Fiscalización de la actividad procesal, el debido proceso y la garantía de la motivación

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el alcance y contenido de las garantías del debido proceso y de la motivación de las decisiones judiciales a partir del estudio de la Sentencia No. 4-19-EP/21 (caso garantía al debido proceso) y de la Sentencia No. 1158-17-EP (caso garantía de la motivación), emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador. El estudio buscó identificar los estándares constitucionales desarrollados por este órgano jurisdiccional y su incidencia en la protección efectiva de los derechos fundamentales dentro de la administración de justicia. La metodología empleada fue de carácter cualitativo, con enfoque jurídico-doctrinal y análisis jurisprudencial. Se utilizó el método analítico–descriptivo mediante la revisión documental de ambas sentencias, considerando sus antecedentes, problemas jurídicos, fundamentos constitucionales, criterios interpretativos y efectos vinculantes. Asimismo, se realizó una comparación de los estándares establecidos en cada decisión para determinar puntos de convergencia y diferenciación en torno a las garantías procesales. Entre los principales hallazgos se evidenció que la garantía del debido proceso constituye un mecanismo esencial para asegurar decisiones judiciales legítimas y respetuosas de los derechos constitucionales, mientras que la motivación se consolida como una exigencia sustancial que obliga a las autoridades a justificar de manera clara, suficiente y coherente sus resoluciones. El análisis permitió identificar que la Corte fortalece una visión material del control constitucional, orientada no solo al cumplimiento formal de procedimientos, sino también a la protección efectiva de los derechos de las personas. Es decir, el derecho procesal no solo el cumplimiento de procedimientos, si no que cumplan con el objetivo de garantizar derechos.  Se concluye que ambas sentencias representan precedentes relevantes para el sistema jurídico ecuatoriano, al consolidar criterios que refuerzan la transparencia, racionalidad y legitimidad de las decisiones judiciales, contribuyendo al fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia