520
Facultad de Derecho, C-III. Universidad Autónoma de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
María Guadalupe López Morales
guadalupe.lopezm@unach.mx
https://orcid.org/0009-0004-6719-4820
Facultad de Derecho, C-III. Universidad Autónoma de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Miguel Ángel Cordero Molina
miguel.cordero@unach.mx
https://orcid.org/0009-0003-9351-3541
Facultad de Derecho, C-III. Universidad Autónoma de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Artículo recibido: 10 agosto 2026- Aceptado para publicación:16 septiembre 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
La presente investigación tuvo el objetivo principal de analizar las percepciones de la población
social respecto a la violencia infantil. El estudio se realizó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México. Para cumplir con este objetivo se realizó un estudio de enfoque cuantitativo y alcance
descriptivo. La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de una encuesta
estructurada a una muestra de 157 habitantes de la localidad. Los datos recolectados se sometieron
a un análisis estadístico descriptivo para identificar las tendencias conceptuales, el nivel de
sensibilización y las posturas de los ciudadanos ante las normativas de protección infantil. Los
resultados revelan el grado de reconocimiento que la comunidad otorga a las garantías
individuales de la niñez, así como las brechas de conocimiento que persisten en torno a las
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3214
dinámicas de violencia y los mecanismos de denuncia locales. Se concluye que existe la necesidad
de fortalecer estrategias de difusión comunitaria y educación en derechos humanos para mitigar
las prácticas de maltrato y garantizar entornos seguros para la infancia en la región.
Palabras clave: maltrato infantil, derechos humanos, percepción ciudadana
ABSTRACT
The primary objective of this research was to analyze public perceptions regarding violence
against children. The study was conducted in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico,
employing a quantitative approach and a descriptive scope. Data collection involved
administering a structured survey to a sample of 157 local residents. The collected data underwent
descriptive statistical analysis to identify conceptual trends, levels of awareness, and citizens'
stances regarding child protection regulations. The results reveal the extent to which the
community recognizes children's individual rights, as well as persistent knowledge gaps
concerning the dynamics of violence and local reporting mechanisms. The study concludes that
there is a need to strengthen community outreach strategies and human rights education to
mitigate abuse and ensure safe environments for children in the region.
Keywords: child abuse, human rights, public perception
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
dinámicas de violencia y los mecanismos de denuncia locales. Se concluye que existe la necesidad
de fortalecer estrategias de difusión comunitaria y educación en derechos humanos para mitigar
las prácticas de maltrato y garantizar entornos seguros para la infancia en la región.
Palabras clave: maltrato infantil, derechos humanos, percepción ciudadana
ABSTRACT
The primary objective of this research was to analyze public perceptions regarding violence
against children. The study was conducted in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico,
employing a quantitative approach and a descriptive scope. Data collection involved
administering a structured survey to a sample of 157 local residents. The collected data underwent
descriptive statistical analysis to identify conceptual trends, levels of awareness, and citizens'
stances regarding child protection regulations. The results reveal the extent to which the
community recognizes children's individual rights, as well as persistent knowledge gaps
concerning the dynamics of violence and local reporting mechanisms. The study concludes that
there is a need to strengthen community outreach strategies and human rights education to
mitigate abuse and ensure safe environments for children in the region.
Keywords: child abuse, human rights, public perception
Todo el contenido de la Revista Científica Internacional Arandu UTIC publicado en este sitio está disponible bajo
licencia Creative Commons Atribution 4.0 International.
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INTRODUCCIÓN
La violencia infantil y la vulneración de los derechos humanos de los menores constituye
uno de los desafíos éticos, legales y sociales apremiantes de la actualidad y en un contexto global
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). A nivel internacional, los marcos normativos
derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas
[ONU], 1989) establecen el compromiso de los Estados para garantizar entornos seguros que
propicien el desarrollo integral de las infancias. No obstante, la brecha entre la legislación y la
realidad cotidiana sigue siendo preocupante y necesaria de entender y atender.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la violencia
contra la niñez se manifiesta de formas diversas y van desde el abuso físico y sexual, hasta
fenómenos emergentes relacionados con el reclutamiento por grupos delictivos (REDIM y
Observatorio Nacional Ciudadano [ONC], 2021). Es así como, en el contexto de México, Chiapas
se sitúa de manera sistemática entre las entidades federativas con índices severos de violencia y
rezago social en perjuicio de la población infantil, realidad que exige un análisis profundo de sus
dinámicas estructurales.
La vulnerabilidad de la niñez no se presenta de manera homogénea, sino que se agudiza en
entornos marcados por la marginación crónica y la exclusión socioeconómica. San Cristóbal de
Las Casas, históricamente reconocido como centro multicultural y turístico, coexiste con
periferias y dinámicas urbanas caracterizadas por una profunda precariedad material y social.
