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https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2609
Optimización de la función representativa del congresista
mediante plataformas digitales de participación ciudadana
Optimizing the representative function of members of Congress through digital
platforms for citizen participation
Karim Gamal Mahuad Martens
karimmahuad@gmail.com
https://orcid.org/0009-0008-1356-6456
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ciencias Administrativas
Lima, Perú
Artículo recibido: 10 agosto 2026- Aceptado para publicación:16 septiembre 2026
Conflictos de intereses: Ninguno que declarar.
RESUMEN
Esta investigación cualitativa, de diseño fenomenológico, tuvo como objetivo evaluar cómo el
uso de plataformas digitales de participación ciudadana puede optimizar el nivel de representación
del Congresista de la República del Perú, en el marco del marketing político. El problema central
es la histórica y profunda desaprobación ciudadana al Congreso peruano, que refleja una crisis
estructural de la función de representación en el contexto de la democracia representativa. Se
realizaron 32 entrevistas en profundidad a líderes de opinión: congresistas, académicos,
politólogos, periodistas, representantes de la sociedad civil y expertos digitales. Los datos fueron
analizados mediante el análisis temático reflexivo propuesto por Braun y Clarke (2006). Los
resultados revelan dos hallazgos principales: (1) el nivel de calidad de la función representativa
congresal es percibido como críticamente deficiente debido a factores estructurales, ausencia de
reelección, desconfianza institucional y cultura de prebenda; y (2) las plataformas digitales de
participación ciudadana son percibidas como herramientas viables y pertinentes para optimizar
esa función a través de mecanismos de información, escucha, resolución y consenso, bajo una
modalidad consultiva y no vinculante. Se concluye que la tecnología digital no resuelve los
problemas estructurales de la representación, pero constituye un vehículo indispensable para
reducir la brecha entre representantes y representados, legitimar la función congresal y avanzar
hacia una democracia más participativa y deliberativa en el siglo XXI.
Palabras clave: democracia participativa, marketing político, plataformas digitales,
representación política, participación ciudadana

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ABSTRACT
This qualitative research, with a phenomenological design, aimed to evaluate how the use of
digital citizen participation platforms can optimize the level of representation of the Congressman
of the Republic of Peru, within the framework of political marketing. The central problem is the
historical and deep citizen disapproval of the Peruvian Congress, reflecting a structural crisis in
the representative function within the context of representative democracy. Thirty-two in-depth
interviews were conducted with opinion leaders: congresspeople, academics, political scientists,
journalists, civil society representatives, and digital experts. Data were analyzed using the
reflexive thematic analysis proposed by Braun y Clarke (2006). Results reveal two main findings:
(1) the quality of the congressional representative function is perceived as critically deficient due
to structural factors, absence of re-election, institutional distrust, and prebend culture; and (2)
digital citizen participation platforms are perceived as viable and pertinent tools to optimize that
function through information, listening, resolution, and consensus mechanisms, in a consultative
and non-binding modality. It is concluded that digital technology does not resolve the structural
problems of representation, but constitutes an indispensable vehicle to reduce the gap between
representatives and represented, legitimize the congressional function, and advance toward a
more participatory and deliberative democracy in the 21st century.
Keywords: participatory democracy, political marketing, digital platforms, political
representation, citizen participation
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INTRODUCCIÓN
El Perú se rige bajo el paradigma de la democracia representativa, sistema en el cual los
ciudadanos eligen a sus representantes para que defiendan sus intereses y necesidades en los
distintos poderes del Estado. El Congreso de la República constituye la institución central de ese
mandato: es la asamblea de 130 personas elegidas para representar a más de 25 millones de
electores. Sin embargo, la realidad dista significativamente del ideal.
Encuestas sistemáticas de IPSOS y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revelan que la
desaprobación ciudadana al Congreso ha oscilado entre el 70 % y el 90 % de la población en los
últimos años, situando al parlamento peruano entre los de menor credibilidad en América Latina
según el Latinobarómetro (2020). La Encuesta Nacional de Hogares del INEI registró niveles de
desconfianza del 91.2 % hacia el Congreso y del 93.4 % hacia los partidos políticos (Instituto
Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). Este fenómeno no es privativo del Perú, pero
el país encabeza los índices de rechazo institucional en la región. Esta crisis de legitimidad
institucional es parte de un deterioro más amplio de la democracia representativa en América
Latina, que Mounk (2018) caracteriza como el distanciamiento entre la dimensión liberal y la
dimensión democrática de los sistemas políticos contemporáneos, generando lo que denomina
“democracia iliberal” o “liberalismo no democrático” (p. 23).
