La coercibilidad del juzgado para hacer efectivo el cobro de pensiones alimenticias: análisis jurídico de los mecanismos de ejecución y garantía del derecho alimentario

Resumen

La presente investigación analiza la responsabilidad jurídica y ética de los funcionarios públicos de alto nivel en México frente al incumplimiento de obligaciones alimentarias, abordando sus implicaciones constitucionales, institucionales y sociales. El estudio parte de la premisa de que los servidores públicos deben actuar conforme a principios de legalidad, honradez, responsabilidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su conducta personal. En este sentido, el incumplimiento de obligaciones alimentarias no solo constituye una falta de carácter civil o familiar, sino también una conducta que afecta la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo y documental, basado en el análisis de legislación mexicana, doctrina jurídica, criterios jurisprudenciales y reformas recientes relacionadas con el derecho alimentario y la ética pública. Asimismo, se examinaron mecanismos institucionales como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y las restricciones para ocupar cargos públicos por parte de deudores alimentarios morosos. Los resultados evidencian una creciente exigencia social orientada a fortalecer la congruencia entre conducta personal y función pública. Finalmente, se concluye que el fortalecimiento de mecanismos jurídicos, administrativos y éticos resulta indispensable para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos y consolidar la confianza ciudadana en el servicio público mexicano. Además, el estudio identifica vacíos normativos relacionados con la aplicación de sanciones, la coordinación entre instituciones y el acceso a la justicia para las personas beneficiarias de alimentos, mujeres, niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social.