Algunas investigaciones dan evidencia de que más del 70% de la niñez en esta localidad vive en
condiciones de pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
[CONEVAL] y UNICEF México, 2021). Esta realidad es una privación sistémica que condiciona
a miles de menores a la informalidad laboral o trabajo infantil doméstico y callejero, lo que les
expone de manera directa a redes de explotación, violencia, no escolaridad o deserción temprana.
En los últimos años, la problemática social se ha complejizado drásticamente debido al
incremento de la inseguridad, el desplazamiento forzado, los procesos de descomposición social,
y los menores son entonces una de las poblaciones más indefensas frente a los riesgos y el abuso.
El maltrato infantil está ligado a la forma en que la sociedad percibe, normaliza o
invisibiliza estas conductas dentro de sus pautas culturales y cotidianas. Las representaciones
sociales y el grado de conocimiento ciudadano respecto a los derechos humanos representan un
rol determinante en la prevención y la denuncia oportuna de las agresiones.
En comunidades con una marcada heterogeneidad cultural y procesos migratorios internos
acelerados, como es el caso de San Cristóbal de Las Casas, las percepciones de la población
respecto a lo que constituye un trato digno o violento hacia los menores suelen estar fragmentadas
o influidas por usos y costumbres; por lo tanto, comprender qué entiende la ciudadanía local por
INTRODUCCIÓN
La violencia infantil y la vulneración de los derechos humanos de los menores constituye
uno de los desafíos éticos, legales y sociales apremiantes de la actualidad y en un contexto global
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2020). A nivel internacional, los marcos normativos
derivados de la Convención sobre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones Unidas
[ONU], 1989) establecen el compromiso de los Estados para garantizar entornos seguros que
propicien el desarrollo integral de las infancias. No obstante, la brecha entre la legislación y la
realidad cotidiana sigue siendo preocupante y necesaria de entender y atender.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la violencia
contra la niñez se manifiesta de formas diversas y van desde el abuso físico y sexual, hasta
fenómenos emergentes relacionados con el reclutamiento por grupos delictivos (REDIM y
Observatorio Nacional Ciudadano [ONC], 2021). Es así como, en el contexto de México, Chiapas
se sitúa de manera sistemática entre las entidades federativas con índices severos de violencia y
rezago social en perjuicio de la población infantil, realidad que exige un análisis profundo de sus
dinámicas estructurales.
La vulnerabilidad de la niñez no se presenta de manera homogénea, sino que se agudiza en
entornos marcados por la marginación crónica y la exclusión socioeconómica. San Cristóbal de
Las Casas, históricamente reconocido como centro multicultural y turístico, coexiste con
periferias y dinámicas urbanas caracterizadas por una profunda precariedad material y social.
Algunas investigaciones dan evidencia de que más del 70% de la niñez en esta localidad vive en
condiciones de pobreza (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
[CONEVAL] y UNICEF México, 2021). Esta realidad es una privación sistémica que condiciona
a miles de menores a la informalidad laboral o trabajo infantil doméstico y callejero, lo que les
expone de manera directa a redes de explotación, violencia, no escolaridad o deserción temprana.
En los últimos años, la problemática social se ha complejizado drásticamente debido al
incremento de la inseguridad, el desplazamiento forzado, los procesos de descomposición social,
y los menores son entonces una de las poblaciones más indefensas frente a los riesgos y el abuso.
El maltrato infantil está ligado a la forma en que la sociedad percibe, normaliza o
invisibiliza estas conductas dentro de sus pautas culturales y cotidianas. Las representaciones
sociales y el grado de conocimiento ciudadano respecto a los derechos humanos representan un
rol determinante en la prevención y la denuncia oportuna de las agresiones.
En comunidades con una marcada heterogeneidad cultural y procesos migratorios internos
acelerados, como es el caso de San Cristóbal de Las Casas, las percepciones de la población
respecto a lo que constituye un trato digno o violento hacia los menores suelen estar fragmentadas
o influidas por usos y costumbres; por lo tanto, comprender qué entiende la ciudadanía local por
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3216
maltrato infantil es un paso indispensable para el diseño de políticas públicas y estrategias de
intervención comunitaria efectivas.
Por lo anterior, el presente artículo examina las posturas de la población, bajo el objetivo
de analizar las percepciones de la población de San Cristóbal de Las Casas respecto al maltrato
infantil y los derechos humanos de los menores. Para alcanzar este fin, se aplicó un diseño
metodológico cuantitativo y de alcance descriptivo fundamentado en una encuesta estructurada
aplicada a una muestra de 157 habitantes. A través de un análisis estadístico descriptivo, este
trabajo busca aportar evidencia empírica que visibilice las áreas de oportunidad institucionales y
fomente la sensibilización colectiva en un contexto donde proteger a la infancia es una tarea
urgente e impostergable.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y con un diseño no
experimental de corte transversal, año agosto 2025-junio 2026. Este diseño metodológico
permitió recopilar información directa y en un único momento con el fin de examinar de manera
sistémica y objetiva las variables de estudio en su entorno natural.