La literatura especializada señala que esta crisis responde a una desconexión estructural
entre representantes y representados. Power (2012), en el Informe Parlamentario Mundial del
PNUD, advierte que la función de representación de los partidos políticos “es, en muchos países,
débil y tiene escaso arraigo en la sociedad” (p. 5), y que los parlamentos compiten con múltiples
alternativas de voz ciudadana. En el caso peruano, Landa (2008) identifica factores intrínsecos y
extrínsecos que explican la crisis de legitimidad congresal, mientras que Combina (2015)
documenta cómo los mecanismos oficiales de representación — semanas de representación y
oficinas descentralizadas — son sistemáticamente subutilizados. Esta situación es agravada por
la fragmentación del sistema de partidos, que Levitsky y Ziblatt (2018) advierten como uno de
los principales vectores de erosión democrática en contextos donde las instituciones
representativas pierden legitimidad ante la ciudadanía.
En este contexto, el marketing político ofrece un marco conceptual pertinente. Kotler y
Armstrong (2008) definen el marketing como “un proceso social y administrativo mediante el
cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el
intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos” (p. 5). Aplicado a la esfera
política, el congresista es el ofertante cuya propuesta de valor debe responder continuamente a
los deseos y necesidades de sus representados. Esteban y Mondéjar (2015) amplían este alcance
al señalar que el marketing político exige una comunicación permanente con los ciudadanos para
generar valor y mantener la legitimidad representativa. Esta perspectiva se complementa con el

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enfoque de Sartori (2005), quien distingue entre la dimensión formal —la representatividad
derivada del voto— y la dimensión sustantiva de la representación, que exige una respuesta
efectiva y continua a los intereses de los representados.
La transformación digital ofrece posibilidades inéditas para este desafío. Ford (2019) y
Aguirre (2016) plantean que las plataformas digitales de participación ciudadana son espacios
virtuales estructurados para el ejercicio democrático que facilitan procesos de proposición,
deliberación, consulta y votación a escala masiva. Creighton (2005) las define como “el proceso
a través del cual las preocupaciones, las necesidades y los valores públicos son incorporados en
la toma de decisiones de los gobiernos” (p. 5). Desde una perspectiva teórica de la comunicación,
Scolari (2008) señala que la digitalización desplaza el modelo clásico de comunicación de masas
—uno a muchos— hacia nuevas formas interactivas de comunicación —muchos a muchos— que
transforman la relación entre instituciones y ciudadanos. Organismos multilaterales como el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
promueven el concepto de parlamento abierto, que incluye la participación ciudadana digital
como eje de la transparencia y la rendición de cuentas (OCDE, 2006; Puente, 2021).
En el plano normativo peruano, el Decreto Legislativo N.° 1412 (Decreto Legislativo N.°
1412, 2018) estableció el marco legal del gobierno digital, mientras que el Decreto de Urgencia
N.° 006-2020 (2020) creó el Sistema Nacional de Transformación Digital, estableciendo las
condiciones institucionales para el desarrollo de plataformas de participación ciudadana en el
Estado peruano.
Sin embargo, existe una controversia relevante en el campo. Vergara (2013) y Marquina
(2023) advierten que la democracia directa digital conlleva riesgos de plebiscitarismo,
fragmentación y captura por grupos de interés particulares. Asimismo, Smith (2009) señala que
“las reformas participativas o innovaciones democráticas son instrumentos diseñados para
aumentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones políticas” (p. 22), pero
que su implementación requiere diseños institucionales cuidadosos. O'Donnell (1994) advierte,
desde su análisis de las democracias delegativas latinoamericanas, que los representantes electos
tienden a actuar como si la delegación de poder que reciben los autorizara a gobernar sin rendición
de cuentas horizontal, lo que constituye un obstáculo estructural para la participación ciudadana
efectiva. La tensión entre democracia representativa y democracia participativa no está resuelta,
y su eficacia depende de la voluntad política de los representantes y del nivel de cultura
participativa ciudadana (Casas, 2009; Sánchez, 2015).
