Adolescentes víctimas de la delincuencia organizada en México: violaciones a sus derechos humanos y responsabilidad del Estado
DOI:
https://doi.org/10.69639/arandu.v13i3.2575Palabras clave:
adolescentes, delincuencia organizada, reclutamiento, derechos humanos, responsabilidad del estadoResumen
El presente artículo analiza la situación de las niñas, niños y adolescentes que son captados, reclutados o utilizados por grupos de delincuencia organizada en México, desde una perspectiva de derechos humanos y responsabilidad estatal. La investigación parte del reconocimiento de que la participación de personas menores de edad en estructuras criminales no puede ser examinada exclusivamente desde la perspectiva de la infracción a la ley penal, sino también como un fenómeno asociado con condiciones de vulnerabilidad, violencia, explotación, coacción y ausencia o insuficiencia de mecanismos de protección. Mediante un enfoque cualitativo, documental y dogmático-jurídico, complementado con un análisis sociojurídico y criminológico, se examina el marco internacional y nacional aplicable, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Los resultados permiten identificar diversas formas de afectación a derechos como la vida, integridad personal, educación, salud, desarrollo integral y protección contra la explotación y la violencia. Asimismo, se analiza el deber estatal de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, así como la necesidad de fortalecer mecanismos especializados de prevención, identificación, protección, desvinculación y reintegración. Se concluye que la respuesta institucional debe adoptar un enfoque de protección integral que reconozca las condiciones particulares de vulnerabilidad de las personas menores de edad y evite su criminalización automática cuando existan elementos que indiquen coacción, engaño, explotación o utilización por estructuras criminales.
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