La muestra estuvo constituida por 157 habitantes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
El proceso de selección se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia,
seleccionando aquellos ciudadanos que cumplieran con los criterios de inclusión establecidos:
a) Tener mayoría de edad (18 años o más)
b) Residir formalmente en San Cristóbal de Las Casas
c) Otorgar consentimiento para participar en la investigación
DE la muestra total, el 57 % correspondió a mujeres y el porcentaje restante (43 %) a
hombres, con un rango de edad comprendido entre los 18 y 57 años (x̅= 27) (R=39) abarcando
participantes procedentes tanto de la zona centro urbana, como de las periferias multiculturales
de la localidad.
Para la recolección de datos se diseñó y estructuró un cuestionario de auto reporte
compuesto por ocho reactivos, el cual fue validado previamente mediante una prueba piloto. Este
proceso se llevó a cabo durante el período agosto-diciembre 2025. La aplicación de la encuesta
se realizó de forma presencial en puntos estratégicos de flujo ciudadano como es la zona centro,
sobre los andadores Guadalupano, Santo Domingo y Del Carmen.
Antes de iniciar el llenado del cuestionario, se leyó el texto de consentimiento informado
para asegurar la participación voluntaria y libre de riesgos de las personas. En este texto inicial se
explicó el objetivo estrictamente académico de la investigación, el carácter voluntario, la garantía
de total anonimato y confidencialidad de sus respuestas, así como el derecho a retirarse en
cualquier momento del proceso sin penalización alguna. El llenado de la encuesta tomó un tiempo
promedio de 12 minutos.
maltrato infantil es un paso indispensable para el diseño de políticas públicas y estrategias de
intervención comunitaria efectivas.
Por lo anterior, el presente artículo examina las posturas de la población, bajo el objetivo
de analizar las percepciones de la población de San Cristóbal de Las Casas respecto al maltrato
infantil y los derechos humanos de los menores. Para alcanzar este fin, se aplicó un diseño
metodológico cuantitativo y de alcance descriptivo fundamentado en una encuesta estructurada
aplicada a una muestra de 157 habitantes. A través de un análisis estadístico descriptivo, este
trabajo busca aportar evidencia empírica que visibilice las áreas de oportunidad institucionales y
fomente la sensibilización colectiva en un contexto donde proteger a la infancia es una tarea
urgente e impostergable.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y con un diseño no
experimental de corte transversal, año agosto 2025-junio 2026. Este diseño metodológico
permitió recopilar información directa y en un único momento con el fin de examinar de manera
sistémica y objetiva las variables de estudio en su entorno natural.
La muestra estuvo constituida por 157 habitantes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
El proceso de selección se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia,
seleccionando aquellos ciudadanos que cumplieran con los criterios de inclusión establecidos:
a) Tener mayoría de edad (18 años o más)
b) Residir formalmente en San Cristóbal de Las Casas
c) Otorgar consentimiento para participar en la investigación
DE la muestra total, el 57 % correspondió a mujeres y el porcentaje restante (43 %) a
hombres, con un rango de edad comprendido entre los 18 y 57 años (x̅= 27) (R=39) abarcando
participantes procedentes tanto de la zona centro urbana, como de las periferias multiculturales
de la localidad.
Para la recolección de datos se diseñó y estructuró un cuestionario de auto reporte
compuesto por ocho reactivos, el cual fue validado previamente mediante una prueba piloto. Este
proceso se llevó a cabo durante el período agosto-diciembre 2025. La aplicación de la encuesta
se realizó de forma presencial en puntos estratégicos de flujo ciudadano como es la zona centro,
sobre los andadores Guadalupano, Santo Domingo y Del Carmen.
Antes de iniciar el llenado del cuestionario, se leyó el texto de consentimiento informado
para asegurar la participación voluntaria y libre de riesgos de las personas. En este texto inicial se
explicó el objetivo estrictamente académico de la investigación, el carácter voluntario, la garantía
de total anonimato y confidencialidad de sus respuestas, así como el derecho a retirarse en
cualquier momento del proceso sin penalización alguna. El llenado de la encuesta tomó un tiempo
promedio de 12 minutos.
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Una vez concluida la fase de campo, los datos fueron codificados, tabulados y analizados
mediante el software estadístico Excel. Se recurrió a un despliegue estadístico descriptivo para
caracterizar los datos de la muestra, empleando medidas de tendencia central y medidas de
dispersión para las variables escalares, así como frecuencias absolutas y porcentajes para el
análisis de las variables de percepción categóricas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio realizado de la percepción social sobre la violencia infantil es un componente
analítico de importancia, en tanto que estas construcciones colectivas determinan la manera en
que la sociedad identifica, prioriza y reacciona ante dicha problemática. Es también importante
mencionar que, el estudio ha permitido conocer la sensibilidad, los conocimientos y las creencias
de la población respecto a este tema y contribuye a visibilizar la gravedad del problema a nivel
comunitario, funcionando como un indicador que mide el impacto real de las políticas públicas
relacionadas con la salvaguarda de las infancias.
Violencia infantil percibida y la evolución temporal
Respecto a la tendencia histórica del fenómeno en el último quinquenio, los datos reflejan
preocupación social en 65 % de los casos (n = 102) afirmando que la violencia infantil ha ido en
aumento. Por su parte, 28 % (n = 44) considera que se ha mantenido sin variaciones, y solo 7 %
(n = 11) percibe una disminución. Estos hallazgos ponen en evidencia que las estrategias de
visibilización institucional no han logrado transformar la percepción de la población respecto a
una condición de mejoría en el ámbito de la protección infantil. Es necesario hacer hincapié en
que el desconocimiento o la incomprensión de esta problemática social latente, hace difícil que la
población participe en la disminución de los casos a través de las prácticas de denuncia ciudadana,
y actos de prevención. Esta explicación se basa en la teoría de acción razonada de Ajzen y
Fishbein (1980) quienes explican que el comportamiento está directamente influenciado por la
información que posee una persona; si no ha comprensión del problema, no se genera ni la actitud
ni la intención de participar en actos preventivos.
Nivel de conocimiento sobre el marco legal y de políticas públicas
Con relación a la apropiación social del marco jurídico protector de las infancias, se
identificó un vacío informativo alto, ya que, solamente 37 % (n = 56) de los participantes declaró
conocer las leyes o políticas públicas vigentes al respecto. Este desinformación y
desconocimiento, representa un estado de vulnerabilidad estructural e impunidad de facto para
los infantes (Soria, 2026; Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2024; UNICEF, 2024).
Por lo anterior, es necesaria la socialización del marco legal e indispensable consolidad una
cultura de paz.
Una vez concluida la fase de campo, los datos fueron codificados, tabulados y analizados
mediante el software estadístico Excel. Se recurrió a un despliegue estadístico descriptivo para
caracterizar los datos de la muestra, empleando medidas de tendencia central y medidas de
dispersión para las variables escalares, así como frecuencias absolutas y porcentajes para el
análisis de las variables de percepción categóricas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El estudio realizado de la percepción social sobre la violencia infantil es un componente
analítico de importancia, en tanto que estas construcciones colectivas determinan la manera en
que la sociedad identifica, prioriza y reacciona ante dicha problemática. Es también importante
mencionar que, el estudio ha permitido conocer la sensibilidad, los conocimientos y las creencias
de la población respecto a este tema y contribuye a visibilizar la gravedad del problema a nivel
comunitario, funcionando como un indicador que mide el impacto real de las políticas públicas
relacionadas con la salvaguarda de las infancias.
Violencia infantil percibida y la evolución temporal
Respecto a la tendencia histórica del fenómeno en el último quinquenio, los datos reflejan
preocupación social en 65 % de los casos (n = 102) afirmando que la violencia infantil ha ido en
aumento. Por su parte, 28 % (n = 44) considera que se ha mantenido sin variaciones, y solo 7 %
(n = 11) percibe una disminución. Estos hallazgos ponen en evidencia que las estrategias de
visibilización institucional no han logrado transformar la percepción de la población respecto a
una condición de mejoría en el ámbito de la protección infantil. Es necesario hacer hincapié en
que el desconocimiento o la incomprensión de esta problemática social latente, hace difícil que la
población participe en la disminución de los casos a través de las prácticas de denuncia ciudadana,
y actos de prevención. Esta explicación se basa en la teoría de acción razonada de Ajzen y
Fishbein (1980) quienes explican que el comportamiento está directamente influenciado por la
información que posee una persona; si no ha comprensión del problema, no se genera ni la actitud
ni la intención de participar en actos preventivos.
Nivel de conocimiento sobre el marco legal y de políticas públicas
Con relación a la apropiación social del marco jurídico protector de las infancias, se
identificó un vacío informativo alto, ya que, solamente 37 % (n = 56) de los participantes declaró
conocer las leyes o políticas públicas vigentes al respecto. Este desinformación y
desconocimiento, representa un estado de vulnerabilidad estructural e impunidad de facto para
los infantes (Soria, 2026; Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2024; UNICEF, 2024).
Por lo anterior, es necesaria la socialización del marco legal e indispensable consolidad una
cultura de paz.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3218
Evaluación ciudadana de la efectividad de las políticas públicas
La valoración de la gestión estatal actual fue predominantemente crítica. Calificaron a las
políticas públicas implementadas como poco efectivas (76 %, n = 119), nulas o nada efectivas (11
%, n = 18) y sin opinión al respecto por falta de conocimiento al respecto y 5% (n = 8) las evaluó
como efectivas. Estos resultados tienen relación con la asimetría informativa, la población carece
de datos claros, accesibles y oportunos que demuestren impactos favorables. Este es un elemento
que se suma a la condición de vulnerabilidad para los infantes debido a la ausencia de criterio
social informado.