Frente a este panorama, la presente investigación tuvo como objetivo general evaluar
cómo el uso de plataformas digitales de participación ciudadana puede optimizar el nivel de
representación del Congresista de la República del Perú, en el marco del marketing político. Los
objetivos específicos fueron: (a) evaluar la percepción de los congresistas sobre la conveniencia

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del uso de dichas plataformas; (b) explorar la percepción de expertos (politólogos, académicos y
periodistas) sobre la viabilidad de la comunicación participativa; y (c) conocer la percepción de
la sociedad civil sobre el nivel de comunicación participativa deseado.
MÉTODOS
La investigación adoptó un enfoque cualitativo con diseño fenomenológico, orientado a
explorar y comprender las vivencias y percepciones de actores relevantes sobre un fenómeno de
carácter sociopolítico complejo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Este diseño fue
seleccionado por su idoneidad para develar las creencias, significados y dimensiones subjetivas
que subyacen a la desconexión entre representantes y representados, así como para evaluar
prospectivamente el uso de herramientas digitales en la función parlamentaria.
El tipo de investigación fue básica o teórica, de carácter exploratorio, descriptivo y
explicativo, con periodo transversal. El método analítico aplicado fue el análisis temático
reflexivo propuesto por Braun y Clarke (2006), que comprende seis fases: (a) familiarización con
los datos; (b) generación de categorías o códigos iniciales; (c) búsqueda de temas; (d) revisión de
temas; (e) definición y denominación de temas; y (f) producción del informe final.
La técnica de recolección de datos fue la entrevista en profundidad. El instrumento —una
guía de entrevista semiestructurada— fue validado mediante juicio de tres expertos de reconocida
trayectoria en investigación y docencia universitaria, obteniendo un índice de validez promedio
de 0.92, calificado como de muy alta validez según los criterios de Chenet et al. (2018). La guía
organizó las preguntas en torno a dos categorías teóricas y sus subcategorías: Categoría 1, Uso de
Plataformas Digitales de Participación Ciudadana (subcategorías: Informar/Proponer,
Escuchar/Atender, Resolver/Solucionar, Acordar/Consensuar); y Categoría 2, Nivel de Calidad
de la Función de Representación del Congresista (subcategorías: Autorización, Rendición de
Cuentas, Representación Descriptiva, Representación Simbólica y Representación Sustantiva),
tomadas de Casas (2009).
La muestra fue no probabilística, intencional y estratificada por criterio de relevancia y
experiencia, alcanzando saturación teórica con 32 participantes: cuatro congresistas o
excongresistas peruanos, cuatro académicos de posgrado, cinco periodistas políticos calificados,
seis politólogos, seis representantes de la sociedad civil, cuatro representantes empresariales y
tres expertos en transformación digital. Las entrevistas se realizaron en modalidad virtual durante
el año 2023.
El procesamiento de los datos siguió un análisis inductivo-hermenéutico de las
transcripciones, identificando patrones comunes, categorías emergentes e insights transversales
entre los 32 testimonios. Se realizó triangulación de perspectivas entre perfiles de participantes.
En cuanto a los criterios éticos, se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes,

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se protegió su identidad cuando fue pertinente y se preservó la veracidad y contexto de sus
declaraciones, de conformidad con los principios éticos de la investigación científica.
RESULTADOS
Categoría 2: Nivel de calidad de la función de representación del Congresista
Los hallazgos revelan una percepción transversalmente crítica respecto a la calidad de la
función representativa congresal en el Perú. La totalidad de los entrevistados coincidió en señalar
una desconexión estructural entre los 130 congresistas y los más de 25 millones de electores. Se
identificaron cinco factores centrales.
Desproporcionalidad estructural. La relación de un congresista por cada 192,000
electores aproximados, distribuidos en 24 circunscripciones, fue señalada como inviable para una
representación efectiva. El sistema de cifra repartidora genera que solo el 40 % de los votos
emitidos tenga representación efectiva en el Congreso (Palacios, 2023). Lima, con más de ocho
millones de electores y solo 34 congresistas, fue señalada como un caso paradigmático de
subrepresentación. Altman y Pérez-Liñán (2002) han documentado que la baja proporcionalidad
entre representantes y representados es uno de los factores que reduce la calidad democrática en
los países de América Latina, y que este déficit tiene efectos directos sobre la participación
ciudadana y la legitimidad de los gobiernos.