Percepción del desempeño y apoyo institucional a las víctimas
El rol que desempeñan las autoridades competentes en las áreas de prevención y atención
al maltrato infantil es percibido como “apoyo parcial” para 55 % (n = 86) de los participantes.
“insuficiente” para 39 % (n = 61) y “suficiente” en solo 6 % (n = 10) personas de la muestra. Esta
distribución porcentual resulta importante y necesaria de atender, la confianza en las instituciones
es elemental para la denuncia formal y la cooperación comunitaria. Una autoridad percibida como
ineficaz, distante o carente de sensibilidad perpetúa el ocultamiento del delito. El informe del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025), detalla que más del 60% de las
razones para no denunciar son directamente atribuibles a la autoridad, destacando la percepción
de ineficiencia.
Limitaciones estructurales de las políticas públicas vigentes
Acerca de los factores causales de la baja efectividad gubernamental, los encuestados
priorizaron las siguientes limitantes:
a) Escasa difusión e información institucional (n = 60)
b) Falta de capacitación del personal operador (n = 28)
c) Altos índices de corrupción e impunidad (n = 22)
d) Insuficiencia de recursos económicos (n = 4)
Estos resultados obligan a preguntarse respecto a los procesos informativos principalmente
en regiones de alta marginación y municipios con población predominantemente indígena donde
las barreras lingüísticas agravan el desconocimiento. Así también, obliga a preguntarse si los
servidores públicos cuentan con competencias transversales que se necesitan para abordar esta
problemática en una realidad con inestabilidad política. Al respecto la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), menciona que el progreso y la
resolución de problemas en un mundo complejo demandan destrezas transversales como el
pensamiento crítico, la resiliencia y la adaptabilidad.
Evaluación ciudadana de la efectividad de las políticas públicas
La valoración de la gestión estatal actual fue predominantemente crítica. Calificaron a las
políticas públicas implementadas como poco efectivas (76 %, n = 119), nulas o nada efectivas (11
%, n = 18) y sin opinión al respecto por falta de conocimiento al respecto y 5% (n = 8) las evaluó
como efectivas. Estos resultados tienen relación con la asimetría informativa, la población carece
de datos claros, accesibles y oportunos que demuestren impactos favorables. Este es un elemento
que se suma a la condición de vulnerabilidad para los infantes debido a la ausencia de criterio
social informado.
Percepción del desempeño y apoyo institucional a las víctimas
El rol que desempeñan las autoridades competentes en las áreas de prevención y atención
al maltrato infantil es percibido como “apoyo parcial” para 55 % (n = 86) de los participantes.
“insuficiente” para 39 % (n = 61) y “suficiente” en solo 6 % (n = 10) personas de la muestra. Esta
distribución porcentual resulta importante y necesaria de atender, la confianza en las instituciones
es elemental para la denuncia formal y la cooperación comunitaria. Una autoridad percibida como
ineficaz, distante o carente de sensibilidad perpetúa el ocultamiento del delito. El informe del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2025), detalla que más del 60% de las
razones para no denunciar son directamente atribuibles a la autoridad, destacando la percepción
de ineficiencia.
Limitaciones estructurales de las políticas públicas vigentes
Acerca de los factores causales de la baja efectividad gubernamental, los encuestados
priorizaron las siguientes limitantes:
a) Escasa difusión e información institucional (n = 60)
b) Falta de capacitación del personal operador (n = 28)
c) Altos índices de corrupción e impunidad (n = 22)
d) Insuficiencia de recursos económicos (n = 4)
Estos resultados obligan a preguntarse respecto a los procesos informativos principalmente
en regiones de alta marginación y municipios con población predominantemente indígena donde
las barreras lingüísticas agravan el desconocimiento. Así también, obliga a preguntarse si los
servidores públicos cuentan con competencias transversales que se necesitan para abordar esta
problemática en una realidad con inestabilidad política. Al respecto la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019), menciona que el progreso y la
resolución de problemas en un mundo complejo demandan destrezas transversales como el
pensamiento crítico, la resiliencia y la adaptabilidad.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3219
Estrategias propuestas para el fortalecimiento del sistema de protección
En este aspecto, los participantes en el estudio en general proyectaron una ruta de mejora
que contempla:
a) Profesionalización de las autoridades
b) Incremento del gasto público sectorial
c) Reformas educativas
d) Intensificación de campañas de sensibilización y robustecimiento del marco jurídico
La capacitación continua del personal es la base para garantizar intervenciones exitosas,
con perspectiva de derechos humanos y enfoque de infancias, mismas que abonen a la protección
de menores que viven en situación de riesgo. Esto puede explicarse desde el ámbito del desarrollo
organizacional y la gestión pública, que considera a la formación permanente del capital humano
como un pilar indispensable para garantizar efectividad, reducción de errores y adaptabilidad de
los programas o intervenciones institucionales (Organización Internacional del Trabajo [OIT],
2021).
El incremento del presupuesto es condición sine qua non para la sostenibilidad operativa
de las instituciones. En este caso, la literatura sobre administración pública y economía del
desarrollo demuestra que las reformas y la continuidad de los servicios públicos fallan
estructuralmente cuanto los incrementos de carga operativa no van acompañados de un
incremento presupuestal (Banco Mundial, 2022).
Con relación al ámbito educativo, la escuela necesita resignificarse como un espacio de
transmisión de valores y habilidades para la resolución pacífica de conflictos y el diálogo asertivo.
Asimismo, la educación no formal e informal se requieren para lograr campañas masivas de
sensibilización buscando desnaturalizar la violencia intrafamiliar. Lo anterior tiene un respaldo
académico cuando desde la UNESCO (2022) se plantea que, frente a las crisis globales
contemporáneas, la pedagogía moderna exige que las escuelas y la educación por sí misma,
superen el rol tradicional de mera instrucción y se reformulen bajo enfoques de ética, ciudadanía
y cohesión social.
Por último, la actualización legislativa es necesaria para que el estado cumpla con sus
obligaciones al tipificar adecuadamente las conductas delictivas, abatir la impunidad e
incrementar los servicios de atención integral a las víctimas. Al respecto, el derecho penal
internacional estipula que los Estados no pueden combatir dinámicas criminales modernas con
códigos obsoletos; es necesaria la adecuación y modernización de las leyes penales, tipificación
clara y proporcional, es una obligación internacional vinculantes para evitar los vacíos legales y
la impunidad (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2023).
Participación comunitaria y disposición ciudadana haca la prevención
A pesar de que el marco institucional es el eje rector, la literatura científica reconoce que
la participación comunitaria es indispensable para la construcción de entornos protectores, tal es
Estrategias propuestas para el fortalecimiento del sistema de protección
En este aspecto, los participantes en el estudio en general proyectaron una ruta de mejora
que contempla:
a) Profesionalización de las autoridades
b) Incremento del gasto público sectorial
c) Reformas educativas
d) Intensificación de campañas de sensibilización y robustecimiento del marco jurídico
La capacitación continua del personal es la base para garantizar intervenciones exitosas,
con perspectiva de derechos humanos y enfoque de infancias, mismas que abonen a la protección
de menores que viven en situación de riesgo. Esto puede explicarse desde el ámbito del desarrollo
organizacional y la gestión pública, que considera a la formación permanente del capital humano
como un pilar indispensable para garantizar efectividad, reducción de errores y adaptabilidad de
los programas o intervenciones institucionales (Organización Internacional del Trabajo [OIT],
2021).
El incremento del presupuesto es condición sine qua non para la sostenibilidad operativa
de las instituciones. En este caso, la literatura sobre administración pública y economía del
desarrollo demuestra que las reformas y la continuidad de los servicios públicos fallan
estructuralmente cuanto los incrementos de carga operativa no van acompañados de un
incremento presupuestal (Banco Mundial, 2022).
Con relación al ámbito educativo, la escuela necesita resignificarse como un espacio de
transmisión de valores y habilidades para la resolución pacífica de conflictos y el diálogo asertivo.
Asimismo, la educación no formal e informal se requieren para lograr campañas masivas de
sensibilización buscando desnaturalizar la violencia intrafamiliar. Lo anterior tiene un respaldo
académico cuando desde la UNESCO (2022) se plantea que, frente a las crisis globales
contemporáneas, la pedagogía moderna exige que las escuelas y la educación por sí misma,
superen el rol tradicional de mera instrucción y se reformulen bajo enfoques de ética, ciudadanía
y cohesión social.
Por último, la actualización legislativa es necesaria para que el estado cumpla con sus
obligaciones al tipificar adecuadamente las conductas delictivas, abatir la impunidad e
incrementar los servicios de atención integral a las víctimas. Al respecto, el derecho penal
internacional estipula que los Estados no pueden combatir dinámicas criminales modernas con
códigos obsoletos; es necesaria la adecuación y modernización de las leyes penales, tipificación
clara y proporcional, es una obligación internacional vinculantes para evitar los vacíos legales y
la impunidad (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2023).
Participación comunitaria y disposición ciudadana haca la prevención
A pesar de que el marco institucional es el eje rector, la literatura científica reconoce que
la participación comunitaria es indispensable para la construcción de entornos protectores, tal es
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3220
el caso de la UNICEF (2021) que argumenta conceptualmente que los entornos seguros no se
decretan de forma vertical, son que se requiere de tejer redes comunitarias que involucren de
forma activa a familias, organizaciones civiles, líderes locales y a los propios menores para
garantizar que los entornos sean protectores y socialmente aceptados. Es así, que la vigilancia
ciudadana evita la normalización del abuso y agiliza la detección temprana de la vulneración de
los derechos humanos.