Ausencia de reelección inmediata. Múltiples entrevistados —politólogos, periodistas y
académicos— coincidieron en que sin el incentivo de la reelección el congresista opera sin
horizonte de largo plazo, prioriza beneficios personales y elude la rendición de cuentas. Como
señaló una de las entrevistadas: “un cheque de cinco años sin reelección no tiene ningún incentivo
para generar una relación” (R. M. Palacios, comunicación personal, 2023). Barreda (2011), en su
análisis comparado de 18 democracias latinoamericanas, identifica que la rendición de cuentas y
la participación ciudadana son dimensiones fundamentales de la calidad democrática, ambas
directamente afectadas por la ausencia de mecanismos de incentivo como la reelección.
Confusión de roles y ausencia de protocolos representativos. Varios legisladores y
exlegisladores reconocieron que muchos congresistas desconocen su función o la confunden con
la gestión ejecutiva —obras públicas, trámites—, generando expectativas ciudadanas incorrectas.
La inexistencia de protocolos o indicadores de gestión representativa fue identificada como una
debilidad institucional grave, consistente con lo documentado por Combina (2015). El propio
Congreso de la República del Perú (2011), en su Guía de Gestión de la Representación Política,
reconoce que “en la cultura institucional del Congreso suele operar la representatividad, que es
natural y automática a la elección”, distinguiéndola de la representación activa como proceso
continuo. (p. 11).
Deterioro de la representación simbólica. Las emociones predominantes en la relación
ciudadano-Congreso son negativas: rechazo, desaprobación y hartazgo. Las encuestas del IPSOS

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(2023) y el IEP (2023) citadas por los entrevistados confirman este dato. La representación
simbólica —basada en la identificación emocional entre representante y representado (Casas,
2009)— opera en sentido inverso: la ciudadanía no se identifica con sus congresistas como
defensores de sus intereses. Cairo (2002) señala que la democracia digital puede contribuir a
revertir esta desconexión emocional al crear espacios de interacción genuina que devuelven al
ciudadano una sensación de agencia y escucha en el proceso político.
Precariedad del sistema de partidos políticos. Los partidos peruanos fueron descritos
como organizaciones sin democracia interna, controladas por caudillos o grupos de interés,
carentes de formación política y sin mecanismos de filtro para sus candidatos. Esta precariedad
debilita el vínculo representativo desde el origen del proceso electoral, tal como documentan
Levitsky y Zavaleta (2019). Avritzer (2010), estudiando el caso brasileño, muestra que la
debilidad de los partidos puede ser parcialmente compensada por el desarrollo de instituciones
participativas que permitan a los ciudadanos incidir directamente en las decisiones públicas,
abriendo una alternativa relevante para el contexto peruano.
Categoría 1: Uso de plataformas digitales de participación ciudadana
Respecto al potencial de las plataformas digitales de participación ciudadana, los
hallazgos muestran un reconocimiento mayoritario de su pertinencia y viabilidad, con
condicionantes específicos en cada subcategoría.
Subcategoría Informar/Proponer. La mayoría de los entrevistados reconoció el
potencial de las plataformas digitales para informar a los ciudadanos sobre la gestión congresal y
permitirles proponer iniciativas. La condición necesaria identificada es el desarrollo de educación
cívica que posibilite una participación propositiva, no solo reactiva o de protesta. García (2016)
documenta que las plataformas digitales de participación generan nuevos espacios de
representación discursiva que pueden complementar los mecanismos tradicionales de
representación política, siempre que se articulen con voluntad institucional y diseño adecuado.
Subcategoría Escuchar/Atender. El interés de los congresistas en usar estas plataformas
para escuchar a la ciudadanía resultó condicional a la voluntad individual de cada representante.
La ausencia de reelección reduce la motivación para mantener vínculos activos con los
representados. Sin embargo, varios entrevistados señalaron que algunos legisladores ya utilizan
redes sociales con ese propósito, sugiriendo un camino gradual. Aguado (2004) aporta que el
modelo funcionalista de la comunicación, basado en el análisis de efectos y retroalimentación
entre emisores y receptores, proporciona el marco teórico apropiado para entender la
potencialidad de estas plataformas como sistemas de escucha organizada y bidireccional entre
congresistas y ciudadanos.