Respecto a lo anteriormente expuesto, la población encuestada considera:
a) Que la sociedad en general es apática y no participa en la prevención (59 %, n =92)
b) Que la intervención social es ambivalente (31 %, n = 49)
c) Hay participación comunitaria activa (10 %, n = 6)
Contrario a la percepción de apatía generalizada, el estudio identificó un área de
oportunidad en la voluntad individual ya que 94 % (n = 147) expresa una disposición afirmativa
para integrarse en actividades comunitarias de prevención; solamente 6 % (n= 10) se negó a esta
posibilidad de participación voluntaria.
CONCLUSIONES
El análisis de la percepción social en el presente estudio aporta elementos empíricos de alto
valor para conocer la confianza ciudadana y la legitimidad de las políticas de protección a las
infancias en el estado de Chiapas. Los hallazgos no solo muestran las discrepancias entre el diseño
legal y su ejecución práctica, sino que visibilizan de forma clara las áreas de oportunidad
institucionales que requieren intervención urgente para asegurar que las niñas, niños y
adolescentes ejerzan plenamente su derecho a una vida libre de violencia.
Las percepciones de la población estudiada con relación a la violencia infantil, deja sobre
la mesa de análisis, discusión y toma de decisiones los siguientes puntos:
a) Existe una necesidad apremiante de enriquecer los canales de transparencia y difusión
gubernamental para coadyuvar a la reducción de los índices delictivos en materia de
seguridad de la infancia.
b) Resulta urgente que el aparato estatal no solo proyecte certidumbre, cercanía y
legitimidad, sino también dote a los organismos de recursos financieros y de la
capacitación técnica especializada indispensable para el ejercicio de sus facultades.
c) La ciudadanía expresa la disposición de coadyuvar con el Estado, pero carece de
canales, plataformas e información metodológica que le indique cómo y dónde
colaborar de manera segura y eficiente.
el caso de la UNICEF (2021) que argumenta conceptualmente que los entornos seguros no se
decretan de forma vertical, son que se requiere de tejer redes comunitarias que involucren de
forma activa a familias, organizaciones civiles, líderes locales y a los propios menores para
garantizar que los entornos sean protectores y socialmente aceptados. Es así, que la vigilancia
ciudadana evita la normalización del abuso y agiliza la detección temprana de la vulneración de
los derechos humanos.
Respecto a lo anteriormente expuesto, la población encuestada considera:
a) Que la sociedad en general es apática y no participa en la prevención (59 %, n =92)
b) Que la intervención social es ambivalente (31 %, n = 49)
c) Hay participación comunitaria activa (10 %, n = 6)
Contrario a la percepción de apatía generalizada, el estudio identificó un área de
oportunidad en la voluntad individual ya que 94 % (n = 147) expresa una disposición afirmativa
para integrarse en actividades comunitarias de prevención; solamente 6 % (n= 10) se negó a esta
posibilidad de participación voluntaria.
CONCLUSIONES
El análisis de la percepción social en el presente estudio aporta elementos empíricos de alto
valor para conocer la confianza ciudadana y la legitimidad de las políticas de protección a las
infancias en el estado de Chiapas. Los hallazgos no solo muestran las discrepancias entre el diseño
legal y su ejecución práctica, sino que visibilizan de forma clara las áreas de oportunidad
institucionales que requieren intervención urgente para asegurar que las niñas, niños y
adolescentes ejerzan plenamente su derecho a una vida libre de violencia.
Las percepciones de la población estudiada con relación a la violencia infantil, deja sobre
la mesa de análisis, discusión y toma de decisiones los siguientes puntos:
a) Existe una necesidad apremiante de enriquecer los canales de transparencia y difusión
gubernamental para coadyuvar a la reducción de los índices delictivos en materia de
seguridad de la infancia.
b) Resulta urgente que el aparato estatal no solo proyecte certidumbre, cercanía y
legitimidad, sino también dote a los organismos de recursos financieros y de la
capacitación técnica especializada indispensable para el ejercicio de sus facultades.
c) La ciudadanía expresa la disposición de coadyuvar con el Estado, pero carece de
canales, plataformas e información metodológica que le indique cómo y dónde
colaborar de manera segura y eficiente.
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3221
REFERENCIAS
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.
Prentice-Hall. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4780418/
Banco Mundial. (2022). Gasto público para la eficiencia y la sostenibilidad operativa
institucional en América Latina. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report-2022
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y UNICEF México. (2021).
Medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal e infantil en México:
Diagnóstico de la infancia y adolescencia.
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Document
s/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). Guía de asistencia técnica para la
creación y fortalecimiento de entornos protectores de la infancia y la adolescencia.