Subcategoría Resolver/Solucionar. Las plataformas digitales fueron valoradas como
instrumentos para la cocreación de soluciones a problemas concretos, particularmente en el
ámbito de las comisiones legislativas y en el marco de la semana de representación. Se destacó

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su carácter bidireccional: permiten no solo recibir demandas sino también deliberar y construir
propuestas colectivas (Creighton, 2005). La Ley N.° 26300 (Congreso Constituyente
Democrático, 1994) ya estableció mecanismos de democracia directa —iniciativa legislativa,
referéndum, demanda de rendición de cuentas— cuya aplicación a través de plataformas digitales
representa una evolución natural de esos derechos ciudadanos.
Subcategoría Acordar/Consensuar. Existe consenso entre los entrevistados en que las
plataformas pueden reducir la polarización y facilitar la construcción de acuerdos cuando están
diseñadas para la deliberación organizada, con reglas de participación claras. Se advirtió el riesgo
de replicar la dinámica fragmentadora de las redes sociales si no se establecen mecanismos de
moderación y representatividad. Marshall (2017) argumenta que los modelos de democracia
deliberativa y de impugnación pueden conceder un rol importante a los mecanismos de
participación como las plataformas digitales, en tanto estas generen información de calidad para
que los representantes tomen decisiones más legítimas y respaldadas.
Un hallazgo transversal a ambas categorías es que las plataformas digitales de
participación ciudadana deben tener carácter consultivo y no vinculante, en coherencia con el
modelo de democracia representativa y el mandato no imperativo establecido en el artículo 93 de
la Constitución Política del Perú (Congreso Constituyente Democrático [CCD], 1993). Su función
óptima sería enriquecer la información y legitimidad de las decisiones del congresista, no sustituir
su criterio legislativo.
El análisis temático reflexivo permitió identificar ocho subcategorías emergentes
comunes a ambas categorías: (a) educación e información ciudadana; (b) participación ciudadana
proactiva; (c) rendición de cuentas y transparencia; (d) diversidad y representación; (e) reforma
política y desafíos estructurales; (f) desconexión entre representantes y representados; (g) reforma
del sistema político; y (h) tecnología y democracia digital. Estas categorías son coherentes con
los hallazgos de Craig (1999), quien sostiene que toda teoría de la comunicación implica una
concepción práctica de la interacción humana; en este caso, las subcategorías emergentes reflejan
las tensiones y posibilidades de la interacción entre representantes políticos y ciudadanos en el
entorno digital.
DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación se articulan con la literatura especializada de
múltiples maneras. En primer lugar, confirman el diagnóstico de Power (2012) sobre la debilidad
estructural de la función representativa parlamentaria en el contexto global, y lo especifican en el
caso peruano con evidencia cualitativa de primera fuente. La desconexión identificada no es
coyuntural sino sistémica, y encuentra sus raíces en el diseño institucional del Congreso
unicameral, la ausencia de reelección inmediata y la precariedad del sistema de partidos.

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La aplicación del marco del marketing político (Kotler y Armstrong, 2008; Esteban y
Mondéjar, 2015) resultó pertinente para comprender la naturaleza del problema: la relación
representante-representado constituye un intercambio de valor que requiere retroalimentación
continua, no solo una transacción electoral puntual. Este hallazgo amplía el alcance habitual del
marketing político, que suele reducirse al período de campaña, y propone extenderlo hacia una
lógica permanente de gestión de relaciones con el ciudadano.
En relación con la democracia digital, los resultados coinciden con Ford (2019) y Aguirre
(2016) en reconocer el potencial transformador de las plataformas digitales, pero también con las
advertencias de Vergara (2013) sobre los límites de la democracia directa. La síntesis que emerge
de los datos es que las plataformas digitales son herramientas de la democracia participativa al
servicio de la democracia representativa, no su sustituto. Este hallazgo es coherente con los
componentes de la democracia ideal propuestos por Dahl (2002): participación efectiva,
electorado informado e inclusión.
La investigación de Casas (2009) sobre representación política y participación ciudadana
en democracias latinoamericanas es especialmente confirmada por los resultados. Los factores
que dicho autor identifica como desincentivadores de la participación —abstención electoral,
desconfianza institucional, corrupción, impunidad y “reticencia de la propia representación
política ante la posibilidad de ver mermadas sus atribuciones” (p. 60)— están presentes con gran
intensidad en los testimonios recabados.
Los resultados matizan el planteamiento de Monsiváis (2013), quien argumenta que
representación y democracia no constituyen principios en conflicto. A nivel teórico esta posición
es sostenible; sin embargo, los datos de campo muestran que, en el contexto peruano, los actores
políticos y sociales perciben una tensión real entre las lógicas representativa y participativa que
no ha sido aún resuelta institucionalmente. Cáceres et al. (2016) ofrecen un marco
complementario: su hallazgo de que la ciudadanía confía más en la acción colectiva horizontal
que en la interacción con instituciones es coherente con la percepción mayoritaria de que el
Congreso no escucha ni atiende a sus representados.
Esta investigación presenta limitaciones inherentes a su carácter cualitativo. Los
resultados no son generalizables estadísticamente a toda la población peruana, sino que ofrecen
una comprensión en profundidad de las percepciones de líderes de opinión. La muestra no incluye
ciudadanos de sectores con menor acceso digital ni de regiones rurales de alta dispersión, lo cual
introduce un sesgo que debe considerarse en la interpretación. Adicionalmente, la temporalidad
del estudio —año 2023, de alta conflictividad institucional en el Perú— puede haber acentuado
las valoraciones críticas. Estudios longitudinales y comparativos con otros parlamentos
latinoamericanos podrían enriquecer y matizar estas conclusiones.
El aporte principal de esta investigación al acervo científico es la demostración empírica
de que la articulación entre marketing político y democracia digital constituye una agenda de

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investigación con alta relevancia práctica para el fortalecimiento de la democracia representativa
en contextos de baja institucionalidad. Adicionalmente, ofrece un modelo analítico de doble
categoría —calidad de la representación y uso de plataformas digitales— replicable en estudios
comparativos con otros parlamentos de la región.
CONCLUSIONES
El uso de plataformas digitales de participación ciudadana puede optimizar la función de
representación del Congresista de la República del Perú al facilitar mecanismos de información,
escucha, resolución de problemas y construcción de consensos entre representantes y
representados. No obstante, su efectividad está condicionada a la voluntad política de los
congresistas, al desarrollo de cultura cívica participativa, a la calidad del diseño tecnológico y a
reformas estructurales del sistema político que incentiven una representación orientada al largo
plazo.
La calidad de la función representativa congresal en el Perú es percibida como
críticamente deficiente por un amplio espectro de líderes de opinión. Los factores que explican
esta crisis son múltiples y sistémicos: la desproporcionalidad entre representantes y electores, la
ausencia de reelección como incentivo, la confusión de roles, la precariedad del sistema de
partidos, la cultura de la prebenda y la corrupción institucionalizada.
Las plataformas digitales de participación ciudadana no constituyen la solución a la crisis
estructural de la representación política, pero son un instrumento indispensable para reducir la
brecha entre representantes y representados, legitimar la función congresal mediante la
transparencia y la rendición de cuentas, y contribuir a la construcción de una democracia digital
más participativa y deliberativa.
La transformación digital ha acelerado su paso de forma irreversible a partir de la
pandemia de COVID-19. Las nuevas generaciones de ciudadanos nativos digitales demandan
formas de interacción política más directas, dinámicas y continuas. El Congreso tiene una
oportunidad histórica de reinventarse a través de estas herramientas, pero requiere voluntad
política, liderazgo innovador y un proceso gradual de aprendizaje institucional.
Para futuras investigaciones se recomienda: (a) desarrollar estudios cuantitativos que
midan el impacto de plataformas específicas de participación ciudadana sobre los indicadores de
aprobación congresal; (b) comparar la experiencia peruana con parlamentos de la región que han
implementado mecanismos de democracia digital, como Redpública.pe (PNUD Perú) o el
proyecto Democracia 4.0 en Cajamarca; (c) indagar en el rol de las comisiones legislativas como
espacio privilegiado para implementar plataformas digitales de consulta ciudadana; y (d) explorar
el papel de la brecha digital y la diversidad lingüística como barreras para la participación
ciudadana en contextos rurales e indígenas del Perú.

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