Oficina de UNICEF en Cuba.
https://www.unicef.org/cuba/media/5696/file/Gu%C3%ADa%20de%20asistencia%20
t%C3%A9cnica%20para%20la%20creaci%C3%B3n%20y%20fortalecimiento%20de
%20entornos%20protectores%20de%20la%20infancia%20y%20la%20adolescencia.p
df
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025: Principales resultados. INEGI.
inegi.org.mx
Soria IR (2026). Efectos de la desinformación sobre grupos vulnerables. Estudio del derecho
argentino. Revista científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
– UNNE, 5(1): 1-19. https://doi.org/10.30972/rcd.519394
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2023). Guías legislativas y
herramientas normativas para el cumplimiento de las obligaciones estatales en la
tipificación penal. https://www.unodc.org/unodc/es/index.html
Organización Internacional del Trabajo. (2021). Desarrollo de competencias y el aprendizaje
permanente para el futuro del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo.
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/do
cuments/meetingdocument/wcms_814251.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2020). Informe sobre la situación mundial de la prevención
de la violencia contra los niños 2020. https://www.who.int/es/teams/social-
determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-
children-2020
REFERENCIAS
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior.
Prentice-Hall. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4780418/
Banco Mundial. (2022). Gasto público para la eficiencia y la sostenibilidad operativa
institucional en América Latina. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report-2022
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y UNICEF México. (2021).
Medición de la pobreza multidimensional a nivel municipal e infantil en México:
Diagnóstico de la infancia y adolescencia.
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitucionales/Document
s/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2021). Guía de asistencia técnica para la
creación y fortalecimiento de entornos protectores de la infancia y la adolescencia.
Oficina de UNICEF en Cuba.
https://www.unicef.org/cuba/media/5696/file/Gu%C3%ADa%20de%20asistencia%20
t%C3%A9cnica%20para%20la%20creaci%C3%B3n%20y%20fortalecimiento%20de
%20entornos%20protectores%20de%20la%20infancia%20y%20la%20adolescencia.p
df
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025: Principales resultados. INEGI.
inegi.org.mx
Soria IR (2026). Efectos de la desinformación sobre grupos vulnerables. Estudio del derecho
argentino. Revista científica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
– UNNE, 5(1): 1-19. https://doi.org/10.30972/rcd.519394
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2023). Guías legislativas y
herramientas normativas para el cumplimiento de las obligaciones estatales en la
tipificación penal. https://www.unodc.org/unodc/es/index.html
Organización Internacional del Trabajo. (2021). Desarrollo de competencias y el aprendizaje
permanente para el futuro del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo.
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/do
cuments/meetingdocument/wcms_814251.pdf
Organización Mundial de la Salud. (2020). Informe sobre la situación mundial de la prevención
de la violencia contra los niños 2020. https://www.who.int/es/teams/social-
determinants-of-health/violence-prevention/global-status-report-on-violence-against-
children-2020
Vol. 13/ Núm. 3 2026 pág. 3222
Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25.
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Organización de las Naciones Unidas. (2024). La seguridad de la infancia y la juventud en la red:
Desafíos globales frente a la desinformación. Organización de las Naciones Unidas.
https://www.un.org/es/global-issues/child-and-youth-safety-online
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). Estrategia de
Competencias de la OCDE 2019: Competencias para construir un futuro mejor.
Ediciones OCDE. https://www.oecd.org/es/publications/2019/05/oecd-skills-strategy-
2019_g1g9ff20.html
Red por los Derechos de la Infancia en México y Observatorio Nacional Ciudadano. (2021).
Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en
México. https://onc.org.mx/public/onc_site/uploads/doc-reclutamiento.pdf
UNICEF España. (2024). Combatir la desinformación a través de los derechos de la infancia:
Guía de buenas prácticas educativas. Comité Español de UNICEF.
https://www.unicef.es/educa/buenas-practicas/lucha-contra-la-desinformacion-
derechos-2024
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2022).
Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa
Organización de las Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25.
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
Organización de las Naciones Unidas. (2024). La seguridad de la infancia y la juventud en la red:
Desafíos globales frente a la desinformación. Organización de las Naciones Unidas.
https://www.un.org/es/global-issues/child-and-youth-safety-online
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). Estrategia de
Competencias de la OCDE 2019: Competencias para construir un futuro mejor.
Ediciones OCDE. https://www.oecd.org/es/publications/2019/05/oecd-skills-strategy-
2019_g1g9ff20.html
Red por los Derechos de la Infancia en México y Observatorio Nacional Ciudadano. (2021).
Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en
México. https://onc.org.mx/public/onc_site/uploads/doc-reclutamiento.pdf
UNICEF España. (2024). Combatir la desinformación a través de los derechos de la infancia:
Guía de buenas prácticas educativas. Comité Español de UNICEF.
https://www.unicef.es/educa/buenas-practicas/lucha-contra-la-desinformacion-
derechos-2024
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2022).
Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa